En el contexto del debate abierto en la Región de Murcia sobre las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia y la falta de control administrativo en incluso económico en la gestión de determinados cementerios parroquiales, el caso del Cementerio Parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Almendricos (Lorca), dependiente de la Diócesis de Cartagena, ha puesto el foco en posibles irregularidades económicas y administrativas. Diversas denuncias presentadas desde enero de 2025 ante organismos públicos han motivado la apertura de actuaciones que apuntan a un modelo de gestión opaco y escasamente fiscalizado.
De dicho Cementerio consta de la constitución este, tras la cesión de los vecinos de los terrenos a la localidad en la primera década del siglo XX existiendo registros en el propio Ayuntamiento de Lorca.
Según información y según consta por declaración de vecinos de la localidad de la documentación aportada se deduce un sistema prolongado durante años basado en cobros en efectivo sin facturación, ausencia de contabilidad verificable y registros manuales inconsistentes, generando dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones legales.
Uno de los elementos clave del caso es la creación de una Junta Gestora cuya publicación efectiva se produjo en abril de 2025, pero que sorpresivamente aparece fechada retrotraída como una publicación web con fecha del 3 de enero —“casualmente” un día antes de las diversas denuncias—, a su vez incluso consta información de que se han efectuados los nombramientos de dicha Junta Gestora a noviembre de 2024 sin que hubiera habido constancia de la existencia de la misma hasta los hechos puestos en conocimiento y tampoco en las últimas décadas precedentes.
Esta secuencia temporal ha sido señalada como un posible intento de dotar de apariencia formal a una estructura creada con posterioridad a los hechos denunciados en un intento de opacar los hechos previos y dotar de supuesta estructura documental y jurídica del sistema.
Asimismo, se han identificado indicios de cesiones de parcelas funerarias a personas vinculadas con la supuesta Junta Gestora recién creada, algunos de ellos con cargo público en fecha previas a la misma, de ello queda claro que tampoco existe soporte documental ni regularización fiscal, quedando por ello constancia de que algunas de estas personas vinculadas han integrado con posterioridad dicha Junta creada ex post; incluyendo a personas que venían desempeñando funciones públicas en el momento de la atribución.
El caso incluye además la denuncia por la filtración de la identidad del informante a través del canal interno del Obispado sin que hubiera mediado respuesta de este ni medidas destinadas a su investigación. Hechos que derivaron en los correspondientes expedientes derivados a la Agencia Española de Protección de Datos.
Los hechos, los cuales son vox populi en la localidad, consta que han sido puestos en conocimiento de distintas administraciones públicas, existiendo una pauta constante de inhibición y ausencia de control por los distintos organismos públicos en connivencia de amparar al Obispado; hechos de constante de interés en su investigación a pesar de que, de confirmarse, estos hechos podrían derivarse responsabilidades en el ámbito tributario, administrativo e incluso penal.
