La presión vecinal y la mediación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han conseguido frenar esta mañana el desahucio de Inna y su hijo de ocho años, previsto para las 10:00 horas en la vivienda situada en la calle Goya, de la pedanía murciana de El puntal. El lanzamiento ha sido finalmente aplazado hasta el próximo 3 de junio a las 12:00 horas.
El margen logrado —apenas un mes— dista mucho de la solución que reclamaba la familia. Inna había solicitado poder permanecer en la vivienda hasta que su hijo terminara el curso escolar a finales de junio, una petición básica de estabilidad para el menor que ha sido rechazada.
La vivienda en la que reside Inna pertenecía originalmente a CaixaBank, entidad que acabó vendiéndola a un fondo de inversión. Este traspaso, denuncian desde la PAH, forma parte de una dinámica estructural en la que activos inmobiliarios procedentes de la banca terminan en manos de fondos que priorizan la rentabilidad sobre el derecho a la vivienda.
El resultado es un modelo que expulsa a familias en situación de vulnerabilidad, sin ofrecer alternativas ni canales de negociación efectivos.
El caso de Inna revela, además, una situación de clara desigualdad de género. Tras su divorcio, el contrato de alquiler quedó a nombre de su exmarido, quien ha incumplido el pago de la pensión. A pesar de ser ella quien reside en la vivienda con el menor, el fondo propietario se ha negado reiteradamente a facilitarle información o interlocución.
Desde la PAH denuncian una doble vara de medir: mientras el procedimiento por impago de pensión permanece bloqueado, el proceso de desahucio avanza con rapidez, dejando a la afectada en una situación de indefensión absoluta.
Paco Morote, portavoz del colectivo, subraya que este caso “pone de manifiesto tanto el machismo estructural como la avaricia desmedida de los fondos”, evidenciando cómo las instituciones permiten que la vivienda funcione como un negocio antes que como un derecho.
El aplazamiento conseguido supone un alivio momentáneo, pero no resuelve el problema de fondo. La negativa a permitir que el menor termine el curso escolar en su entorno habitual agrava el impacto social y emocional del proceso.
Desde el movimiento por la vivienda se insiste en que el objetivo inmediato será revertir la situación antes del 3 de junio, intentando ampliar el plazo y garantizar una solución habitacional digna.
Morote advierte que este pequeño margen “no es más que una tregua” y que la batalla continuará en las próximas semanas, con nuevas acciones y movilizaciones. En este sentido, ha señalado que el caso de Inna no es una excepción, sino un ejemplo más de una crisis habitacional sostenida por la especulación inmobiliaria.
Desde la PAH exigen medidas urgentes: reformas fiscales que penalicen la acumulación especulativa de vivienda, limitaciones a la compra por parte de fondos de inversión y políticas públicas que garanticen el acceso real a un hogar.
“Mientras la vivienda siga siendo un negocio, jamás podrá ser un derecho”, insisten desde el colectivo, que llama a la movilización de cara a la próxima fecha de desahucio.
