La Región de Murcia volvió a echarse a la calle este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, con movilizaciones en Murcia y Cartagena bajo el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”. Una consigna que no se quedó en lo simbólico: fue un grito directo contra la precariedad, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
A la convocatoria de los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y USO se sumaron colectivos sociales y formaciones políticas como IU, Movimiento Sumar y Podemos, configurando una movilización amplia que puso en el centro la defensa de los derechos laborales, la subida de salarios, el acceso a la vivienda y el rechazo frontal a los discursos de odio.
En Murcia, la marcha arrancó pasadas las 11.00 horas desde la plaza de la Fuensanta, recorrió la Gran Vía y el Plano de San Francisco, y concluyó en los Jardines del Malecón, en un ambiente reivindicativo y sostenido.
La secretaria general de CCOO en la Región, Teresa Fuentes, situó la movilización en un contexto “marcado por la guerra, los bajos salarios, el difícil acceso a la vivienda y el auge de las políticas de ultraderecha”. En la misma línea, la secretaria general de UGT, Paqui Sánchez, reivindicó el papel constitucional de los sindicatos como herramienta clave de defensa de los derechos laborales.
Desde USO, su secretaria general, Julia Martínez, lanzó una advertencia clara: los buenos datos macroeconómicos que exhiben las administraciones “no siempre se reflejan en la vida cotidiana de los trabajadores”, evidenciando una brecha cada vez más profunda entre discurso institucional y realidad social.
Las fuerzas políticas también tomaron la palabra. Penélope Luna, de IU-Verdes, defendió que “el derecho que más urge hoy es el derecho a vivir en paz”, entendida no solo como ausencia de guerra, sino como garantía de vivienda, empleo digno y servicios públicos fuertes. Desde Podemos, Javier Sánchez Serna fue directo: “El peligro no son los inmigrantes, sino quienes vienen a quitarnos derechos y a encarecer la vida”. Una lectura de clase que reivindicó el Primero de Mayo como espacio de confrontación con los privilegios económicos.
Por su parte, Lorena Lorca, de Movimiento Sumar, insistió en la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda, “No podemos estar del lado de los rentistas, sino del lado de los trabajadores y trabajadoras”.
A estas voces se sumaron las de los colectivos sociales. El sacerdote Joaquín Sánchez alertó sobre la creciente realidad de los trabajadores pobres y llamó a reforzar la movilización y la conciencia social ante una precariedad que ya no es marginal, sino estructural.
En paralelo, el bloque crítico del sindicalismo, encabezado por la organización anarcosindicalista CGT junto a CNT-AIT y colectivos como el sindicato de vivienda o el Colectivo de Apoyo a las Trabajadoras Sexuales (CATS), protagonizó su propia columna. Al llegar al Puente Viejo, desviaron la marcha hacia la tradicional anarcofiesta de CGT, donde la protesta se mezcló con la cultura popular, la autogestión y el encuentro colectivo.
Durante la jornada, José Antonio Caravaca de CGT, centró su discurso en denunciar la relación entre precariedad laboral, migración y el actual modelo económico. Según explicó, las condiciones más duras del mercado de trabajo recaen de forma sistemática sobre las personas migrantes, una realidad que, subrayó, el anarcosindicalismo nunca ha aceptado ni considerado inevitable.
En este sentido, hizo un llamamiento a reforzar un modelo sindical combativo y honesto que logre implantarse en todos los centros de trabajo de la Región de Murcia, con capacidad —afirmó— para confrontar tanto a los departamentos de recursos humanos como a los comités de empresa.
Caravaca también advirtió del aumento del racismo en la sociedad, que interpretó como una estrategia deliberada para desviar la atención de las consecuencias del expolio económico global. Así, denunció que las multinacionales occidentales continúan extrayendo riquezas y materias primas de terceros países, generando situaciones de extrema precariedad que obligan a miles de personas a migrar.
De este modo, añadió, se produce una dinámica perversa en la que “se exporta saqueo y se importa precariedad”, mientras que, al mismo tiempo, se responsabiliza a las personas migrantes de problemas que tienen su origen en ese mismo sistema. En paralelo, criticó la progresiva privatización de los servicios públicos y la mercantilización de derechos básicos, lo que, a su juicio, se traduce en listas de espera en la sanidad, aulas masificadas y crecientes dificultades para acceder a una vivienda digna.
Finalmente, instó a identificar con claridad las responsabilidades y a responder colectivamente “al racismo, al fascismo y a sus guerras”, cerrando su intervención con un llamamiento a mantener la lucha social.
