En la Región de Murcia fallecieron un total de 37 trabajadores/as en accidente laboral en 2025, 16 más que en el mismo periodo del año anterior, 28 durante la jornada laboral y 9 in itínere.
Jornadas agotadoras y ritmos frenéticos, sumada a la precariedad y la amenaza del desempleo, se han convertido en herramientas que destruyen a personas trabajadoras y familias. Es un sistema que protege los “beneficios económicos” de la patronal por encima de la vida de la integridad física y psicológica de la clase trabajadora.
La Región lidera el absentismo laboral en España con un 9,2% en el tercer trimestre de 2025, dos puntos más que hace un año y las bajas laborales por salud mental se disparan un 79% en cinco años.
Desde el sindicato CGT no cabe duda que los datos muestran que el supuesto incremento de las bajas se debe fundamentalmente a trastornos mentales comunes (ansiedad, depresión, trastorno adaptativo…), y lesiones músculo-esqueléticas atribuibles en gran medida a una organización del trabajo tóxica en la que prima por encima de todo, la productividad, lo cual implica ritmos de trabajo inapropiados y de alto riesgo para la seguridad y salud ya sea por movimientos repetitivos o posturas forzadas.
Por todo ello, la identificación, la prevención de los riesgos y sus medidas preventivas son fundamentales para minimizar o eliminar riesgos.
Para los empresarios por encima de todo prima la productividad, lo que implica altos ritmos de trabajo sin contemplar los efectos para la salud y seguridad. A estos lo único que les preocupa es que se tomen medidas que vayan ligadas a agilizar la recuperación de los/as trabajadores/as, en ningún momento hacen referencia que hay que combatir el absentismo con medidas preventivas.
Por otro lado, las Mutuas cuya financiación depende de las cotizaciones de las empresas tienen como objetivo minimizar el gasto en prestaciones y derivan de manera sistemática al Sistema Público de Salud. La derivación de incapacidades de origen laboral al sistema público sanitario conlleva que las listas de espera se incrementen.
Quien puede creerse que un/a trabajador/a vaya a la Mutua con alguna lesión reconocida en el listado de enfermedades profesionales (grupo 2) ya sea por agentes físicos o movimientos repetitivos como podrían ser Tendinitis (manguito de los rotadores), bursitis, Epicondilitis y epitrocleitis en codos, Síndrome del túnel carpiano, tenosinovitis, Lumbalgias, dorsalgias, cervicobraquialgias, síndrome cervical por tensión, Bursitis prerrotuliana (rodilla), etc. etc., y la mutua no actué en consecuencia.
A CGT no le cabe duda que de llevarlo a cabo quedaría en evidencia que el ritmo productivo es dañino para los/as trabajadores/as y se vería obligada a evaluar la necesidad de mejoras preventivas. En el caso de detectar un daño o lesión asociada a una enfermedad profesional, la mutua debería investigar los casos para confirmar el origen y gestionar la baja. Por otro lado, la mutua debería notificar el parte de enfermedad profesional al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Para más INRI siendo ellos y los empresarios los causantes, las mutuas culpa a las listas de espera y a los retrasos en las citas con los especialistas, junto con la carga asistencial en la comunidad autónoma, de la mayor duración de las bajas laborales de los procesos de incapacidad temporal, que se traducen en un mayor gasto en prestaciones.
Esta manera de proceder no solo repercute sobre la salud y la seguridad de los/as trabajadores/as, también sobre el sistema público de la salud y las arcas públicas gastan un dinero que no les corresponde.
Lo más preocupante para el sindicato CGT es que todo ello se podría reconducir si por parte la Administración se pusieran todos los medios necesarios, nos encontramos con saturación en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con plazos sobre las denuncias planteadas que hace que las situaciones preventivas denunciadas se agraven y requerimientos formales que se quedan en nada. Tampoco favorece la falta de coordinación entre las instituciones preventivas.
A CGT y a los/as trabajadores/as siempre nos quedó la esperanza de que el Sistema Nacional de Salud actuara tal y como recoge el R.D. 1299/2006 en su artículo 5 (Comunicación de enfermedades que podrían ser calificadas como profesionales). Literalmente:
Cuando los facultativos del Sistema Nacional de Salud, con ocasión de sus actuaciones profesionales, tuvieran conocimiento de la existencia de una enfermedad de las incluidas en el anexo 2 que podría ser calificada como profesional, y cuyo origen profesional se sospecha, lo comunicarán a los oportunos efectos, a través del organismo competente……
Nos van a decir los doctores/as del Sistema Nacional de Salud de que no hay casos en sus visitas asociados e incluidos el anexo 2, no es creíble en absoluto.
Ellos deberían reconducir este despropósito intencionado por parte de las empresas, mutuas y Servicios de Prevención.
La pregunta es sencilla ¿por qué no inicia el procedimiento de sospecha tal y como recoge ese artículo 5?
Al omitir esa obligación, no solo sigue permitiendo que se agrave la lesión. La Sanidad Pública finalmente carga con pacientes que debería asumir la Mutua-Empresa, y resintiéndose notablemente el sistema público de salud.
Como no se van a disparar las bajas laborales por salud mental con tanta injusticia, los empresarios y mutuas actúan con una intención clara, no reconocer accidentes laborales o enfermedades profesionales para poder seguir exprimiendo sin medida a la clase trabajadora. Pero y la otra parte, principalmente el sistema público de salud, porque no actúa como corresponde, ya no solo para proteger la vida, la salud y seguridad de las personas, las arcas públicas hacen un gasto que no les corresponde.
