La Confederación General del Trabajo (CGT) de la Región de Murcia se ha concentrado este mediodía frente a la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, para denunciar lo que consideran un abandono institucional hacia la clase trabajadora y exigir un cambio urgente en el modelo de gestión de las contingencias laborales.
La protesta, bajo el lema “No a las mutuas: salud, sindical, social”, ha servido también para visibilizar la falta de interlocución con el organismo público. Según el sindicato, han solicitado reunirse en más de cinco ocasiones con el director provincial del INSS sin obtener respuesta.
Desde CGT sostienen que el actual sistema, basado en la intervención de mutuas colaboradoras —entidades privadas financiadas por cotizaciones empresariales—, genera un evidente conflicto de intereses. “Se ha puesto al zorro a cuidar de las gallinas”, denuncian, al considerar que estas entidades deciden sobre bajas, enfermedades profesionales y prestaciones con criterios económicos que perjudican a las personas trabajadoras.
Las anarcosindicalistas recuerdan que la legislación contempla la gestión pública directa de estas competencias, como ya ocurre en otros ámbitos a través de organismos como las mutualidades de funcionarios o el Instituto Social de la Marina. Por ello, plantean extender este modelo al conjunto de la clase trabajadora para garantizar una Seguridad Social “realmente pública y realmente social”.
En este contexto, CGT alerta de que la Región de Murcia lidera el absentismo laboral en España, con un 9,2% en el tercer trimestre de 2025, y denuncia el fuerte incremento de las bajas por salud mental, que han crecido un 79% en los últimos cinco años. A su juicio, estos datos reflejan un deterioro estructural de las condiciones laborales, marcado por la precariedad, los ritmos intensivos de trabajo y la falta de prevención.
Durante la concentración, el secretario general de CGT en la región, Julián Cuevas López, ha denunciado ante los medios un escenario que ha calificado como “un entramado tóxico, dañino y mortal”, recordando que en 2025 fallecieron 37 personas trabajadoras en accidentes laborales en Murcia, 16 más que el año anterior.
Cuevas ha señalado que “las jornadas agotadoras, los ritmos de trabajo frenéticos y la precariedad se han convertido en herramientas que destruyen a personas trabajadoras y familias”, y ha acusado directamente al modelo actual de “proteger los beneficios económicos de la patronal por encima de la vida y la salud”.
En sus declaraciones, también ha criticado el papel de las mutuas, afirmando que “minimizan el reconocimiento de enfermedades profesionales y derivan sistemáticamente al sistema público de salud, saturándolo y trasladando un coste que no le corresponde”. Asimismo, ha cuestionado la falta de actuación de las instituciones públicas: “si no se aplican los mecanismos legales para detectar enfermedades profesionales, se está permitiendo que este problema se cronifique y se agrave”.
El sindicato denuncia que las mutuas, al depender económicamente de las empresas, tienden a minimizar el reconocimiento de enfermedades profesionales y a derivar los casos al sistema público de salud, lo que contribuye a saturar la sanidad pública y a incrementar las listas de espera. Esta práctica, afirman, traslada costes al sistema público que deberían asumir las empresas y sus entidades colaboradoras.
Asimismo, critican que las políticas actuales se centren en controlar a las personas trabajadoras —especialmente a quienes acumulan bajas— en lugar de actuar sobre las causas estructurales del problema. “No somos números, no somos euros”, han reivindicado durante la protesta.
En este sentido, el sindicato ha exigido la apertura inmediata de un canal de diálogo con el INSS en Murcia, el refuerzo de la prevención de riesgos laborales frente a las políticas de control, la recuperación de la gestión pública de las contingencias laborales, una mayor coordinación institucional junto con más recursos para la Inspección de Trabajo y el cumplimiento efectivo de la normativa que obliga a detectar y comunicar las enfermedades profesionales desde el sistema público de salud.
“La salud y la seguridad no pueden ser un negocio”, concluyen desde el sindicato, que advierte de que continuará movilizándose hasta que se revierta un modelo que, aseguran, “pone en riesgo la vida y la dignidad de la clase trabajadora”.
