Un grupo de activistas ha irrumpido en la madrugada de este viernes en una planta de fabricación de drones en Leicester (Reino Unido), propiedad de la empresa armamentística israelí Elbit Systems, en una acción directa que busca interrumpir la producción de tecnología militar utilizada —según denuncian— en la ofensiva sionista sobre Gaza.
La acción, reivindicada por la campaña «People Against Genocide», se produjo tras acceder al tejado de la instalación y descolgarse en rápel hasta el interior. Una vez dentro, los activistas dirigieron el sabotaje hacia una “sala limpia”, un espacio altamente controlado donde se ensamblan componentes sensibles para drones militares. La contaminación de estas salas puede dejar fuera de servicio la producción durante semanas o meses.
“Estamos jodidamente hartos de la colaboración de nuestro gobierno con este genocidio”, aseguró uno de los participantes en la acción, en declaraciones difundidas tras la intervención.
La planta atacada, operada por UAV Tactical Systems —filial de Elbit Systems—, no es ajena a la protesta social. En los últimos años ha sido señalada por su papel en el suministro de drones no tripulados, vehículos militares y sistemas de vigilancia utilizados por el ejército israelí.
Elbit Systems es uno de los principales proveedores de tecnología militar de Israel y mantiene una presencia consolidada en Reino Unido, donde colabora con el Ministerio de Defensa. Esa doble dimensión —empresa integrada en la industria británica y, al mismo tiempo, actor clave en conflictos internacionales— la ha convertido en un foco recurrente de movilización.
La irrupción en Leicester se inscribe en una estrategia sostenida de acción directa contra la industria armamentística vinculada al ente sionista de Israel en Reino Unido. Desde 2020, colectivos propalestinos han llevado a cabo ocupaciones, bloqueos y sabotajes en diferentes puntos del país.
Estas acciones no solo buscan visibilizar el conflicto, sino también generar un impacto material que dificulte la operativa de las empresas. En algunos casos, la presión ha tenido consecuencias tangibles, como el cierre de instalaciones tras campañas prolongadas de protesta.
La campaña sostenida de sabotajes reabre el debate sobre los límites de la protesta en sociedades democráticas. Mientras el Gobierno británico ha endurecido su postura frente a este tipo de acciones, los colectivos implicados sostienen que la desobediencia civil es legítima cuando las vías institucionales no logran frenar violaciones graves del derecho internacional.
La intervención en Leicester no solo pone en cuestión la seguridad de una instalación industrial. Vuelve a señalar un vínculo incómodo: el de la industria militar europea con conflictos que, aunque lejanos geográficamente, tienen profundas implicaciones políticas y éticas dentro de sus propias fronteras.
