El Real Madrid habría acumulado 1.870 millones de euros en ayudas y ventajas públicas, calculadas a valor actual, una cantidad que multiplica por más de cuatro los 435 millones atribuidos al FC Barcelona y por más de cinco los 344 millones correspondientes al Atlético de Madrid, según el análisis elaborado a partir de las memorias de las entidades y de distintas operaciones urbanísticas, convenios, subvenciones, ventajas fiscales, avales y concesiones públicas.
Los datos permiten poner cifras a una realidad que durante décadas ha acompañado al fútbol profesional: los grandes clubes no solo compiten sobre el césped, también lo hacen respaldados por decisiones de las administraciones públicas que pueden tener un enorme impacto económico sobre su patrimonio y sus negocios.
El análisis no se limita a las subvenciones directas. Incorpora también el valor de operaciones inmobiliarias, recalificaciones, modificaciones urbanísticas, cesiones de suelo, concesiones, ventajas fiscales y garantías públicas. Un conjunto de mecanismos que, aunque jurídicamente puedan adoptar formas diferentes, tienen en común que las administraciones ponen recursos, patrimonio o capacidad de decisión al servicio de entidades que desarrollan una actividad económica privada.
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La diferencia entre los tres grandes clubes es considerable. Los 1.870 millones del Real Madrid representan aproximadamente el 71% del total contabilizado para los tres clubes, frente al 16,4% del Barcelona y el 13% del Atlético de Madrid.
Las recalificaciones explican buena parte de la factura
Uno de los principales elementos del análisis son las operaciones urbanísticas. Según los datos aportados, el 65% de las ayudas y ventajas públicas recibidas por los tres grandes clubes procede de recalificaciones y modificaciones urbanísticas, mientras que otro 15% está relacionado con cesiones de suelo y concesiones para su aprovechamiento.
El dato resulta especialmente relevante porque una recalificación no funciona como una subvención convencional. No consiste necesariamente en que un ayuntamiento transfiera dinero a un club. El mecanismo puede ser mucho más rentable: una modificación del planeamiento puede transformar radicalmente el valor económico de unos terrenos y abrir la puerta a nuevos negocios y aprovechamientos.
Y en este terreno el Real Madrid aparece muy por delante.
Según el análisis, cerca del 71% de las ventajas públicas atribuidas al club blanco estarían relacionadas con modificaciones urbanísticas.
Entre las operaciones recogidas figura la modificación del uso de 3.000 metros cuadrados de la Ciudad Deportiva en 1991, así como una nueva modificación del PGOU de la Ciudad Deportiva en 2001 que permitió una edificabilidad muy superior a la inicialmente prevista.
También aparece el convenio de permuta de suelo con el Ayuntamiento de Madrid de 2011, además de la concesión de un aparcamiento de 1.846 plazas y una parcela pública situada junto al lado oeste del estadio Santiago Bernabéu, con una superficie de 19.600 metros cuadrados, en 2023.
El listado incorpora asimismo la recalificación de 448.000 metros cuadrados en Valdebebas, destinados a distintos usos entre los que figuran oficinas, hospital, universidad privada, hoteles y comercios.
No estamos, por tanto, ante una sucesión de pequeñas ayudas aisladas. Se trata de operaciones que afectan al suelo, al urbanismo y al patrimonio público, ámbitos en los que las decisiones administrativas pueden generar enormes incrementos de valor.
Barcelona y Atlético también han recibido ventajas públicas
El Real Madrid no es el único gran club que aparece en este análisis. El FC Barcelona y el Atlético de Madrid también han obtenido diferentes beneficios y ventajas vinculados a decisiones públicas.
En el caso del Barcelona, el análisis recoge la recalificación del estadio de Les Corts en 1965, una subvención para la construcción del Palau Blaugrana en 1971 y la recalificación del Miniestadi en 2010.
También aparecen un contrato de patrocinio con TV3 entre 2008 y 2013, las ventajas derivadas del Impuesto de Sociedades durante el periodo 1990-2021 y un aval del ICO por el 70% de un préstamo de 92 millones de euros dentro del marco de la línea Covid-19.
El conjunto de operaciones analizadas eleva la estimación hasta los 435 millones de euros.
En el Atlético de Madrid aparecen, entre otras operaciones, el convenio con el Ayuntamiento para la transmisión del Estadio de La Peineta en 2008, un contrato con Bankia y Telemadrid para la comercialización de espacios publicitarios no utilizados y las pérdidas de Madrid Deporte Audiovisual derivadas de la compra de derechos televisivos.
También se contabiliza la recalificación de los terrenos del Estadio Vicente Calderón en 2016, un aval del ICO por el 70% de un préstamo de 36,4 millones de euros durante la pandemia y la cesión de parcelas durante 75 años, con una extensión de 264.837 metros cuadrados, junto al Estadio Metropolitano.
El valor estimado de estas ventajas alcanza los 344 millones de euros.
El problema no es solo cuánto dinero recibe un club
La discusión sobre las ayudas públicas al fútbol suele quedarse en las subvenciones que aparecen directamente en los presupuestos. Pero las cifras de este análisis muestran que el dinero público puede beneficiar a un club de muchas otras maneras.
Una modificación del planeamiento urbanístico, una concesión durante décadas, una cesión de suelo, un aval público o una operación de permuta pueden tener consecuencias económicas muy superiores a una subvención directa.
Por eso, cuando se habla de dinero público destinado al fútbol, la cuenta no puede limitarse a las partidas presupuestarias que llevan el nombre de un club. También hay que mirar qué ocurre con el suelo público, qué decisiones se toman sobre el urbanismo y qué riesgos asumen las administraciones para facilitar determinadas operaciones.
El principio que debería regir cualquier actuación urbanística es el interés general. Y precisamente por eso resulta necesario preguntarse si las recalificaciones y modificaciones de planeamiento que terminan incrementando el patrimonio de grandes entidades privadas responden realmente a una necesidad colectiva o si, en determinados casos, acaban funcionando como una transferencia indirecta de riqueza pública hacia negocios privados.
Mientras tanto, otro fútbol sobrevive con muchos menos recursos
La dimensión de estas cifras contrasta con la realidad cotidiana de buena parte del fútbol que se practica en los barrios, los pueblos y las ciudades.
Miles de clubes modestos sostienen cada temporada escuelas deportivas, equipos infantiles, juveniles y aficionados con presupuestos ajustados. Familias, socios, voluntarios y pequeñas entidades locales mantienen una estructura deportiva que cumple una función social mucho más allá del espectáculo profesional.
Ese fútbol no dispone de grandes operaciones inmobiliarias, recalificaciones millonarias ni capacidad para negociar en las mismas condiciones con las administraciones.
Mientras los grandes clubes se han convertido en enormes estructuras empresariales con estadios, ciudades deportivas, derechos audiovisuales, patrocinios y negocios inmobiliarios, el fútbol de base continúa dependiendo en muchos casos de instalaciones municipales, cuotas familiares y un trabajo voluntario que apenas aparece en las grandes cuentas del deporte.
La cuestión, por tanto, no es estar a favor o en contra del fútbol. La cuestión es qué fútbol se decide sostener con recursos públicos.
Del deporte como derecho al fútbol como negocio
El fútbol tiene una enorme capacidad para generar comunidad. Forma parte de la vida de barrios y pueblos, crea espacios de encuentro y permite que miles de niños y jóvenes practiquen deporte independientemente de su capacidad económica.
Pero ese modelo poco tiene que ver con la creciente transformación del fútbol profesional en una industria global donde el suelo, los estadios, los derechos televisivos, las operaciones inmobiliarias y las marcas generan cantidades gigantescas de dinero.
Cuando una administración facilita una recalificación o entrega el aprovechamiento de terrenos públicos a una entidad privada, el debate debería incorporar necesariamente una pregunta: ¿qué recibe la sociedad a cambio?
Porque si el beneficio queda privatizado mientras el riesgo, el suelo o la pérdida de oportunidades para otros usos recaen sobre lo público, difícilmente puede presentarse la operación como una cuestión puramente deportiva.
Los datos analizados muestran que el Real Madrid es, con enorme diferencia, el principal beneficiario de este conjunto de operaciones, con 1.870 millones de euros estimados. Barcelona y Atlético también aparecen en la fotografía, aunque a una distancia considerable.
La discusión debería servir para abrir un debate más amplio sobre el modelo deportivo que se financia y se favorece desde las instituciones. Más instalaciones públicas, más deporte de base y más apoyo a los clubes de barrio, frente a nuevas ventajas para quienes ya concentran buena parte del negocio futbolístico.
Porque el fútbol popular no necesita recalificaciones multimillonarias para existir. Necesita campos, escuelas deportivas, precios accesibles, clubes arraigados en sus comunidades y recursos públicos destinados a garantizar el derecho al deporte.
Y mientras una parte del fútbol se convierte en un negocio inmobiliario y financiero cada vez mayor, conviene no olvidar una pregunta fundamental: ¿a quién pertenece realmente el fútbol y para quién deben trabajar las instituciones públicas?
