El caso de María del Carmen Abascal Martín, conocida popularmente como Maricarmen, se ha convertido en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en España. La vecina madrileña de 87 años, residente en el barrio de Retiro desde hace más de siete décadas, ha conseguido que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas intervenga para exigir al Estado español la paralización de su desahucio o, alternativamente, la garantía inmediata de una vivienda adecuada mientras se analiza el fondo de la denuncia presentada por su defensa.
La comunicación, registrada bajo el número 392/2026, supone un severo toque de atención internacional a las administraciones españolas. En su resolución, la ONU considera acreditada de forma preliminar la existencia de un riesgo de daño irreparable y recuerda que ningún desalojo puede dejar a las personas afectadas sin hogar ni exponerlas a nuevas vulneraciones de derechos humanos. Por ello, solicita la suspensión del lanzamiento previsto o la provisión de una solución habitacional adecuada, fruto de una consulta efectiva con la afectada.
Maricarmen tiene 87 años y ha vivido entre esas paredes prácticamente toda su vida. Llegó al inmueble siendo una joven y acumula más de 70 años de arraigo en el barrio de Retiro. Su historia refleja la transformación de Madrid en un escenario cada vez más hostil para las clases populares, donde la especulación inmobiliaria y la entrada masiva de fondos de inversión han convertido la vivienda en un activo financiero y no en un derecho social.
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El conflicto se origina tras sucesivas operaciones de compraventa del edificio por parte de fondos de inversión. Maricarmen disfrutaba de una subrogación en el contrato de alquiler tras el fallecimiento de su madre. Sin embargo, tras el cambio de propiedad y años de litigio, los tribunales terminaron avalando la extinción de dicha subrogación. La actual propiedad llegó a exigir una renta superior a los 2.600 euros mensuales, una cantidad absolutamente inasumible para una pensionista.
La amenaza de expulsión no es nueva. El lanzamiento previsto para el próximo 24 de junio constituye ya el tercer intento de desahucio. El primero fue paralizado por la movilización social y el segundo aplazado tras una intensa campaña vecinal. Durante meses, asociaciones vecinales, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, activistas por el derecho a la vivienda y centenares de residentes del barrio han protagonizado concentraciones, actos culturales y movilizaciones para impedir que una mujer octogenaria sea expulsada de la casa en la que ha desarrollado toda su vida.
La presión social ha convertido a Maricarmen en uno de los rostros más visibles de la crisis habitacional que atraviesa España. Su situación ha despertado una ola de solidaridad que ha trascendido los movimientos sociales tradicionales, implicando a entidades vecinales, juristas, personalidades de la cultura y ciudadanos que identifican su caso con una realidad cada vez más extendida: la expulsión de residentes históricos de sus barrios por la presión especulativa del mercado inmobiliario.
Según ha denunciado su defensa jurídica, coordinada por la abogada Beatriz Duro junto al Sindicato de Inquilinas, las administraciones públicas no han ofrecido hasta la fecha una alternativa habitacional adecuada y estable. Entre las opciones planteadas figuraba una plaza residencial alejada de su entorno social y económico, una propuesta que la afectada considera incompatible con su situación personal y con el mantenimiento de una vida autónoma.
La intervención de Naciones Unidas reabre además el debate sobre el incumplimiento sistemático de las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de vivienda. El Comité DESC recuerda que el derecho a una vivienda adecuada no constituye una declaración retórica, sino una obligación jurídica para los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuando una persona carece de recursos suficientes para acceder a una vivienda alternativa, corresponde a los poderes públicos adoptar todas las medidas disponibles para garantizar ese derecho.
España dispone ahora hasta el 1 de diciembre de 2026 para responder formalmente ante Naciones Unidas y presentar alegaciones sobre el fondo del caso. Mientras tanto, la ONU solicita expresamente que se evite cualquier actuación que pueda provocar daños irreparables a la afectada.
El caso de Maricarmen trasciende ya la situación individual de una pensionista amenazada de desahucio. Representa el choque entre dos modelos de ciudad: uno que concibe la vivienda como mercancía sometida a la rentabilidad de fondos de inversión y otro que la entiende como un derecho humano fundamental. La resolución de Naciones Unidas convierte esta batalla vecinal en una cuestión de derechos humanos y sitúa a España ante la obligación de demostrar si está dispuesta a proteger a quienes construyeron sus barrios o a seguir permitiendo que la lógica especulativa decida quién puede permanecer en ellos.
