Hoy en el Congreso de los Diputados se ha votado la convalidación del Real Decreto-Ley para la prórroga de alquileres y la limitación de la subida interanual de la renta del alquiler, una medida que finalmente ha decaído tras los votos en contra del PP, Vox, Junts y UPN, la misma coalición que hace escasos meses tumbó la moratoria anti-desahucios. En esta última votación, el PNV se ha abstenido.
La Coalición #NiUnDesahucioMás estima que durante el mes de vigencia del Real Decreto-Ley se han solicitado más de 33.500 prórrogas, las cuales “se deberán respetar por parte de la propiedad y los tribunales al haberse solicitado durante su período de vigencia y gozar de total validez jurídica”. Sin embargo, la organización advierte de que, pese al esfuerzo realizado para alcanzar esta cifra, “cientos de miles que no lo han podido solicitar quedarán en desprotección al no convalidarse el Real Decreto-Ley”.
Según datos del Ministerio de Consumo, alrededor de un millón de hogares inquilinos podían acogerse a esta prórroga, una medida que ha tenido un amplio eco social y mediático, lo que explica que “el número de prórrogas solicitadas han sido muy superiores a la cifra estimada por nuestras organizaciones”.
En este contexto, las organizaciones sociales advierten de un escenario especialmente grave para el derecho a la vivienda. Con la caída simultánea de la moratoria anti-desahucios y la prórroga de alquileres, la organización alerta de que “en los próximos meses se puede producir un tsunami de desahucios”. En concreto, señala que la activación de los 70.000 desahucios paralizados, junto con los nuevos procedimientos derivados de contratos no prorrogados, “agravará de manera exacerbada la crisis de vivienda que atraviesa el país”.
Asimismo, denuncian además la falta de respuesta institucional ante esta situación. En su comunicado sostiene que “las administraciones públicas no están dando respuesta a esta grave crisis” y añade que, incluso en zonas donde no se ha declarado el mercado residencial tensionado, “no existe provisión razonable de viviendas para acoger a toda la gente que será desalojada en los próximos meses y años si no se toman medidas mucho más ambiciosas”.
Respecto al Plan Estatal de Vivienda, la Coalición #NiUnDesahucioMás considera que no será suficiente para revertir la situación actual. Aunque reconoce que apuesta por ampliar el parque de vivienda de protección oficial permanente, advierte de que “no prevé los recursos suficientes para conseguir las cantidades ingentes de vivienda a precio asequible que se necesitan para mitigar el principal problema de la sociedad española”. Además, subraya que mientras las medidas del plan se implementan, “las familias seguirán sin poder acceder a viviendas y seguirán sufriendo desahucios diarios”.
En paralelo, las organizaciones sociales reclaman de nuevo la puesta en marcha de un plan de choque estructural e inmediato contra la especulación inmobiliaria. Entre las medidas que propone, se incluye la recuperación de la moratoria de desahucios, contratos de arrendamiento indefinidos, control de precios del alquiler y la activación de mecanismos de tanteo y retracto para destinar vivienda al alquiler social y asequible.
Además, insisten en que estas medidas son “coyunturales imprescindibles mientras se trabaja para aumentar el parque de vivienda social que nos equipare a los países más avanzados del mundo en la materia”, donde, según subraya, “afirmar que la vivienda es el quinto pilar del Estado del bienestar no suena a eslogan sino a realidad”.
Por último, la Coalición #NiUnDesahucioMás denuncia la falta de intervención pública frente al mercado especulativo de la vivienda y el papel de los fondos de inversión en la pérdida de parque público. Recuerda que hace pocas semanas se hizo pública la venta de 5.000 viviendas de Blackstone a Brookfield, una operación que, según la organización, ha dejado “en el limbo la situación de sus inquilinos”.
Ante este escenario, anuncian la convocatoria de movilizaciones masivas en las próximas semanas para señalar a los responsables políticos de la situación y hace un llamamiento a la ciudadanía para que exija en la calle, “de manera urgente, medidas a todos los niveles de la administración que sean soluciones reales al problema de la vivienda”.
