El ejército de Sudán ha iniciado una importante ofensiva militar en la región de Kordofán con el objetivo de recuperar posiciones ocupadas por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), la poderosa organización paramilitar que desde 2023 mantiene una guerra abierta contra las fuerzas armadas del país.
La operación se produce en un momento clave del conflicto, después de que diversas fuentes señalen el debilitamiento de las cadenas de suministro que sostienen a las RSF, incluyendo el flujo de armas, financiación y combatientes extranjeros. Analistas y centros de investigación internacionales han apuntado reiteradamente a la implicación de actores regionales como los Emiratos Árabes Unidos en el respaldo logístico y económico a esta milicia, una acusación que Abu Dabi niega oficialmente.
Las Fuerzas de Apoyo Rápido están dirigidas por el general Mohamed Hamdan Dagalo y surgieron formalmente en 2013 como una fuerza paramilitar creada por el régimen de Omar al-Bashir para combatir insurgencias en el país. Sin embargo, sus raíces se encuentran en las milicias Janjaweed, responsables de algunas de las peores atrocidades del conflicto de Darfur en los años 2000.
Desde el estallido de la guerra civil sudanesa el 15 de abril de 2023, las RSF y el ejército regular —las Sudanese Armed Forces— luchan por el control del Estado y de sus recursos estratégicos. El conflicto ha devastado el país y provocado una de las mayores crisis humanitarias del planeta, con decenas de miles de muertos y millones de desplazados.
Diversos investigadores y observadores internacionales han descrito la ideología que anima a las RSF como una mezcla de supremacismo árabe, intereses económicos y redes clientelares vinculadas al control de recursos naturales, especialmente el oro.
Académicos y organizaciones de derechos humanos sostienen que esta milicia ha actuado históricamente como una fuerza paramilitar basada en alianzas tribales y en incentivos económicos para reclutar combatientes, lo que ha consolidado una estructura militar descentralizada pero extremadamente violenta.
Las RSF han sido acusadas de cometer ejecuciones masivas, violaciones sistemáticas, saqueos y desplazamientos forzados contra poblaciones civiles, particularmente en la región de Darfur. Varios gobiernos occidentales y organismos internacionales consideran que algunos de estos ataques presentan “características de genocidio”.
Además de su estructura militar, la organización ha construido una poderosa red económica vinculada a la explotación del oro y a operaciones de mercenarios en conflictos regionales, lo que le ha permitido financiar sus campañas militares y consolidar una base de poder autónoma frente al Estado sudanés.
La ofensiva en Kordofán podría convertirse en un punto de inflexión en la guerra si el ejército logra cortar definitivamente las rutas logísticas de las RSF y recuperar territorios estratégicos. La región constituye un corredor clave entre el oeste del país —donde las milicias mantienen una fuerte presencia— y otras zonas del conflicto.
Sin embargo, analistas advierten de que el enfrentamiento sigue lejos de resolverse. Tras más de dos años de guerra, Sudán permanece atrapado entre dos bloques armados que compiten por el control del poder político, los recursos naturales y el futuro del país, mientras la población civil continúa pagando el precio más alto de una guerra que amenaza con fragmentar definitivamente el Estado sudanés.
