El análisis de las declaraciones de bienes de las y los diputados realizado por Europa Press dibuja una imagen elocuente de la composición material del Congreso: 66 de los 350 parlamentarios, en torno al 19%, han declarado percibir ingresos por el alquiler de viviendas, locales o terrenos durante la presente legislatura.
Entre ellos se encuentran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez declara 12.845 euros anuales por este concepto; Feijóo, 5.584 euros. Más allá de las cuantías concretas, el dato relevante es político: una parte significativa de quienes legislan sobre vivienda participan, simultáneamente, del mercado de rentas inmobiliarias.
Un Congreso de propietarios
Según el mismo informe, el 86% de los diputados posee al menos una vivienda en propiedad, mientras que solo un 13,86% no ha declarado ninguna. El Parlamento español no es una excepción sociológica: refleja una sobrerrepresentación de propietarios en una sociedad marcada por la desigualdad en el acceso a la vivienda.
Cuando casi uno de cada cinco diputados obtiene ingresos como arrendador, el debate sobre la regulación de los alquileres, los límites a la especulación o la función social de la vivienda no se produce en abstracto. Se produce en una cámara donde muchos de sus miembros tienen intereses económicos directos en el mercado inmobiliario.
El reparto por fuerzas políticas
En el Partido Popular, 29 de sus 137 diputados (21%) han declarado ingresos por alquiler, con casos que alcanzan entre 24.000 y 33.000 euros anuales. En el Partido Socialista Obrero Español, 21 de 121 (17,35%) figuran como arrendadores, con rentas máximas situadas entre 11.000 y 16.000 euros al año. En Vox, siete de sus 33 diputados (21,21%) perciben también rendimientos de capital inmobiliario.
Si se atiende al peso proporcional, destacan Junts per Catalunya (42,85%), el Partido Nacionalista Vasco (40%) y EH Bildu (33,33%), donde el porcentaje de diputados con ingresos por arrendamientos es aún más elevado.
Sumar: menor proporción, misma estructura de propiedad
En el grupo parlamentario plurinacional de Sumar, la proporción es menor: dos de sus 26 diputados (7,69%) han declarado ingresos por alquiler. Según hemos podido comprobar desde La Protesta Diario, se trata de Vicenç Vidal Matas, procedente de Més per Mallorca, y de Agustín Santos Maraver, independiente integrado en la coalición por parte de Yolanda Díaz.
Aunque el porcentaje es inferior al de otras fuerzas, el dato confirma que la lógica de la renta inmobiliaria atraviesa transversalmente el arco parlamentario, incluida la izquierda institucional que ha situado la regulación del alquiler en el centro de su discurso político.
Sin arrendadores declarados
De acuerdo con la información publicada, no han declarado ingresos por alquiler los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya ni los integrantes del Grupo Mixto.
La conclusión es estructural más que moral, en un país donde millones de trabajadores destinan una parte creciente de su salario al pago del alquiler, casi uno de cada cinco legisladores obtiene ingresos precisamente de esa relación económica. La contradicción entre el derecho a la vivienda y la defensa de la renta no es retórica; está inscrita en la propia composición material del Congreso.
