Murcia volvió a salir a la calle este jueves para denunciar el fin de la moratoria antidesahucios, una decisión adoptada el pasado martes 27 de enero en el Congreso de los Diputados que deja sin protección a decenas de miles de hogares en todo el Estado. La concentración, convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Vivienda de Murcia, se enmarca en una ola de movilizaciones que estos días recorren numerosas ciudades del país.
Durante el acto, dos jóvenes del Sindicato de Vivienda leyeron un manifiesto en el que denunciaron que la no prórroga de la moratoria supone “una agresión directa a cientos de miles de familias en situación de vulnerabilidad económica y social”. Aunque la medida era claramente insuficiente y limitada, recordaron que funcionaba como un mínimo escudo de protección frente a la expulsión forzosa de los hogares. Su eliminación deja en el aire a más de 70.000 familias que ya se encuentran al límite.
Los colectivos alertaron de que esta decisión se produce en un contexto de crisis habitacional sin precedentes: alquileres disparados, salarios estancados y ausencia de alternativas habitacionales dignas. En la Región de Murcia, subrayaron, la situación es especialmente grave, con tasas de desahucios y pobreza entre las más altas del Estado, mientras la vivienda sigue tratándose como una mercancía y no como un derecho.
“La vivienda no puede ser un negocio ni una inversión. Es el espacio donde la gente construye su vida con seguridad y dignidad. Jugar con el hogar de las personas es violencia”, señalaron desde el manifiesto, calificando los desahucios como una forma de violencia institucional ejercida contra quienes ya sufren la precariedad.
Según Paco Morote, portavoz estatal de la PAH, ante nuestro medio durante la concentración, advirtió de las consecuencias “absolutamente dramáticas” de la caída del decreto. Morote recordó que, pese a la existencia del escudo social desde 2020, entre ese año y 2024 se han producido más de 300.000 desahucios en España, y que ahora podrían reactivarse otros 60.000 procedimientos. “Es un ataque global y directo al conjunto de la clase trabajadora”, afirmó, señalando que la decisión no solo afecta a la vivienda, sino también a pensionistas y trabajadores, al congelarse pensiones y no consolidarse el salario mínimo.
El portavoz de la PAH cargó duramente contra las derechas que votaron en contra de la prórroga y, en clave regional, denunció que tras más de 30 años de gobiernos del Partido Popular en la Región de Murcia no existe un parque público de vivienda. “No solo no se ha construido vivienda pública, sino que se ha privatizado la que había”, afirmó, criticando los anuncios de una supuesta “vivienda asequible” que, advirtió, será más cara y acabará de nuevo en manos del mercado privado.
Morote también señaló a Vox por defender políticas urbanísticas que ya condujeron al estallido de la burbuja inmobiliaria y a la crisis de 2008, con un reguero de corrupción y especulación. “Son partidos al servicio de constructoras, banca y grandes tenedores. Aparentan representar a la mayoría social, pero gobiernan para los más poderosos”, concluyó.
A la movilización se sumaron también Izquierda Unida-Verdes y Podemos, que acompañaron a la PAH y al Sindicato de Vivienda de Murcia en la denuncia del fin de la moratoria antidesahucios. Ambas formaciones coincidieron en señalar que dejar caer esta medida supone “condenar a miles de familias a perder su casa” en un contexto de emergencia habitacional, con los alquileres disparados, salarios insuficientes y una absoluta falta de parque público de vivienda en la Región de Murcia.
Desde Izquierda Unida-Verdes advirtieron de que los desahucios no son un fenómeno inevitable, sino una decisión política que protege los intereses de fondos buitre, grandes tenedores y especuladores, mientras se abandona a quienes no pueden más.
Por su parte, Podemos responsabilizó directamente al Gobierno central de no haber aprobado a tiempo un nuevo decreto y exigió un mecanismo permanente que garantice que no se produzca ningún desahucio sin alternativa habitacional.
Ambas organizaciones reclamaron la aprobación urgente de un nuevo decreto ley que frene los desahucios y blinde el derecho a una vivienda digna, subrayando que la vivienda no puede seguir tratándose como un negocio, sino como un derecho básico sin el cual no hay vida digna.
Desde la PAH y el Sindicato de Vivienda de Murcia hicieron un llamamiento a no normalizar esta situación, a no mirar hacia otro lado y a organizarse colectivamente. Anunciaron que seguirán construyendo redes de apoyo mutuo en los barrios, señalando a los responsables de la crisis habitacional —fondos buitre, rentistas, grandes tenedores, entidades financieras, SAREB y administraciones que miran hacia otro lado— y exigiendo protección inmediata y alternativas habitacionales reales.
“Sin vivienda no hay vida digna”, concluyeron.
