El jefe de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Greg Bovino, ofreció una rueda de prensa tras el tiroteo mortal ocurrido durante una operación federal en Minneapolis, donde falleció una persona en circunstancias que aún están bajo investigación.
Bovino centró su intervención en el concepto de “elección”, argumentando que muchas situaciones de violencia recientes se derivan de decisiones individuales, desde cruzar la frontera sin autorización hasta interferir en operativos policiales. Según su relato, estas “malas elecciones” habrían contribuido al caos y a la agresión contra agentes, incluidos incidentes en los que un ICE agent sufrió la amputación parcial de un dedo tras un ataque durante las protestas.
El mando federal responsabilizó a políticos locales, líderes comunitarios y periodistas de fomentar un clima hostil hacia las fuerzas del orden mediante lo que calificó de “retórica incendiaria”, citando términos como “Gestapo” o “secuestros”. Bovino sostuvo que esas críticas habrían alentado los disturbios y dificultado la detención de José Wer Chuma, una persona con antecedentes penales que sigue sin ser localizada.
Preguntado sobre la víctima fallecida y si estaba armada, Bovino evitó dar detalles, remitiendo todas las dudas a la investigación en curso, y destacó que los agentes actuaron tomando “decisiones en fracciones de segundo”. No se anunciaron medidas de revisión interna ni suspensiones de los agentes involucrados, quienes permanecen en activo en otras ubicaciones.
Por su parte, el portavoz de ICE, Marcos Charles, indicó que desde el inicio de la operación se han detenido más de 3.400 personas en Minnesota, incluyendo miembros de bandas y personas condenadas por delitos graves, y vinculó los incidentes de violencia contra agentes con políticas de “ciudades santuario” y con discursos críticos hacia las agencias federales.
La intervención de Bovino ha generado críticas sobre la criminalización de la protesta y la justificación de la fuerza letal en operativos migratorios dentro de ciudades estadounidenses. Las autoridades aún no han aclarado aspectos clave del tiroteo, como el número de disparos, la presencia de armas de la víctima o la evaluación de alternativas no letales.
Mientras la investigación sigue abierta, el caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre uso de la fuerza, responsabilidad institucional y derechos civiles en operativos de inmigración en territorio urbano.
