El colectivo Yay@flautas de Murcia, junto a la Plataforma de Pensionistas de Molina, se concentró el pasado lunes 12 de enero a las puertas del Hospital de Molina de Segura, gestionado por el grupo privado Ribera, para denunciar las consecuencias directas que la privatización de la sanidad pública está teniendo sobre la salud, los derechos y la dignidad de la ciudadanía de la Región de Murcia.
Durante la concentración se lanzó una pregunta tan sencilla como demoledora: ¿cómo se puede confiar la salud y la vida a una empresa cuyo objetivo no es curar, sino obtener beneficios? Frente a la sanidad pública, donde los profesionales actúan exclusivamente bajo criterios médicos, los hospitales privados sostenidos con dinero público funcionan con una lógica mercantil en la que cada prueba, cada derivación y cada día de hospitalización se convierte en una oportunidad de negocio.
Las personas concentradas denunciaron que este modelo fomenta prácticas que nada tienen que ver con una atención sanitaria de calidad: pruebas diagnósticas realizadas en centros privados que luego deben repetirse en hospitales públicos, intervenciones quirúrgicas derivadas fuera del sistema público sin garantías equivalentes, retrasos injustificados y circuitos interminables de especialistas cuyo único fin es inflar la facturación. Todo ello se paga con impuestos públicos y se cobra en forma de pérdida de tiempo, empeoramiento de la salud y vulneración de derechos.
La protesta recordó el reciente escándalo que ha puesto en el centro del debate estatal al grupo Ribera, después de que saliera a la luz que su consejero delegado, Pablo Gallart, habría instado a directivos del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz a aumentar listas de espera, reducir intervenciones y rechazar procesos menos rentables para mejorar los resultados económicos. Los profesionales que denunciaron estas prácticas fueron despedidos, mientras la empresa continúa gestionando hospitales construidos y financiados íntegramente con dinero público.
“Lo que se castiga no es la mala gestión, sino la honestidad”, denunciaron desde Yay@flautas, señalando que este modelo cuenta con la complicidad de gobiernos autonómicos del Partido Popular, también en la Región de Murcia, donde se sigue desviando una parte creciente del presupuesto sanitario hacia empresas privadas.
Ribera es actualmente el grupo con mayor volumen de servicios sanitarios privatizados en la Región de Murcia: cuatro hospitales y 26 centros médicos, entre ellos el Hospital de Molina de Segura, convertido en el principal referente privado de toda el área. Los conciertos económicos con esta empresa no dejan de crecer, con incrementos que superan con creces el aumento global del gasto sanitario concertado y que han llegado a desviaciones presupuestarias cercanas al 96%, según la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSP-RM).
Uno de los aspectos más graves denunciados es que, pese a que el Sistema Murciano de Salud sigue siendo el responsable último de la salud de los pacientes, se han cedido a una empresa privada servicios esenciales como urgencias, especialidades médicas, diagnóstico por imagen, salud mental o análisis clínicos, sin un control efectivo por parte de la administración pública. A ello se suma un hecho especialmente alarmante: los datos sanitarios y personales de miles de personas están en manos de una empresa privada, lo que abre la puerta a usos ajenos al interés público.
Desde la concentración se insistió en que la defensa de la sanidad pública empieza también por las decisiones cotidianas de la ciudadanía. Exigir que las pruebas diagnósticas se realicen en hospitales públicos, rechazar intervenciones quirúrgicas fuera del sistema público, defender que la información médica permanezca bajo control público y oponerse frontalmente a cualquier intento de privatizar la atención primaria son actos de defensa colectiva frente al desmantelamiento progresivo del sistema sanitario.
“Cada vez que aceptamos una derivación privada estamos debilitando la sanidad pública y fortaleciendo un negocio que vive de nuestros impuestos”, advirtieron las personas concentradas. “La sanidad no es una mercancía: es un derecho”.
Asimismo, la concentración contó con el apoyo expreso de Izquierda Unida Molina y del PCE de Molina de Segura, cuyas representantes acompañaron a las organizaciones convocantes. Desde ambas formaciones se exigió un refuerzo inmediato de los recursos destinados a la sanidad pública y el fin de los clientelismos con la sanidad privada, denunciando que la ciudadanía no puede ser tratada como clientela por el Grupo Ribera, sino como pacientes con derechos y como ciudadanos. “No queremos una sanidad pensada para el beneficio empresarial, sino un sistema público que ponga la vida y la dignidad en el centro”, subrayaron.
La movilización concluyó con un llamamiento claro al conjunto de la población: solo la organización y la exigencia social pueden frenar el saqueo de fondos públicos y garantizar una sanidad pública, universal y de calidad, frente a un modelo que convierte la enfermedad en negocio y la salud en una cuenta de resultados.
