La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha denunciado junto a miembros del Sindicato de Vivienda este pasado lunes a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Murcia la situación de extrema vulnerabilidad de una mujer de 93 años, con discapacidad, Alzheimer y movilidad reducida tras sufrir un ictus hace aproximadamente dos años y medio, cuyo desahucio está señalado para el próximo martes 13 de octubre.
La familia ha pedido expresamente que no se hagan públicos el nombre de la mujer ni otros datos que puedan permitir identificarla. Según ha explicado la PAH, la afectada ni siquiera conoce actualmente que existe un procedimiento de desahucio sobre su vivienda, debido a su estado de salud y al impacto que podría provocarle conocer la situación.
José Antonio Vives, mediador de la PAH, ha explicado que el origen del procedimiento se encuentra en una hipoteca suscrita por uno de los hijos de la mujer para poner en marcha un negocio. Ella actuó como avalista, comprometiendo como garantía la vivienda familiar, construida por la propia familia.
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Tras el fracaso económico del negocio y la imposibilidad del hijo de continuar afrontando los pagos, la vivienda terminó en manos de CaixaBank y posteriormente fue transmitida, según la PAH, al fondo Coral Homes, que actualmente reclama el inmueble.
La plataforma denuncia que, pese a la situación de la mujer, el procedimiento continúa adelante. «Esta mujer se quedaría en la calle el día 13», ha advertido Vives, que ha reclamado al juzgado que suspenda el lanzamiento y permita abrir una vía de negociación con el fondo.
La familia dispone de unos 800 euros mensuales y está intentando conseguir además una plaza residencial que permita atender las necesidades de la mujer. Sin embargo, según la PAH, esta alternativa todavía no se ha materializado.
La PAH reclama un alquiler vitalicio para evitar el desahucio
Vives ha explicado que la PAH ha planteado a Coral Homes la posibilidad de establecer un alquiler vitalicio que permita a la mujer permanecer en su vivienda.
Según el mediador, el fondo ha trasladado en las últimas horas que existe voluntad de negociar. Sin embargo, ha señalado que esa disposición todavía no se ha traducido en una petición formal de suspensión del procedimiento ante el juzgado.
«Si tienen voluntad, suspenden el procedimiento en el juzgado», ha señalado Vives durante la rueda de prensa.
El mediador ha explicado que este mismo lunes acudió al juzgado para comprobar si se había solicitado la suspensión y que, en ese momento, el procedimiento continuaba adelante.
La PAH sostiene que existen recursos presentados para intentar paralizar el lanzamiento y que el juzgado todavía no habría resuelto las peticiones relacionadas con la situación de vulnerabilidad de la mujer.
Denuncian que Murcia no emite los informes de vulnerabilidad
Otro de los ejes de la denuncia ha sido la actuación de los servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia.
El Decreto-ley 3/2026, de 3 de julio, de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, introdujo el artículo 59 nonies en la Ley regional de Vivienda. Este precepto establece que los Servicios Sociales de Atención Primaria tienen competencia para evaluar y emitir informes sobre situaciones de necesidad, exclusión o vulnerabilidad y permite que estos informes sean solicitados también por particulares con interés legítimo.
La PAH denuncia que, pese a esta regulación, los servicios sociales municipales no estarían emitiendo estos informes a petición de las familias afectadas.
Paco Morote, portavoz de la PAH, ha reclamado públicamente explicaciones al Ayuntamiento de Murcia y ha señalado que, según la información trasladada a la plataforma, los trabajadores sociales alegan que no cuentan con autorización de sus superiores para emitir estos certificados.
«Los servicios sociales de Murcia no emiten en este momento, no están emitiendo ese informe de vulnerabilidad», ha denunciado Morote.
Vives ha confirmado que en este caso concreto la familia ha realizado gestiones ante los servicios sociales y que uno de los hijos tiene una cita para abordar la situación.
Para la PAH, disponer de ese informe permitiría aportar al procedimiento judicial una acreditación adicional de la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer.
«No hablamos de albergues, hablamos de una vivienda digna»
Morote ha situado el caso dentro de una problemática más amplia que, según la PAH, afecta a las personas vulnerables que afrontan procedimientos de desahucio en Murcia.
El portavoz ha reclamado que las administraciones proporcionen alternativas habitacionales adecuadas y ha rechazado que estas puedan reducirse a alojamientos temporales o recursos asistenciales.
«Cuando decimos alternativa habitacional no estamos hablando de albergues, no estamos hablando de infraviviendas, sino de facilitar una vivienda digna», ha afirmado.
La PAH denuncia que el Ayuntamiento de Murcia no estaría ofreciendo alternativas habitacionales suficientes a las familias afectadas por desahucios y reclama que las administraciones movilicen vivienda pública y recursos disponibles para evitar que las personas vulnerables terminen en la calle.
Vives ha señalado asimismo que la organización identifica viviendas de la Sareb en la Región de Murcia que podrían ser movilizadas para atender situaciones de emergencia habitacional. Según los datos aportados por el mediador, serían más de 1.200 las viviendas de la Sareb que podrían estar en condiciones de ser habitadas en la Región en un plazo relativamente corto.
El desahucio continúa señalado para el 13 de octubre
La situación se produce además después de que el Congreso derogara el pasado 2 de octubre el Real Decreto-ley 26/2026, que había incorporado un régimen temporal de suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. La derogación fue publicada ese mismo día en el BOE.
La PAH ha vinculado durante la rueda de prensa la pérdida de esa protección con el riesgo de que puedan ejecutarse nuevos lanzamientos. El portavoz de la organización, Paco Morote, responsabilizó durante su intervención a PP, Vox y Junts del rechazo parlamentario del decreto.
El caso de la mujer de 93 años presenta, según la PAH, una situación especialmente delicada por la combinación de su edad, discapacidad, Alzheimer, movilidad reducida y ausencia de una alternativa residencial confirmada.
La organización insiste en que la prioridad inmediata es impedir que el lanzamiento llegue a ejecutarse y reclama tanto al juzgado como a Coral Homes que suspendan el procedimiento para permitir una negociación.
Mientras tanto, el desahucio continúa señalado para el martes 13 de octubre.
La familia mantiene la petición de que no se difundan datos que permitan identificar a la mujer o localizar su domicilio, mientras espera una respuesta judicial y una solución que permita garantizar su permanencia en la vivienda o, en su defecto, una alternativa residencial adecuada a sus necesidades.
