Cerca de medio centenar de trabajadores y trabajadoras del sector de Protección y Reforma de Menores se han concentrado este miércoles al mediodía ante las puertas de la Consejería de Política Social de la Región de Murcia para denunciar la precariedad de sus condiciones laborales y exigir al Gobierno regional que garantice la financiación necesaria para aplicar el quinto convenio colectivo estatal.
La movilización, convocada para reclamar unas condiciones laborales dignas en un sector que presta servicios esenciales a menores en situación de vulnerabilidad, ha puesto el foco en unos salarios que, según ha denunciado David Meca, delegado de Comisiones Obreras (CCOO) en Protección y Reforma de Menores y miembro de la junta directiva de la asociación del sector, apenas alcanzan los 1.263 euros mensuales para profesionales con titulación universitaria.
«No es una cuestión solo de dinero, es una cuestión de vidas, de vidas frustradas», ha manifestado Meca durante la concentración. El representante sindical ha denunciado que los salarios actuales impiden a numerosos trabajadores hacer frente a gastos básicos como el alquiler, la hipoteca o los imprevistos domésticos, además de dificultar que puedan ofrecer una vida digna a sus familias.
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El delegado de CCOO ha puesto el acento en la diferencia salarial entre profesionales universitarios que asumen importantes responsabilidades en la atención a menores y quienes perciben el salario mínimo interprofesional. Según sus cálculos, la diferencia neta apenas supera los 80 euros, una situación que considera «inaceptable» por la cualificación, la carga de trabajo y la responsabilidad que exige el sector.
La Administración regional, señalada por la falta de financiación
Una de las principales reivindicaciones de la protesta es que la Comunidad Autónoma asuma su responsabilidad en la financiación de los servicios y garantice la aplicación efectiva del quinto convenio colectivo estatal, que establece unas condiciones económicas que, según Meca, situarían los salarios en torno a los 1.500 euros.
«No hay un convenio estatal que se esté cumpliendo por parte de la Administración autonómica», ha denunciado. El representante sindical ha explicado que la falta de financiación pública está provocando diferencias salariales incluso entre trabajadores de una misma entidad, dependiendo de la situación del centro y de las condiciones en las que se presta el servicio.
Meca también ha cuestionado los argumentos presupuestarios utilizados por la Administración para justificar la falta de aplicación del convenio. En este sentido, ha señalado la Ley 4/2026, publicada el pasado 16 de noviembre, que permite ampliar el gasto público destinado a financiar servicios del IMAS y centros de atención a personas mayores.
«Me parece maravilloso, pero creo que también se podría hacer con los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector», ha reclamado, insistiendo en que la Administración dispone de instrumentos para mejorar la financiación y resolver un conflicto que se prolonga en el tiempo.
Exigen una mesa sectorial y cuestionan el modelo de gestión
Junto a las reivindicaciones salariales, las plantillas reclaman la creación de una mesa sectorial en la que abordar las ratios de personal, las condiciones laborales, la situación de los menores atendidos y la calidad de los servicios. CCOO también defiende la negociación de un convenio regional que permita mejorar las condiciones establecidas en el marco estatal.
El delegado sindical ha criticado que la Administración regional se escude en la existencia de empresas intermediarias para eludir su responsabilidad sobre las condiciones en las que se prestan estos servicios. La mayoría de las entidades trabajan mediante la figura del concierto social, un modelo que Meca considera necesario reformar.
«Se ha creado una pantalla entre las empresas y quien es realmente competente, que es la Administración pública», ha denunciado. A su juicio, este sistema permite a la Comunidad desentenderse de las relaciones laborales pese a que es la responsable de garantizar la prestación de unos servicios que considera esenciales.


En la Región de Murcia trabajan aproximadamente 15.000 personas en este ámbito, según los datos facilitados por Meca. Sus funciones abarcan tanto la protección de menores en situación de desamparo como la intervención socioeducativa con adolescentes de entre 14 y 18 años que cumplen medidas judiciales, ya sea en centros de internamiento o mediante programas de seguimiento en medio abierto.
Se trata de un trabajo que comprende el acompañamiento educativo y social, la intervención ante situaciones de violencia familiar, maltrato o consumo de sustancias y el seguimiento de los menores en sus entornos familiares y escolares.
«Muchas veces todo se queda en los titulares. Escuchamos en las páginas de sucesos que ha ocurrido algo con un menor, que un menor ha sido detenido o que ha tenido que ser protegido. Pero quiero que nos preguntemos qué ocurre después, adónde van esos menores y quiénes los atienden», ha planteado Meca, reivindicando el trabajo que desarrolla diariamente el personal del sector.
«Para trabajar somos esenciales, pero para cobrar somos trabajadores del salario mínimo»
Durante su intervención, el representante sindical también ha denunciado las limitaciones impuestas al derecho de huelga mediante unos servicios mínimos que, en la práctica, dificultan que las plantillas puedan ejercer plenamente su derecho a la movilización.
«Durante la pandemia tuvimos que ir a trabajar y dejar a nuestras familias porque somos un servicio esencial, pero para cobrar no. Para cobrar somos trabajadores del salario mínimo interprofesional», ha reprochado a la Administración.
Meca ha advertido de que la precariedad salarial, los turnos rotatorios y las exigencias emocionales y profesionales del trabajo están poniendo en riesgo el futuro del sector, al dificultar la permanencia de trabajadores cualificados y hacer cada vez menos atractivo incorporarse a estas profesiones.
La concentración de este miércoles supone el inicio de una nueva etapa de movilizaciones. El delegado de CCOO ha asegurado que las plantillas están dispuestas a intensificar las protestas si la Consejería continúa sin ofrecer soluciones.
«Haremos todo lo que podamos: huelgas, concentraciones y protestas», ha anunciado. Y ha concluido con un mensaje dirigido al Gobierno regional: «Queremos que quienes estamos trabajando podamos seguir haciéndolo y que el sector tenga futuro».















