Isabel María Zapata, ex primera teniente de alcalde y ex concejala de Vox tras presentar su dimisión el pasado 30 de abril, y la edil Amalia Pérez Baño han comparecido este jueves ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Molina de Segura, que instruye la causa por la presunta prevaricación administrativa vinculada a la contratación de las fiestas patronales de 2023, con cerca de 300.000 euros bajo investigación.
La investigación judicial, abierta tras una denuncia presentada por el PSOE de Las Torres de Cotillas, trata de esclarecer si ambas responsables municipales incurrieron en un presunto delito de prevaricación administrativa al recurrir supuestamente al fraccionamiento de contratos para eludir los procedimientos de contratación pública y al uso presuntamente indebido de contratos de exclusividad.
Entre los hechos que se investigan figura la presunta adjudicación de once contratos menores a un mismo proveedor por un importe superior a 150.000 euros, además de otros contratos que, según la denuncia, habrían sido tramitados sin respetar los procedimientos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público.
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La comparecencia de ambas investigadas se ha desarrollado durante la mañana de este jueves. Antes de acceder a la sede judicial, permanecieron unos minutos en un banco de la Plaza de la Cerámica, donde mantuvieron una conversación con un agente de la Guardia Civil. Posteriormente, el agente les facilitó el acceso al edificio judicial por una puerta trasera, utilizada habitualmente para el acceso de personas detenidas, evitando la entrada principal.
Fuentes de la defensa señalaron antes de la declaración que, al menos, una de las investigadas tenía previsto responder a las preguntas de su abogado. Por el momento no ha trascendido oficialmente si ambas contestaron también a las cuestiones formuladas por la jueza instructora y la Fiscalía.
A la salida del juzgado, los reporteros de La Protesta Diario trataron de recabar la versión de Isabel María Zapata y Amalia Pérez Baño. Sin embargo, ambas abandonaron las dependencias judiciales por otra puerta lateral y rehusaron realizar declaraciones a este medio pese a las preguntas formuladas por nuestro equipo.
La causa continúa su tramitación en el Juzgado de Instrucción número 5 de Molina de Segura, que deberá determinar si las actuaciones investigadas durante la organización de las fiestas patronales de Las Torres de Cotillas pueden constituir un delito de prevaricación administrativa y otras posibles infracciones relacionadas con la contratación pública.
