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No Te Prives reprocha al Gobierno de López Miras que «cueste tanto avanzar» en derechos LGTBI tras el debate en la Asamblea Regional

El colectivo de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales de la Región de Murcia reclama la puesta en marcha de compromisos pendientes de la Ley LGTBI y critica la falta de respuestas del Ejecutivo regional a las demandas del colectivo.

Javi Nicolás, junto a integrantes de No Te Prives y otros colectivos sociales, durante una movilización contra los discursos de odio. Foto de archivo | Dominic D. Skerrett
Javi Nicolás, junto a integrantes de No Te Prives y otros colectivos sociales, durante una movilización contra los discursos de odio. Foto de archivo | Dominic D. Skerrett

El debate celebrado este jueves en la Asamblea Regional sobre el incumplimiento de la Ley LGTBI de la Región de Murcia ha puesto de manifiesto una realidad que las organizaciones del colectivo llevan años denunciando: los avances en igualdad siguen atrapados entre promesas institucionales, retrasos administrativos y una preocupante ausencia de voluntad política.

Entre los asistentes al Pleno se encontraba Javi Nicolás, responsable de Comunicación del Colectivo de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales de la Región de Murcia No Te Prives, quien valoró críticamente la situación expuesta durante la interpelación realizada por el diputado de IU-Verdes José Luis Álvarez-Castellanos al Gobierno regional.

Nicolás lamentó «que cueste tanto avanzar en materias que benefician a la ciudadanía» y señaló algunas de las reivindicaciones históricas que continúan pendientes de desarrollo efectivo por parte de la Administración regional. Entre ellas citó la aprobación del Protocolo Trans en Educación, la mejora de los tratamientos sanitarios dirigidos a personas trans, la atención especializada a víctimas del chemsex o la creación de recursos habitacionales para personas que sufren situaciones de LGTBIfobia.

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Para el representante de No Te Prives, el problema trasciende la mera falta de informes o reuniones institucionales y afecta directamente a la vida cotidiana de muchas personas que siguen encontrando barreras en el acceso a derechos básicos.

El activista quiso además ampliar el foco de la denuncia y expresó su solidaridad con otros colectivos que también sufren las consecuencias del avance de los discursos excluyentes.

«Queremos solidarizarnos con nuestros compañeros de diana en la espalda, que son las personas migrantes», afirmó, al tiempo que recordó a la Consejería de Política Social que muchas de las medidas impulsadas desde su departamento «no llegan a quienes más las necesitan» y que una de las obligaciones fundamentales de cualquier política pública debe ser combatir activamente los discursos de odio.

Las declaraciones llegan en un contexto especialmente preocupante para los movimientos sociales y de derechos humanos, marcado por el incremento de los delitos de odio y por la creciente normalización de mensajes que señalan a colectivos vulnerables como responsables de los problemas sociales.

Desde No Te Prives también denunciaron los ataques que, a su juicio, se están produciendo contra las organizaciones sociales que trabajan sobre el terreno. Nicolás lamentó que desde la propia Asamblea Regional se lancen acusaciones infundadas sobre la financiación de las asociaciones.

«También lamentamos que desde esta Asamblea se nos acuse impune y falsamente de recibir cuantiosas subvenciones, alimentando así el discurso del odio. También nos ponen en su diana al tejido asociativo social, no solo LGTBI», denunció.

El portavoz recordó además que muchas entidades desarrollan una labor que en numerosas ocasiones suple carencias de las administraciones públicas y que, en el caso de No Te Prives, se realiza de forma mayoritariamente voluntaria y sin remuneración.

«Asociaciones que realizamos día a día un servicio público y que en muchas ocasiones, como en el caso de No Te Prives, es desinteresado y no remunerado», concluyó.

Las críticas del colectivo coinciden con las denuncias formuladas durante el Pleno por IU-Verdes sobre la falta de funcionamiento efectivo del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, el órgano encargado precisamente de evaluar el cumplimiento de la Ley LGTBI y de canalizar la participación de las organizaciones sociales en el desarrollo de las políticas públicas.

Para las entidades del movimiento LGTBI, el verdadero debate no gira únicamente en torno a procedimientos administrativos o informes pendientes, sino sobre la capacidad real de las instituciones para garantizar derechos, proteger a las víctimas de discriminación y frenar el avance de los discursos de odio que cada vez encuentran más espacio en el debate público.