El diputado regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, puso este jueves contra las cuerdas al Gobierno de Fernando López Miras durante el Pleno de Control de la Asamblea Regional al exigir explicaciones por el incumplimiento de una obligación legal básica: la elaboración y remisión del informe anual del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
Álvarez-Castellanos arrancó su intervención recordando que la Ley de Igualdad Social LGTBI de la Región de Murcia cumple ya diez años y que, lejos de haberse consolidado como una herramienta eficaz de protección de derechos, arrastra un grave déficit de desarrollo. El parlamentario de IU-Verdes subrayó que el propio decreto que regula el Observatorio considera este órgano una pieza fundamental para evaluar la aplicación real de la ley y detectar situaciones de discriminación.
«Estamos hablando de una ley destinada a garantizar derechos fundamentales. Y hoy es más necesaria que nunca», afirmó el diputado, que alertó además del incremento de los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género tanto en la Región como en el conjunto del Estado.
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Álvarez-Castellanos denunció que el Observatorio, constituido en 2021 tras años de retraso, ha mantenido un funcionamiento irregular y no ha cumplido una de sus funciones esenciales: elaborar un informe anual sobre el grado de cumplimiento de la ley y remitirlo a la Asamblea Regional para su evaluación pública y parlamentaria.
Frente a estas denuncias, la consejera de Política Social, Familia e Igualdad, Conchita Ruiz, optó por una larga enumeración de actividades, programas y actuaciones impulsadas por distintas consejerías en ámbitos como educación, sanidad, empleo, juventud o sensibilización social. La responsable autonómica defendió que el Gobierno regional trabaja «los 365 días del año» por la igualdad y acusó a la izquierda de intentar construir un «relato interesado» sobre la situación del colectivo LGTBI.
Sin embargo, la respuesta de la consejera evitó abordar la cuestión central planteada por IU-Verdes: por qué el Observatorio no ha elaborado los informes obligatorios ni ha desarrollado con normalidad los mecanismos de participación previstos en la normativa.
En su réplica, Álvarez-Castellanos desmontó uno por uno los argumentos del Ejecutivo regional y devolvió el debate al terreno de los hechos. «Yo le interpelo por algo que ustedes no han hecho», señaló. El diputado recordó que la propia consejera preside el Observatorio y es responsable directa de convocarlo, impulsar su funcionamiento y garantizar la elaboración de los informes anuales.
El parlamentario denunció además que el pleno del Observatorio debería reunirse al menos dos veces al año, que las comisiones de trabajo previstas no funcionan y que los colectivos LGTBI han sido apartados de los espacios de participación que la propia normativa establece para el desarrollo de la ley.
«Usted es responsable de que ese documento llegue a la Asamblea y no lo hace», reprochó a la consejera.
Álvarez-Castellanos también vinculó esta situación con otros incumplimientos de la legislación autonómica, como la ausencia del protocolo para alumnado trans, pendiente una década después de la aprobación de la ley.
La respuesta final de la consejera terminó confirmando, de forma implícita, las críticas de IU-Verdes. Ruiz anunció que el Observatorio será convocado «en los próximos días», admitiendo así que el órgano encargado de evaluar la aplicación de la ley no ha estado funcionando con la regularidad exigida.
Según ha valorado el parlamentario de izquierdas, la comparecencia ha evidenciado que el Gobierno regional intenta sustituir la rendición de cuentas por una relación de actuaciones dispersas, mientras sigue sin cumplir los mecanismos de control, evaluación y participación ciudadana que establece la propia legislación autonómica.
«La cuestión no es cuántas actividades se hacen, sino por qué no existe una evaluación pública, periódica y transparente del cumplimiento de la ley», concluyó Álvarez-Castellanos, quien anunció que seguirá exigiendo responsabilidades políticas hasta que el Observatorio funcione plenamente y la Asamblea Regional pueda conocer el verdadero estado de aplicación de los derechos LGTBI en la Región de Murcia.
