El próximo 3 de junio se celebrará el juicio contra las activistas climáticas que, en noviembre de 2022, realizaron una acción de protesta en el Museo Nacional del Prado frente a La maja desnuda y La maja vestida de Francisco de Goya. Durante la protesta escribieron “+1,5 ºC” en la pared con pintura negra entre las dos y se pegaron a los maecos de dichos cuadros para denunciar la inacción política ante la emergencia climática.
La cifra hacía referencia al límite de calentamiento global que los Estados acordaron no superar en el Acuerdo de París. Sin embargo, la temperatura media global ya ha superado ese umbral y las previsiones científicas advierten de que el sobrepasamiento será aún más grave. Mientras tanto, el Estado español atraviesa estos días episodios de temperaturas anormalmente altas para esta época del año y se estima que sera un verano complicado. La portavoz de Futuro Vegetal, Victòria Domingo, ha declarado que “mientras aumentan las temperaturas, las sequías y los fenómenos extremos, la respuesta institucional sigue siendo perseguir a quienes exigen actuar con la urgencia que marca la ciencia”.
Las imágenes de la protesta dieron la vuelta al mundo y durante días reabrieron el debate sobre el papel del arte ante el colapso climático y sobre los límites de la protesta no violenta frente a la inacción institucional. Las obras no sufrieron daños. Aun así, las imputadas se enfrentan a una petición de 12 meses de multa y al pago de 3.000 euros por daños atribuidos a los marcos de los cuadros.
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Durante la acción también fueron detenidas periodistas y comunicadoras que se encontraban cubriendo la protesta, una actuación que diversas organizaciones consideran preocupante por su impacto sobre el derecho a la información y la libertad de prensa.
Amnistía Internacional asistirá al juicio como observadora del respeto a los derechos humanos y las garantías fundamentales durante el proceso.
Futuro Vegetal y otras organizaciones denuncian que este caso forma parte de una escalada represiva contra los movimientos ecologistas, que incluye persecución policial, criminalización judicial y campañas políticas y mediáticas de descrédito contra quienes denuncian la crisis climática.
La organización recuerda además que Futuro Vegetal fue objeto de infiltraciones policiales por parte de agentes de la Policía Nacional en el marco de las protestas climáticas, un hecho que ha intensificado las denuncias sobre vulneraciones de derechos fundamentales y vigilancia a movimientos sociales.
