El Gobierno de Almeida volvió a mostrar este martes cuál es su prioridad política en materia de vivienda: proteger la especulación inmobiliaria mientras reprime cualquier protesta social que cuestione el modelo de ciudad convertido en parque temático para turistas e inversores. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid vivió una nueva acción del Sindicato de Inquilinas, cuyos miembros fueron expulsados del salón de sesiones tras denunciar desde la tribuna pública las políticas urbanísticas impulsadas por el Ejecutivo municipal del PP.
“¡Vuestras políticas nos echan de nuestros barrios, hipócritas!”, gritaron varios activistas mientras intervenía el delegado de Urbanismo, Borja Carabante. Instantes después comenzaron a lanzar octavillas sobre los concejales denunciando la turistificación, los desahucios y la entrega de la ciudad a fondos de inversión. “¡Fuera buitres de nuestros barrios!” y “¡menos pisos turísticos, más vecinas!” fueron algunas de las consignas que resonaron en el Palacio de Cibeles antes de que agentes y personal municipal procedieran a desalojarlos por la fuerza.
La protesta se produjo precisamente mientras el Gobierno municipal rechazaba la propuesta de Más Madrid para retirar el denominado Plan Reside, una normativa urbanística señalada por colectivos vecinales y organizaciones por facilitar la conversión de edificios residenciales completos en alojamientos turísticos y operaciones especulativas. Vecinos afectados por uno de esos procesos en el distrito de Tetuán —donde un fondo de inversión ya ha fijado desahucios para vaciar un inmueble entero— se encontraban presentes en la tribuna durante la sesión plenaria.
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Pero además de la expulsión, hubo otro elemento que ha levantado indignación entre colectivos sociales y grupos de la oposición: la retransmisión oficial del Pleno evitó mostrar las imágenes de la protesta. Las cámaras del Ayuntamiento permanecieron enfocando únicamente a Carabante mientras se escuchaban los gritos y el revuelo en la sala. Solo cuando los activistas ya estaban siendo expulsados se ofreció un plano general distante de la tribuna. Una realización televisiva que contrasta con protestas anteriores, como la ocurrida en marzo, cuando sí se emitieron imágenes directas de otra acción del Sindicato de Inquilinas.
El episodio se produce apenas 48 horas después de la multitudinaria manifestación por el derecho a la vivienda celebrada en el centro de Madrid, donde decenas de miles de personas denunciaron la escalada de alquileres, la proliferación de pisos turísticos y la expulsión sistemática de vecinos de barrios populares. La movilización social crece en paralelo a unos datos cada vez más dramáticos: Madrid se ha convertido en una de las capitales europeas donde más se dispara el precio del alquiler, mientras miles de viviendas permanecen en manos de fondos especulativos y grandes tenedores.
El Pleno de mayo también fue el primero celebrado bajo un nuevo reglamento impulsado por el Gobierno municipal que restringe la presencia de símbolos reivindicativos entre el público invitado. Desde ahora, quienes accedan como invitados de los grupos políticos no pueden portar camisetas reivindicativas, pancartas ni banderas. La portavoz socialista Reyes Maroto denunció durante la sesión estas limitaciones exhibiendo una camiseta del movimiento vecinal “No al cantón en Montecarmelo”.
Para los colectivos por el derecho a la vivienda, la escena vivida en Cibeles resume el actual modelo de ciudad impulsado por el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida: expulsión de vecinos, barra libre para la especulación inmobiliaria y censura institucional frente a quienes denuncian el negocio de la vivienda.
