El Partido Animalista Con el Medio Ambiente ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra las resoluciones judiciales y administrativas que avalan la autorización del enterramiento de cadáveres de perros de caza en Extremadura.
El recurso, presentado tras la inadmisión del recurso de casación por parte del Tribunal Supremo, impugna tanto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura como las resoluciones de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura que permiten el enterramiento de perros de caza (incluidos los de rehalas, pastores y de guarda) en dicha comunidad autónoma.
Desde PACMA sostienen que la normativa extremeña vulnera el artículo 14 de la Constitución Española al establecer una diferencia de trato injustificada entre propietarios de perros de caza y propietarios de perros de compañía. «Mientras los primeros pueden enterrar a sus animales fallecidos bajo determinadas condiciones, las familias con animales de compañía tienen prohibida esa posibilidad en el mismo territorio», indican.
La formación política considera que «no existe base sanitaria, medioambiental ni de salud pública que justifique esta distinción, ya que los restos biológicos de ambos animales presentan idénticas implicaciones técnicas». A juicio del partido, la clasificación del animal en función de su uso cinegético introduce un privilegio arbitrario que quiebra el principio de igualdad ante la ley.
Desde PACMA advierten también de la posible afección medioambiental derivada del uso de cal viva (óxido de calcio) en los enterramientos autorizados. Según se argumenta en el recurso, la reacción química de esta sustancia puede alterar el pH del suelo, afectar a la microbiota edáfica y suponer un riesgo de contaminación de acuíferos, lo que activaría el principio de precaución recogido en la legislación ambiental.
PACMA solicita al Tribunal Constitucional la declaración de nulidad de las resoluciones impugnadas y el restablecimiento de los derechos fundamentales que consideran vulnerados, con el objetivo de impedir que se consolide una regulación que, a su juicio, otorga un trato de favor al colectivo cinegético en detrimento del resto de la ciudadanía.
