El juez Francisco de Jorge ha citado a declarar a R. A. ciudadano gazatí, con la intención de determinar si, tras la querella criminal presentada contra Sidenor, cumple con la “condición de víctima” en el caso que la Audiencia Nacional tiene abierto contra la empresa vasca. R.A fue desplazado forzosamente en diversas ocasiones y se vió obligado a abandonar Gaza con su familia tras sufrir durante dos años el genocidio en Palestina. Actualmente, está a la espera de recibir la condición de refugiado.
Sidenor y tres de sus altos cargos están siendo investigados por un delito de contrabando y de complicidad con un delito de genocidio o de lesa humanidad por el envío de más de 42 toneladas de acero a las empresas IMI Systems LTD y Israel Weapons Industries.
Con la declaración de R.A. el juez de Jorge pretende dilucidar si, una vez establecidos los criterios de atribución jurisdiccional del artículo 23.4.a de la LOPJ, los cuales permiten considerar al Estado español como jurisdicción preferente o subsidiaria y a los tribunales españoles con competencias para juzgar a Sidenor, en base al número 6 se puede otorgar a R.A la condición de “agraviado” y por lo tanto añadir a la investigación abierta contra Sienor por el delito de contrabando, el delito de complicidad del genocidio.
Hay que señalar que el Ministerio Fiscal trató de impedir a través del envío de una diligencia que R.A declarara en este caso la cual fue desestimada por el juez.
La Campaña Fin al Comercio de Armas considera que la declaración de R.A y la consideración que le dé el juez son cruciales para inculpar a Sidenor y tres altos cargos del delito de complicidad con el genocidio en Palestina.
