La muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante siete décadas, ha llevado a CCOO y UGT a elevar sus denuncias contra los desahucios y la especulación inmobiliaria. Ayer, representantes y miembros de ambas organizaciones sindicales se concentraron ante sus respectivas sedes regionales en Murcia para rendir homenaje a Maricarmen y reclamar medidas que impidan que otras personas en situación de vulnerabilidad pierdan su hogar.
Teresa Fuentes, secretaria general de CCOO en la Región de Murcia, explicó que el sindicato había guardado un minuto de silencio tanto ante su sede regional como en los centros de trabajo donde cuenta con representación. Fuentes dedicó el homenaje a Maricarmen y a las personas que sufren las consecuencias de un modelo que, en sus palabras, sitúa el beneficio económico por encima de derechos fundamentales como la vivienda.
«Una mujer luchadora que sufrió en primera persona las consecuencias de este capitalismo salvaje que nos devora», afirmó Fuentes, quien extendió el recuerdo a las familias que se ven empujadas a situaciones de exclusión residencial y a quienes afrontan condiciones de extrema vulnerabilidad. La dirigente sindical defendió que la respuesta no puede limitarse al homenaje, sino que debe traducirse en organización y movilización social.
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«Vamos a seguir luchando. Vamos a hacer una convocatoria de huelga general por Maricarmen, por todas las mujeres, todos los hombres y todas las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, para defender un derecho tan básico como es el derecho a la vivienda», anunció.
UGT denuncia la especulación y apunta a la responsabilidad política
Desde la sede regional de UGT, Miguel García Lajarín, secretario de Formación, Vivienda, Juventud y Comunicación del sindicato en la Región de Murcia, calificó el caso de Maricarmen como un posible punto de inflexión en la lucha por la vivienda. «Esto es un antes y un después», afirmó, al denunciar que una mujer de 87 años, enferma y con discapacidad, acabara fuera de la casa en la que había vivido durante décadas.
«Es inhumano, es indecente y, sobre todo, tiene que ser ilegal», manifestó Lajarín, que responsabilizó a la especulación inmobiliaria y a la falta de protección efectiva de las personas vulnerables de que sigan produciéndose desahucios. El representante de UGT advirtió de que el problema no afecta únicamente a personas mayores, sino también a familias que huyen de la violencia machista, personas con empleos precarios y hogares que no pueden afrontar el coste del alquiler.
El sindicalista denunció asimismo que en la Región de Murcia se haya llegado a dictar una orden de desahucio contra una mujer de 90 años con alzhéimer. A su juicio, estos casos reflejan la insuficiencia de las respuestas institucionales ante situaciones de vulnerabilidad extrema.
Lajarín también criticó el rechazo parlamentario a los decretos estatales que pretendían frenar determinados desahucios e incorporar medidas de protección en materia de vivienda, señalando los votos del Partido Popular y Vox. El dirigente sindical reclamó que las administraciones con competencias en vivienda y servicios sociales amplíen el parque público y faciliten alquileres sociales a quienes no pueden acceder a una vivienda en el mercado.
Una huelga general como respuesta al encarecimiento de la vivienda
UGT defendió que la indignación social debe transformarse en movilización y anunció su apuesta por una huelga general el próximo 11 de noviembre. Lajarín vinculó esta convocatoria a dos reivindicaciones centrales: el aumento de los salarios y la reducción de los precios de la vivienda.
«Este descontento, esta vergüenza que estamos padeciendo, se tiene que traducir en una gran movilización y, sobre todo, en una gran huelga general en este país el próximo 11 de noviembre», declaró.
La muerte de Maricarmen pone rostro a una emergencia habitacional que golpea cada día a miles de familias. En 2025 se practicaron en España 25.540 lanzamientos judiciales, una media de alrededor de 70 al día, de los cuales 18.317 estuvieron vinculados a la Ley de Arrendamientos Urbanos, principalmente por impagos del alquiler. Ante esta realidad, CCOO y UGT reclaman que el homenaje se transforme en movilización para «frenar los desahucios, ampliar la vivienda pública y garantizar alquileres sociales y una protección efectiva para quienes no pueden hacer frente al coste de un hogar». La defensa del derecho a la vivienda se convierte así en una exigencia que interpela directamente a todas las administraciones y a un modelo capitalista depredador que permite que la falta de recursos desemboque en la pérdida de la casa.
