La cuenta oficial del cuerpo policial compartió el cartel del festejo a las 14:30 horas, pero no el de la protesta convocada para las 16:00. La Coordinadora por los Derechos de los Animales de la Región de Murcia denuncia que, por tercer año consecutivo, se impide a las organizaciones animalistas concentrarse junto a la plaza de toros portátil. El Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, no había respondido a las preguntas de este periódico al cierre de la información.
La Policía Local de La Unión ha difundido este domingo 11 de octubre, a las 14:30 horas, el cartel de la novillada prevista durante las fiestas patronales, mientras que la concentración antitaurina convocada para las 16:00 no ha recibido difusión en la misma cuenta institucional. La diferencia de tratamiento abre interrogantes sobre los criterios empleados para seleccionar los contenidos que se publican desde un canal oficial de un cuerpo policial y sobre la conveniencia de utilizarlo para promocionar un espectáculo taurino.
El festejo, organizado en el marco de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, fue presentado por la Peña Taurina Cultural junto al alcalde, Joaquín Zapata, del Partido Popular. Según la información difundida por el propio Ayuntamiento, el festival reúne a toreros y novilleros murcianos y se celebra a beneficio de la Real e Ilustre Cofradía del Cristo de los Mineros. El equipo de gobierno municipal está formado por PP y Vox.
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La ausencia de difusión de la protesta no demuestra por sí misma una vulneración legal ni una intención de silenciar al movimiento animalista. Sin embargo, la decisión de compartir el cartel taurino sin ofrecer la misma visibilidad a una convocatoria reivindicativa relacionada con el mismo espectáculo plantea una pregunta legítima sobre la neutralidad y la finalidad de la comunicación institucional por parte del cuerpo. La Policía Local tiene entre sus cometidos la protección de los derechos y libertades y la garantía de la seguridad ciudadana; la promoción de un festejo, en cambio, no constituye por sí misma una función policial.
La polémica adquiere mayor dimensión a raíz de la denuncia pública de la Coordinadora por los Derechos de los Animales de la Región de Murcia. En un comunicado remitido con motivo de la convocatoria, la organización sostiene que, por tercer año consecutivo, las entidades animalistas no han podido desarrollar su protesta en las inmediaciones de la plaza portátil, donde se celebra el espectáculo. Según la Coordinadora, se les obliga a manifestarse en una ubicación alejada, sin visibilidad efectiva ante el público taurino y sin posibilidad real de trasladar su mensaje a quienes acuden al festejo.
La organización cuestiona que las razones de seguridad invocadas por las administraciones puedan justificar unas restricciones que, a su juicio, vacían de contenido el derecho fundamental de reunión y manifestación reconocido en el artículo 21 de la Constitución. Por ello, reclama que las futuras convocatorias puedan celebrarse en un lugar próximo al evento taurino y visible para sus asistentes, garantizando al mismo tiempo la seguridad de todas las personas.
La denuncia sitúa el foco no solo en el trato que reciben las protestas antitaurinas, sino también en la responsabilidad de las administraciones a la hora de garantizar que el ejercicio de los derechos fundamentales no quede relegado a espacios sin capacidad efectiva de expresión pública. La legalidad de las restricciones concretas deberá valorarse atendiendo a la resolución de la autoridad competente, sus motivos y su proporcionalidad.
También queda pendiente aclarar el coste público del festejo. El presupuesto municipal anunciado para 2026 asciende a 16,48 millones de euros, pero, ante la falta de transparencia sobre el coste de la novillada por parte del equipo de gobierno municipal, no es posible determinar cuánto dinero público se destina a este evento. Este periódico no ha podido verificar una cifra específica de gasto municipal asociada al evento. Para conocerla será necesario examinar los contratos, las posibles aportaciones públicas y los gastos de organización o seguridad asumidos por las administraciones.
Desde La Protesta hemos contactado con el Ayuntamiento de La Unión para conocer qué criterios editoriales aplica a la cuenta oficial de la Policía Local, por qué se ha compartido el cartel taurino y si existe alguna directriz sobre la difusión de convocatorias reivindicativas. También hemos solicitado aclaraciones sobre el gasto público municipal vinculado al festejo. En el momento de redactar esta información, el Consistorio no había respondido a las preguntas trasladadas por este periódico.
La transparencia en el uso de las redes institucionales y la garantía efectiva del derecho de manifestación son cuestiones de interés público. El Ayuntamiento debe explicar qué criterios utiliza para comunicar desde sus canales oficiales y qué medidas adopta para garantizar que las personas y organizaciones críticas con una actividad puedan ejercer sus derechos en condiciones compatibles con la seguridad y el pluralismo democrático.
