La organización de derechos humanos Adalah ha recurrido ante el Departamento de Apelaciones de la Fiscalía del Estado israelí la decisión de cerrar los expedientes relativos a declaraciones de destacadas figuras públicas israelíes que, según denuncia la entidad, podrían constituir incitación directa y pública al genocidio, así como incitación a la violencia, al racismo y al terrorismo.
El recurso fue presentado el pasado 30 de julio por Adalah, organización jurídica dedicada a la defensa de los derechos de la población árabe en Israel, después de que las autoridades israelíes rechazaran abrir investigaciones penales sobre diversas declaraciones realizadas desde el inicio de la ofensiva sobre Gaza.
Según la organización, las autoridades llevan dos años sin investigar expresiones públicas y registradas en las que responsables políticos, figuras públicas y líderes religiosos habrían llamado abiertamente a la destrucción de la población civil palestina, al hambre y al desplazamiento forzoso de la población de Gaza.
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Adalah recuerda que ya en abril de 2024 presentó ante las autoridades una recopilación de más de 40 declaraciones pronunciadas por 21 altos cargos públicos, ministros, diputados de la Knéset y otras figuras públicas israelíes. La organización también remitió a una base de datos elaborada por Law for Palestine que, según señala, recoge más de 500 declaraciones de este tipo realizadas por funcionarios y personalidades públicas israelíes.
Tres casos señalados por Adalah
El recurso se centra específicamente en las decisiones de no investigar las declaraciones del rabino Eliyahu Mali, el exdiputado Moshe Feiglin y el periodista David Mizrahy Verthaim.
En el caso del rabino Eliyahu Mali, Adalah señala unas declaraciones realizadas el 7 de marzo de 2024 ante sus alumnos, en las que afirmó que la norma aplicable en Gaza era «no dejar un alma viva», incluyendo expresamente a mujeres y bebés. Según la organización, Mali llegó a justificar la inclusión de los menores argumentando que «hoy es un bebé, mañana es un combatiente».
El exdiputado Moshe Feiglin es señalado por haber reclamado reiteradamente convertir Gaza en «Dresde», provocar una «tormenta de fuego» sobre la Franja y «aplanarla», además de defender la «conquista, expulsión y asentamiento». En una declaración del 17 de octubre de 2023, según recoge Adalah, afirmó que «Gaza necesita ser aplanada y restaurada al dominio israelí».
Por su parte, Adalah acusa al periodista David Mizrahy Verthaim de haber reclamado abandonar el principio humanitario de proporcionalidad y aplicar una respuesta «desproporcionada» para convertir Gaza en un «matadero», al tiempo que describía a los palestinos como «animales humanos». La organización considera que este tipo de lenguaje constituye un patrón de deshumanización asociado a llamamientos a ejercer una violencia extrema.
La Fiscalía israelí rechazó abrir investigaciones
Adalah explica que el 12 de diciembre de 2024 el fiscal adjunto del Estado para Asuntos Especiales comunicó que había adoptado la posición de la Policía y que no abriría una investigación penal contra Mali.
Posteriormente, en enero de 2026, la Fiscalía General y el Fiscal del Estado notificaron oficialmente a la organización su decisión de no ordenar investigaciones penales a raíz del conjunto de declaraciones documentadas por Adalah.
En marzo de 2026, el Departamento de Apelaciones aclaró que, aunque las decisiones adoptadas directamente por el Fiscal General no podían ser recurridas por esta vía, Adalah sí podía impugnar las decisiones relativas a Mali, Feiglin y Verthaim. Sin embargo, cuando la organización solicitó acceder a los materiales del expediente para preparar su recurso, la Fiscalía rechazó la petición en mayo.
La abogada Muna Haddad, de Adalah, sostiene en el recurso que la decisión de no investigar se limita a afirmar de manera genérica que las declaraciones no justificaban una investigación penal, sin explicar las razones jurídicas, analizar los elementos de los delitos investigados ni justificar por qué las declaraciones no constituirían una sospecha razonable.
La organización considera, por el contrario, que se trata de declaraciones públicas, explícitas y registradas que superarían los umbrales establecidos por la legislación israelí para activar una investigación penal.
Adalah acusa a Israel de incumplir sus obligaciones internacionales
El recurso sostiene además que la negativa de las autoridades israelíes a investigar estas declaraciones vulnera las obligaciones internacionales de Israel en materia de prevención del genocidio.
Adalah invoca específicamente el artículo 3 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, que contempla como delito la «incitación directa y pública a cometer genocidio».
La organización también sostiene que la negativa de las autoridades israelíes contradice las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel, al considerar que estas medidas obligan a Israel a adoptar las actuaciones necesarias para prevenir y castigar la incitación al genocidio.
Adalah reclama así que las autoridades israelíes investiguen no solo los tres casos incluidos en el recurso, sino también el resto de declaraciones que la organización ha documentado desde el comienzo de la guerra en Gaza.
La entidad anuncia que presentará además una petición para que el Fiscal General y el Fiscal del Estado reconsideren su decisión de no ordenar investigaciones penales sobre las declaraciones realizadas por otros responsables políticos y figuras públicas.
El recurso llega mientras las organizaciones de derechos humanos mantienen una creciente presión sobre las autoridades israelíes para que investiguen las declaraciones públicas que consideran compatibles con la incitación a crímenes graves contra la población palestina.
Adalah sostiene que, ante llamamientos explícitos a la destrucción de población civil, el Estado no puede limitarse a archivar los expedientes sin una investigación que determine si se han cometido delitos. La cuestión, plantea la organización, no es únicamente qué se dijo públicamente, sino qué responsabilidad penal puede derivarse de esas declaraciones y qué obligación tienen las instituciones del Estado de actuar cuando se producen.
