Hoy se cumplen tres años desde las elecciones autonómicas en la Región de Murcia y el presidente Fernando López Miras ha aprovechado la fecha para anunciar una remodelación del Consejo de Gobierno en la recta final de la legislatura. El movimiento se presenta envuelto en un discurso de estabilidad, crecimiento económico y modernización institucional, pero llega marcado por la crisis política y sanitaria derivada del caso de las prótesis en el Servicio Murciano de Salud.
La reestructuración incluye la salida del consejero de Salud, Juan José Pedreño, y de la consejera de Agricultura, Sara Rubira, así como la incorporación de dos nuevas caras al Ejecutivo: Isabel Ayala, hasta ahora gerente del Servicio Murciano de Salud, que asume la Consejería de Salud, y Joaquín Buendía, exalcalde de Alcantarilla, que pasa a dirigir Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. Además, se producen ajustes relevantes en el reparto de competencias, con Marisa López Aragón ganando peso al asumir Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Transformación Digital y la portavocía, mientras Luis Alberto Marín pasa a Empresa, Empleo y Economía Social.
Desde la oposición, la lectura es clara: se trata de una operación de “maquillaje” político para amortiguar el impacto del caso de las prótesis caducadas en el SMS, una investigación que ya ha salpicado a la gestión sanitaria regional y que ha derivado en detenciones en el marco de las diligencias judiciales abiertas. En este contexto, la salida de Pedreño se interpreta no como una simple reorganización administrativa, sino como un cese encubierto, diseñado para evitar una destitución explícita en plena crisis.
Canal oficial
Diario La Protesta — Telegram
Noticias al instante, sin censura ni algoritmos.
El Gobierno regional, sin embargo, trata de sostener el relato de continuidad y refuerzo institucional, insistiendo en la idea de un Ejecutivo “más fuerte” para afrontar la recta final de la legislatura y defendiendo su gestión en materias como economía, vivienda o medio ambiente. La oposición, por su parte, insiste en que la remodelación no altera el fondo del problema: un modelo de gestión sanitaria bajo escrutinio, con sospechas de irregularidades y una creciente erosión de confianza institucional en el Servicio Murciano de Salud.
