La huelga general del 11 de noviembre tuvo en Murcia uno de sus momentos más multitudinarios con una manifestación que congregó a más de 70.000 personas, según las estimaciones de las organizaciones sindicales y el movimiento por la vivienda. Una auténtica marea humana tomó las calles de la capital del Segura para reclamar el derecho a una vivienda digna, salarios que permitan vivir, pensiones públicas suficientes y unos servicios públicos fuertes frente a las privatizaciones y los recortes.
La movilización arrancó desde la plaza Circular y avanzó por el centro de la ciudad hasta alcanzar la plaza de los Derechos LGTBI, donde tuvo lugar la lectura del manifiesto unitario. La participación desbordó las previsiones y convirtió las principales arterias de Murcia en un escenario de reivindicación colectiva, con una importante presencia de jóvenes, trabajadores, familias, pensionistas y activistas de distintos movimientos sociales.
Bajo consignas como «¡Huelga general!», «Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa» y «¡Que viva la lucha de la clase obrera!», la manifestación puso de manifiesto la conexión entre la crisis habitacional y el deterioro de las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora.
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Las pancartas y banderas de organizaciones sindicales, colectivos de vivienda, movimientos estudiantiles y plataformas sociales acompañaron una marcha que mantuvo su carácter reivindicativo durante todo el recorrido.
La convocatoria contó con la participación de CCOO, UGT, CGT, La Intersindical, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Vivienda de Murcia, CJS y otras organizaciones y colectivos sociales.
La vivienda, en el centro de la huelga general
Una de las principales señas de identidad de esta huelga general fue la incorporación de la lucha por la vivienda al conjunto de las reivindicaciones del movimiento obrero. El encarecimiento de los alquileres, la especulación inmobiliaria, los desahucios y las dificultades para emanciparse fueron algunas de las denuncias que atravesaron la manifestación.
El Sindicato de Vivienda de Murcia defendió que la movilización del 11N era la respuesta a una reivindicación que llevaba tiempo recorriendo los barrios y las calles. «En las movilizaciones de vivienda hemos cantado “hace falta ya, hace falta ya una huelga de alquileres, hace falta ya una huelga general” y no hemos parado hasta conseguirlo», recogía su intervención en el manifiesto.
La organización denunció que «la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas de nuestra sociedad», mientras «los bancos, los fondos de inversión y los grandes propietarios acumulan beneficios» y miles de familias trabajadoras destinan buena parte de sus salarios al pago del alquiler.
Frente a quienes presentan el problema como una cuestión individual, el manifiesto señaló directamente al modelo económico que convierte los hogares en mercancías. «No podemos responder un problema colectivo de manera individual, por eso la única respuesta es la autoorganización y la lucha sindical», defendió el Sindicato de Vivienda.
Entre sus principales reivindicaciones figuraron los contratos de alquiler indefinidos, una bajada drástica de los precios, el fin de las compras especulativas y la creación de un gran parque público de vivienda.
Paco Morote, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), puso el foco en la dimensión social de los desahucios y en la contradicción de que miles de familias pierdan sus hogares mientras existen millones de viviendas vacías. «Cada desahucio es una familia que pierde su seguridad, una infancia que pierde su hogar, una persona que ve cómo se derrumba el esfuerzo de toda una vida», denunció su intervención.
Según las cifras recogidas en el manifiesto, en el conjunto del Estado existen 3,9 millones de viviendas vacías, de las cuales 103.000 se encuentran en la Región de Murcia.
La PAH reclamó «la paralización de todos los desahucios y la garantía efectiva del derecho constitucional a una vivienda digna». También reivindicó la necesidad de medidas estructurales que protejan a las personas vulnerables y antepongan sus derechos a los intereses de las entidades financieras y los grandes propietarios.
«¡Ni casas sin gente, ni gente sin casas!», concluyó la intervención, que responsabilizó tanto al Gobierno regional como a los ayuntamientos de la falta de alternativas habitacionales para las familias amenazadas por los desahucios.
Salarios que permitan vivir y pensiones públicas dignas
La protesta también evidenció que la crisis de la vivienda no puede separarse de la pérdida de poder adquisitivo y de la precariedad laboral. Los sindicatos denunciaron que los salarios continúan sin responder al encarecimiento de los alimentos, la energía, el transporte y los alquileres, mientras determinados sectores empresariales siguen acumulando beneficios.
Joaquín Sánchez, de la HOAC, puso el acento en la situación de jóvenes que encadenan empleos inestables, mujeres que soportan la desigualdad laboral y la mayor parte de los cuidados, personas migrantes expuestas a la explotación y trabajadores que, pese a tener empleo, viven pendientes de llegar a fin de mes.
«No basta con crear empleo si ese empleo no permite vivir», defendió la organización, que reclamó estabilidad laboral, protección social, igualdad efectiva y garantías para todas las personas trabajadoras.
También advirtió de los intentos de cuestionar la sostenibilidad del sistema público de pensiones para justificar recortes y abrir la puerta a su privatización. «Las pensiones son un derecho conquistado, no un privilegio ni un negocio», reivindicó la HOAC.
Por su parte, CCOO denunció la desigual distribución de la riqueza y la pérdida de capacidad adquisitiva de la clase trabajadora. Su intervención señaló que en la Región de Murcia más de medio millón de personas viven en riesgo de pobreza o exclusión social y que más de la mitad de la población no puede llegar a fin de mes.
«La riqueza que generamos colectivamente no se está distribuyendo de manera justa», denunció el sindicato, que reclamó subidas salariales reales, el incremento del salario mínimo interprofesional y el desbloqueo de la negociación colectiva.
«El poder adquisitivo de los salarios no puede seguir sacrificándose para proteger los márgenes de beneficio empresarial», defendió CCOO.
UGT amplió las reivindicaciones laborales a las condiciones de trabajo, la salud y el tiempo de vida. El sindicato reclamó una reducción de la jornada laboral, una nueva ley de prevención de riesgos laborales y el fin de la persecución de las bajas por incapacidad temporal.
«Nadie debería verse obligado a elegir entre conservar su trabajo y proteger su salud», señaló Paqui Sánchez, Secretaria General de UGT en la Región de Murcia en su intervención, que también defendió que «nuestra existencia no puede reducirse a producir y consumir».
La organización reclamó igualmente pensiones públicas suficientes, con una revalorización vinculada al IPC, y unas condiciones que permitan afrontar la vejez sin miedo a la pobreza.
Contra el deterioro y la privatización de los servicios públicos
La defensa de la sanidad, la educación, los servicios sociales y los sistemas públicos de cuidados constituyó otro de los ejes fundamentales de la movilización.
IRM denunció la situación de los servicios públicos en la Región de Murcia, señalando las carencias de la educación pública, las listas de espera de dependencia y el deterioro de los servicios sociales.
«La sanidad, la educación, los servicios sociales y los sistemas públicos de cuidados son pilares fundamentales para garantizar la igualdad y la cohesión social», recogía su intervención.
La organización advirtió de que el deterioro de estos servicios perjudica especialmente a quienes menos recursos tienen, mientras las privatizaciones convierten necesidades esenciales en nuevas oportunidades de negocio.
Por ello, reclamó al Gobierno regional que refuerce la financiación, la gestión y la calidad de los servicios públicos y que asuma sus responsabilidades para garantizar los derechos de la población.
«Gobernar significa garantizar derechos, no eludir responsabilidades ni trasladar a las familias trabajadoras las consecuencias de las decisiones políticas», defendió IRM.
Una joven herida por el lanzamiento de una botella desde un balcón
La multitudinaria movilización también estuvo marcada por un grave incidente ocurrido durante el recorrido por la Gran Vía, cuando una botella de cristal, aparentemente de vino, fue arrojada desde el balcón de un edificio e impactó en la cabeza de una joven que participaba en la manifestación.
El golpe le provocó una herida con abundante sangrado y tuvo que ser trasladada al Hospital Reina Sofía. Otra manifestante sufrió heridas en una mano durante el incidente. La joven herida recibió el alta hospitalaria al día siguiente, según la información publicada por elDiario.es.
Los testimonios recogidos describieron momentos de conmoción entre las personas asistentes, que auxiliaron a la joven y reclamaron la intervención policial. Una de las testigos denunció la tardanza de los agentes en intervenir y cuestionó también el tiempo de respuesta de la ambulancia.
El coordinador regional de Podemos Víctor Egío denunció lo sucedido y apuntó al clima de criminalización política de la huelga general. «Un fascista ha arrojado una botella de cristal desde un balcón al paso de la manifestación por la vivienda en Murcia y ha herido de gravedad a una joven», escribió en sus redes sociales. Egío vinculó la agresión con los discursos de Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal contra la convocatoria del 11N: «Aquí están los frutos de la criminalización de la huelga de este 11N por Feijóo, Ayuso y Abascal».
El dirigente de izquierdas también denunció que durante la jornada se habían producido otros episodios de violencia: «Hoy hemos vivido varios intentos de atropello y agresiones como ésta». Tras trasladar su solidaridad a la joven, sus familiares y amistades, reclamó que se ponga fin a la impunidad de los responsables: «Hay que acabar con la impunidad de estos escuadristas».
Por su parte, la Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a la persona responsable del lanzamiento. El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, condenó públicamente la agresión.
El lanzamiento de la botella pudo tener consecuencias todavía más graves en una manifestación multitudinaria en la que participaban personas mayores, jóvenes, familias y menores de edad.
«Esta huelga general no es un punto final»
La jornada concluyó con la lectura de un manifiesto unitario a cargo de activistas y representantes de distintas organizaciones sociales y sindicales. Las intervenciones se repartieron entre el Sindicato de Vivienda de Murcia, la PAH, la HOAC, CCOO, UGT e IRM, antes de cerrar con un llamamiento conjunto a mantener la organización y la lucha.
El texto defendió que la vivienda, los salarios, las pensiones y los servicios públicos forman parte de una misma batalla por las condiciones de vida de la mayoría social. Las organizaciones vincularon las reivindicaciones de los barrios con las de los centros de trabajo y reivindicaron la organización colectiva frente a un modelo económico que antepone los beneficios privados a las necesidades de la población.
«¡Nuestras vidas valen más que sus beneficios!», proclamaron, reivindicando la solidaridad y la autoorganización como herramientas para conquistar derechos.
El manifiesto también lanzó un mensaje a quienes pretenden que la población acepte el deterioro de sus condiciones de vida como algo inevitable: «Nos negamos a resignarnos. Nos negamos a aceptar que vivir peor sea nuestro destino».
Las organizaciones recordaron que «ninguna conquista social fue un regalo: todas fueron fruto de la organización, la solidaridad y la lucha colectiva».
La lectura terminó con un compromiso de continuidad que sintetizó el sentido político de la jornada: «Esta huelga general no es un punto final, sino un paso más en una movilización que debe continuar».
La masiva respuesta en las calles de Murcia deja una imagen contundente del 11N: decenas de miles de personas que han convertido el malestar por la vivienda, los salarios, las pensiones y el deterioro de los servicios públicos en una demostración de fuerza colectiva. Una jornada que vuelve a situar la organización de la clase trabajadora y de los movimientos sociales en el centro del conflicto político y social de la Región.
Porque, como concluye el manifiesto unitario, seguirán organizándose, movilizándose y defendiendo sus condiciones de vida «hasta conseguir los cambios que necesitamos».
