Antonia, de 63 años y en situación de baja por enfermedad, junto a su familia, se enfrenta este martes 14 de abril a las 9:30 horas a un segundo intento de desahucio en su vivienda de la calle Martínez Campos de Alcantarilla. Tras lograr un aplazamiento el pasado mes gracias a la movilización social, colectivos por el derecho a la vivienda han hecho un nuevo llamamiento a la ciudadanía para impedir que esta familia vulnerable sea expulsada de su hogar.
La situación afecta a un núcleo familiar especialmente vulnerable: Antonia convive con su hija de 37 años, pensionista por incapacidad permanente, y con su hijo de 18 años, estudiante que se encontraba a punto de iniciar sus prácticas formativas. Tanto la madre como la hija cuentan con discapacidad reconocida, lo que agrava aún más la situación de desprotección.
El caso se remonta a la crisis hipotecaria de 2008. Antonia adquirió su vivienda hace más de dos décadas, pero tras no poder hacer frente a la hipoteca tuvo que entregar el inmueble mediante dación en pago, accediendo posteriormente a un alquiler social. Sin embargo, la vivienda fue transferida por Solvia al fondo Coliseum, que se ha negado a renovar dicho alquiler, situando a la familia al borde del desahucio.
Durante el anterior intento de lanzamiento, que fue paralizado temporalmente por la presión vecinal y la intervención de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ya se evidenció la gravedad del caso. El activista de la plataforma, José Antonio Vives, advertía entonces de que la familia “no tiene ninguna alternativa habitacional” y alertaba del incremento de procedimientos similares en la Región de Murcia, con más de una decena de casos activos en ese momento.
En la misma línea, el portavoz de la PAH, Paco Morote, denunció que este tipo de situaciones son consecuencia directa de decisiones políticas que han dejado desprotegidas a las familias vulnerables. En sus declaraciones, realizadas durante la paralización del primer intento de desahucio, señaló que la caída del escudo social ha dejado a muchas familias “a merced de los fondos buitre”, al tiempo que recordaba que las administraciones públicas con competencias en vivienda están obligadas a ofrecer soluciones de realojo.
La dureza de este proceso ha tenido también consecuencias directas en la salud de la familia. Durante el anterior intento de desahucio, Antonia sufrió un ataque epiléptico en plena calle, acompañado de episodios de ansiedad. Pese a que se solicitó asistencia sanitaria, no había ambulancias disponibles en ese momento, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital por la Policía Local, en un contexto que evidencia el deterioro de los servicios públicos básicos.
Desde los colectivos convocantes se insiste en que este caso no es aislado, sino un ejemplo de una tendencia creciente. Advierten de que, tras el fin de las medidas de protección, los desahucios están repuntando y podrían alcanzar cifras similares a las de la anterior crisis, afectando especialmente a familias que ya arrastraban situaciones de vulnerabilidad desde entonces.
Por su parte, la coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, Penélope Luna, denunció en su momento que este caso “simboliza las consecuencias de las políticas de la derecha en materia social”, recordando que se han eliminado mecanismos de protección frente a los desahucios y se han debilitado los servicios públicos. Asimismo, señaló la responsabilidad directa del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Alcantarilla, instándoles a garantizar alternativas habitacionales dignas.
Ante este nuevo intento de lanzamiento, la PAH y el resto de colectivos por la vivienda hacen un llamamiento urgente a la movilización ciudadana para frenar el desahucio y defender el derecho a la vivienda. “Hoy es Antonia, mañana puede ser cualquiera”, advierten.
Desde la asamblea local de Izquierda Unida en Alcantarilla también se han sumado a este llamamiento, instando a la ciudadanía a acudir y apoyar la concentración para impedir que una familia vulnerable sea expulsada de su hogar.
