Este domingo 1 de febrero, a las 12:00h en la península y a las 11:00h en Canarias, miles de personas se unirán en más de 70 ciudades españolas, incluyendo Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Cádiz, Málaga, Girona, Bilbao, Salamanca, Oviedo, A Coruña, Santander, Valladolid y Pamplona, en la manifestación estatal convocada por la Plataforma NAC (No a la Caza) para exigir el fin de la caza en todas sus modalidades, denunciar la explotación y abandono de galgos y podencos, y visibilizar el uso de dinero público para sostener cotos privados de la oligarquía. La protesta, organizada desde 2010 y que coincide con el Día Internacional del Galgo, se ha consolidado como la cita anual más importante del movimiento animalista estatal contra la caza, combinando reivindicación social, denuncia ecológica y justicia para los animales maltratados por un sistema que sigue considerando “herramientas” legales a los perros de caza.
La NAC denuncia que mientras millones de animales son torturados, abandonados o asesinados cada temporada, las grandes fincas cinegéticas reciben millones de euros en subvenciones públicas, incluso cuando pertenecen a familias multimillonarias. Según un informe de PACMA, diez de los principales cotos privados se llevaron entre 2019 y 2022 un total de 6,2 millones de euros en ayudas de la Política Agraria Común y de administraciones autonómicas. Entre ellos destacan El Castañar en Toledo, de los hermanos Finat, que recibió 2,46 millones de euros, y La Garganta, de 15.000 hectáreas en Ciudad Real, propiedad del duque de Westminster, con 1,4 millones de euros en subvenciones. Otras fincas relevantes incluyen El Lobillo y El Castaño, de Juan Abelló y la familia Botín, con 995.000 euros, Las Lomas en Cádiz, de los Mora-Figueroa Domecq, con 102.000 euros, y Los Altarejos en Sevilla, de Carlos March, con más de 580.000 euros. Fincas más pequeñas como El Tochar (Valencia), Los Alarcones (Jaén) y La Azagala (Cáceres) también recibieron 312.000 euros en total en el mismo periodo.
Para la NAC, estos datos no son meras cifras: representan la normalización institucional de la violencia animal y la privatización de beneficios públicos para las élites, mientras millones de animales siguen siendo sacrificados bajo la excusa de “tradición” o “deporte”. La manifestación del 1 de febrero pretende visibilizar esta contradicción, exigir la abolición de la caza con perro, la inclusión de los perros de caza dentro de la Ley de Bienestar Animal, y el fin de la financiación pública de los cotos privados. Además, la protesta busca concienciar sobre la responsabilidad social y política de proteger a los animales y cuestionar la permisividad del Estado frente a prácticas sangrientas y crueles.
Activistas, colectivos animalistas, redes ciudadanas, partidos y ciudadanía comprometida están convocados a llenar plazas y calles, desde Madrid hasta las capitales más pequeñas, para hacer visible la indignación social frente a la caza y el maltrato animal, y para demostrar que matar animales no puede ser legal ni rentable en una sociedad que pretende llamarse civilizada. La NAC recuerda que la movilización es apartidista, aconfesional y antiespecista, y que la participación masiva es clave para mantener la presión social y política sobre un sistema que sigue subvencionando el sufrimiento animal en nombre de la oligarquía y la tradición.
