El diputado autonómico de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha comparecido hoy en la rueda de prensa posterior a la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura, celebrada tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. La sesión ha contado también con la comparecencia del presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, cuyas declaraciones han vuelto a centrarse —según IU-Verdes— en la defensa de los intereses de un sector concreto sin contemplar otros ámbitos que afectan al Trasvase y que no pueden ignorarse a la hora de afrontar el futuro hídrico de la Región.
Álvarez-Castellanos ha subrayado que la realidad hidrológica actual exige una planificación seria, y ha recordado que las aportaciones en cabecera del Tajo han experimentado un descenso del 51% respecto a las décadas previas a la construcción del acueducto. Según el diputado, incluso los dos últimos años hidrológicos con aportaciones excepcionalmente altas “no rompen una tendencia clara de disminución de los aportes en cabecera vinculada al cambio climático”, lo que obliga a reconsiderar el volumen de recursos disponibles y las expectativas futuras del sistema.
El diputado ha insistido en que el trasvase no puede analizarse sin considerar el impacto ambiental del modelo agrícola intensivo que depende de él, especialmente en relación con la contaminación de los acuíferos y del Mar Menor. Ha recordado que existe consenso científico sobre que la acumulación de nitratos de origen agrario es la principal causa de su deterioro. “No se puede plantear una negociación sobre el trasvase sin tener en cuenta el derecho constitucional al medio ambiente saludable y las obligaciones derivadas de la sanción europea por contaminación”, ha señalado.
Asimismo, Álvarez-Castellanos ha defendido que la regulación del sistema de explotación del trasvase ha generado mayor estabilidad y ha evitado episodios como los diez meses consecutivos de trasvase cero registrados entre 2017 y 2018. Según ha explicado, la reforma de 2021 “no solo aportó seguridad, sino que incrementó la media mensual de envíos respecto al período regulado por el Memorándum de 2014”. También ha recordado que, hasta la fecha, ninguna resolución judicial ha respaldado los recursos interpuestos por el Gobierno regional o por otras comunidades autónomas contra la normativa vigente.
Ante este escenario, el parlamentario de IU-Verdes ha defendido la necesidad de abrir un proceso de diálogo que permita abordar una reconversión del modelo agrícola en la Región de Murcia, con objetivos claros a corto, medio y largo plazo. Ha reclamado además que se cumplan las medidas de transición ya comprometidas por el Gobierno central, como la ampliación de las desaladoras de Torrevieja y Valdelentisco: “Los plazos y volúmenes anunciados deben respetarse”.
Álvarez-Castellanos ha concluido que el trasvase “no puede seguir reduciéndose a un debate de «más agua» o «menos agua»”, sino que debe abordarse desde una perspectiva integral que combine disponibilidad real de recursos, sostenibilidad ambiental y planificación de futuro.
