El pasado 20 de mayo entró en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería, y con él se han intensificado las alarmas sobre el futuro inmediato de un sistema ya tensionado. Desde organizaciones sociales hasta sindicatos como CCOO advierten de las graves consecuencias que puede acarrear esta reforma, que introduce cambios estructurales en procedimientos clave como la residencia, la reagrupación familiar o la regularización de personas migrantes.
Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en la Región de Murcia, su Secretaria de Comunicación, María José Sánchez, advierte de que el nuevo reglamento llega “como un diluvio sobre un terreno ya inundado”. Según el sindicato, el texto normativo supone un aumento de la carga burocrática para las Oficinas de Extranjería sin que se haya previsto un incremento proporcional de medios humanos y materiales para hacerle frente.
Un sistema en caída libre
La situación previa ya era crítica. CCOO denuncia años de abandono institucional que se han traducido en déficits estructurales: falta de personal —con plantillas recortadas hasta un 30%—, ausencia de incentivos laborales como los complementos de productividad y sueldos sensiblemente inferiores a los de otros organismos públicos, como el SEPE o la Seguridad Social.
A todo ello se suma la imposibilidad de conseguir cita previa para realizar trámites básicos, una problemática agravada por la proliferación de sistemas fraudulentos de captación de turnos y la inacción de las administraciones públicas para atajarla. “Es un sistema que desgasta psicológicamente al personal y deshumaniza la atención a personas que ya vienen de situaciones vulnerables”, advierte Sánchez.
Migrantes y trabajadoras: víctimas de una gestión deshumanizada
Desde CCOO se acusa a la Administración de haber diseñado un modelo de gestión “frío, maltratante y centrado en sus propias necesidades antes que en las de las personas que debe proteger”. Una maquinaria burocrática, denuncia el sindicato, que “convierte en obstáculos lo que deberían ser derechos”, tanto para las personas migrantes como para quienes trabajan en su atención.
El nuevo reglamento, lejos de simplificar o agilizar los procedimientos, impone nuevas exigencias que, sin medios suficientes, sólo servirán para colapsar aún más el servicio, perpetuando la precariedad laboral y generando situaciones de “irregularidad sobrevenida” entre personas solicitantes de asilo y otras figuras vulnerables.
Una respuesta colectiva
Frente al “maltrato y el olvido institucional”, CCOO responde con movilización. El sindicato ha convocado una nueva jornada de protesta el próximo 16 de junio, que incluirá concentraciones frente a delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en todo el Estado, así como un paro de dos horas por parte del personal de las Oficinas de Extranjería.
La organización sindical hace un llamamiento a la ciudadanía “afectada o solidaria” a sumarse a la movilización, denunciando lo que consideran una gestión injusta y deshumanizada. “Nos quieren extranjeros incluso de nosotros mismos. Pero la respuesta está en la unión: trabajadoras, migrantes y ciudadanía, juntos frente a una Administración que sólo reacciona ante la firmeza colectiva”, concluye Sánchez.
