Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Trabajadoras Sexuales, la Asociación CATS –Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo– ha celebrado esta mañana una rueda de prensa en su sede de Murcia, en la que su presidenta, Fuensanta Gual, y miembros de la organización denunciaron las violencias estructurales que sufren las trabajadoras sexuales y reclamaron un cambio urgente en las políticas públicas, basado en derechos humanos, evidencia científica y la participación directa de las personas afectadas.
Gual recordó que CATS es una asociación, una ONG declarada de utilidad pública desde hace 14 años, que lleva casi 24 años ofreciendo servicios sociales y sanitarios a trabajadoras sexuales y trabajadores, así como a sus familias. Así como del campo de la investigación, la sensibilización social, la defensa de los derechos de las personas trabajadoras sexuales y la promoción de que se escuche su voz.
La presidenta de CATS destacó que la asociación apoya a otras organizaciones en todo el Estado, incluyendo al sindicato OTRAS, que recientemente ha publicado “su propuesta legislativa de despenalización del trabajo sexual, incluyendo su inclusión dentro del derecho laboral y de la seguridad social, sacándolo del Código Penal”.
El 17 de diciembre conmemora a las víctimas del Green River Killer y recuerda la vigilia celebrada en Seattle en 2003 para denunciar “el estigma, la indiferencia institucional y la violencia estructural que permitieron que estos crímenes se perpetuaran durante 16 años”. Desde entonces, esta fecha se ha convertido en un día internacional de memoria y denuncia, recordando que la violencia contra las trabajadoras sexuales “no es excepcional, sino que es el resultado de su marginación y criminalización”.
Durante la rueda de prensa, Gual subrayó que las políticas criminalizadoras “incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia, dificultan el acceso a la justicia y a la salud y empujan a las trabajadoras sexuales a contextos más inseguros”. Citando informes de Amnistía Internacional y evaluaciones de países como Suecia e Irlanda, advirtió del fracaso del modelos abolicionistas que “tras 15 años de aplicación del modelo sueco, la policía sueca reconoció en su informe de 2014 que no había evidencias de reducción de la trata, mientras sí se constataban mayores riesgos y clandestinidad para quienes ejercen el trabajo sexual”. De manera similar, “el informe del gobierno de Irlanda concluyó que sus políticas criminalizadoras habían fracasado en proteger a las personas afectadas y en cumplir los objetivos proclamados”.
CATS enfatizó que, por el contrario, “la despenalización se asocia a mejores condiciones de seguridad, mayor capacidad de organización, acceso efectivo a derechos y colaboración con las instituciones para combatir la violencia y la explotación real”, sexual, como
propone el sindicato OTRAS, permitiendo mejorar las condiciones laborales, garantizar derechos como la baja médica y la pensión, y contribuir a las arcas públicas.
Por su parte, Vera, trabajadora sexual y miembro de la junta directiva de CATS, puso sobre la mesa la desconfianza hacia la policía, “¿Voy a fiarme de la policía o llamarles si me multan, si me quitan el trabajo multando a mis clientes o me amenazan con quitarme la custodia de mis hijos? La respuesta es que no”.
En el contexto español, denunciaron que “el Partido Socialista ha intentado durante 2025 impulsar una ley abolicionista de la prostitución sin éxito, esta vez desde el Senado. Estos intentos han estado marcados por la falta de diálogo con las trabajadoras sexuales, por la ausencia de evidencias que respalden su propuesta y por escándalos internos que evidencian la incoherencia entre su discurso moral y las prácticas dentro del propio partido. Insistir en un modelo fracasado, ignorando las experiencias internacionales y la voz de las trabajadoras sexuales, no es proteger, sino perpetuar la violencia, sembrar odio hacia las trabajadoras y ganar votos a su costa”.
Por ello, las miembras de CATS exigieron “políticas basadas en derechos humanos, la despenalización del trabajo sexual, el acceso a la protección social y jurídica y acabar con el estigma. Dar reconocimiento legal a las trabajadoras sexuales, tal y como propone el sindicato OTRAS, protegería a las trabajadoras sexuales de la violencia, mejoraría sus condiciones de trabajo y les daría acceso a derechos básicos como la vivienda, la baja médica o la pensión, y al mismo tiempo podrían contribuir a la arca del Estado”.
La asociación también quiso recordar a las víctimas, “Recordamos a quienes ya no están y afirmamos que ninguna persona merece violencia, silencio ni exclusión. Sin las trabajadoras sexuales no hay políticas eficaces; con nosotras hay derechos, seguridad y dignidad”.
Durante la sesión de preguntas, se abordó la violencia directa que muchas trabajadoras sexuales sufren y la falta de protección institucional. Vera, relató un caso estremecedor: “Una compañera española trabajaba en una comunidad autónoma donde se multan a las que trabajan en la calle y a los clientes. En la calle, subió al coche de un cliente, que la drogó con algo que le añadió a la bebida y la violó junto a su amigo durante días. Ella estaba semi inconsciente y no se atrevió a denunciar porque decía: ‘¿Cómo voy a denunciar si la policía me multa y me trata mal? Si voy ahí me van a decir que es parte de mi trabajo’… Este caso no se denunció, y estoy segura de que este cliente usa este esquema con otras trabajadoras sexuales y puede ser que también con no trabajadoras sexuales. Es super grave, pero no está denunciado”.
Sobre la propuesta legislativa abolicionista que pretende impulsar la ministra de Igualdad, CATS advirtió que con esta ley de tipo prohibicionista, se “pretende cerrar los lugares donde se ejerce la prostitución e incluso impedir que una trabajadora independiente pueda alquilar una habitación para trabajar sin proxeneta ni intermediarios. También criminaliza a los clientes y penaliza a las mujeres más vulnerables. La propuesta se hará sin la participación de las trabajadoras sexuales, solo con grupos feministas que creen entender el tema. Es una ley condenada al fracaso”.
Además, la presidenta del colectivo cuestionó la visión ideológica sobre los clientes, “Un estudio nuestro preguntó si la mayoría de los clientes eran abusadores o maltratadores, como dice el PSOE. Solo el 4% de las mujeres dijo que la mayoría intentaba abusar; el 55% dijo que la mayoría se comporta correctamente, y el 36% que algunos son abusadores y otros se comportan correctamente. Ser cliente de prostitución no significa nada por sí mismo. Hay clientes abusadores y otros que se comportan correctamente, igual que en cualquier relación personal”.
Respecto a la asistencia que brinda CATS a las trabajadoras víctimas de violencia, la asociación ofrece “servicios jurídicos, trabajadoras sociales para apoyo en vivienda y cuidado de menores, mediación, atención psicológica y consulta médica. No tenemos casa de acogida, pero derivamos a otras ONGs en coordinación. Cada persona decide qué necesita dentro de los servicios que le podemos ofrecer”. La asociación reconoció que, aunque reciben pequeñas subvenciones del Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma, su situación económica “es precaria”.
Para evidenciar la ineficacia del modelo nórdico, Vera invitó a comprobar en internet, “Busquen ‘Stockholm Escort’ o ‘Oslo Escort’. Saldrán páginas con anuncios de trabajadoras sexuales todavía, incluso después de décadas aplicando el modelo sueco. En grandes ciudades de Suecia han crecido los masajes tailandeses como alternativa encubierta. Está clarísimo: la ley no funciona, solo hace daño a las trabajadoras sexuales”.
Por último, CATS concluyó la rueda de prensa reafirmando que “sin las trabajadoras sexuales no hay políticas eficaces; con ellas, hay derechos, seguridad y dignidad. Ninguna persona merece violencia, silencio ni exclusión”.
