El pasado viernes 10 de enero numerosos vecinos y vecinas de Las Torres de Cotillas, en la provincia de Murcia, se concentraban ante la vivienda de la Concejala de Economía y Hacienda, Recursos Humanos y Personal, Urbanismo, Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, Isabel María Zapata Rubio, del partido ultraderechista Vox.
El motivo de la convocatoria fue la de denunciar públicamente la maniobra del equipo de gobierno municipal, dirigido por Vox y el Partido Popular, encabezado por el edil Pedro José Noguera (PP). La maniobra para avalar la instalación de una macroplanta sumamente contaminante de biogás en el municipio, ha topado con la firme voluntad del vecindario, quienes decidieron formar la plataforma apartidista Stop Biogás.
Como señalan los documentos expuestos por los portavoces en la localidad, al parecer tanto la concejala Isabel Zapata como el edil Noguera, habrían falseado la verdad acerca de una presuntas votaciones para avalar este asunto, negando la posibilidad de votar a los vecinos y vecinas de Las Torres. La maniobra para dar credibilidad a una medida que dañaría el aire que respiramos todos los ciudadanos, así como la severa degradación ambiental, fue la de contratar a la profesora María Antonia González Salcedo del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia.
Como hemos publicado en exclusiva en LaProtesta.es y según los documentos que detenta nuestra redacción, la cantidad abonada para que la doctora Salcedo diera su consentimiento a la instalación de esta nociva planta de biometano fue de 15.125 euros. El contrato se realizó entre la profesora y a través de la Universidad de Murcia, por lo que según estos documentos y a la espera de la manifestación pública de su rector José Luján Alcaraz, la institución que él dirige (UMU) sería cómplice de este presunto entramado.
El «pelotazo» multimillonario, habría sido promovido, según indican nuestras fuentes, por Tomás Fuertes, jefe del grupo El Pozo. El objeto sería el de esconder millones de toneladas de deshechos tóxicos industriales de sus macrogranjas. Por su parte la energética Enagás habría mediado entre el PP, Vox y el señor Fuertes, a través de su Consejero delegado Antón Martínez.
