La solidaridad vecinal ha vuelto a frenar una injusticia en la capital murciana. Esta mañana estaba previsto el desahucio de Maryam Lamidi, una mujer nigeriana de 63 años que vive sola en la calle Santa Rita, del barrio de La Fama en Murcia. Finalmente, el lanzamiento de desahucio ha sido aplazado hasta el 13 de enero, tras un acuerdo alcanzado en el juzgado entre la parte propietaria y la defensa de la afectada, a instancias de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y la Asociación de Nigerianos, que acompañan su caso desde hace semanas.
Maryam firmó en 2015 un contrato de alquiler con el anterior propietario, Marou Goumbane, antes de que la vivienda fuera embargada por la entidad financiera UCI. Desde entonces, su situación se ha ido deteriorando: vive con graves problemas de salud, sin ingresos ni documentación vigente, en un quinto piso sin ascensor y sin apoyo familiar.
A las puertas del edificio se han vivido momentos de emoción, tensión y tristeza, con decenas de vecinas y activistas reclamando el derecho a una vivienda digna y denunciando la falta de respuesta institucional por parte del equipo de gobierno del PP de José Ballesta. Han participado la PAH Murcia, el Sindicato de Vivienda, el colectivo Yayoflautas, la Asociación de Nigerianos, el Colectivo AfroMurcia y miembros de la Red de Mayores de Izquierda Unida-Verdes, entre otros colectivos solidarios.
Según José Antonio Vives, portavoz de la PAH, “la situación de Maryam es extrema: está enferma, sin ingresos ni documentación. Lo único que pedíamos era tiempo para encontrarle una habitación o un lugar donde pueda vivir con dignidad, y finalmente se ha conseguido”. Vives ha señalado que “el juzgado ha hecho un esfuerzo y la parte propietaria también, pero la falta de alternativas públicas sigue siendo una vergüenza”.
Desde Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia han celebrado el aplazamiento temporal como “un alivio que no resuelve el fondo del problema”, y han exigido al Ayuntamiento de Murcia y al Gobierno regional de López Miras que actúen de inmediato para garantizar una alternativa habitacional para Maryam.
Según fuentes de la formación de izquierdas, recuerdan que el artículo 47 de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho a una vivienda digna y a impedir la especulación, y se denuncia que “mientras las administraciones miran hacia otro lado, son los vecinos y los colectivos sociales quienes sostienen la dignidad de las personas más vulnerables”.
