El portavoz estatal de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Paco Morote, ha advertido este miércoles en la Asamblea Regional de Murcia de que el proyecto de ley de vivienda asequible impulsado por el Gobierno de Fernando López Miras no garantiza una solución a la crisis habitacional y favorece, a su juicio, los intereses de los promotores inmobiliarios y de la especulación urbanística. Durante su comparecencia ante la Comisión de Política Territorial, Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Morote ha reclamado medidas para contener los precios, ampliar el parque público de alquiler y frenar la especulación.
«Este decreto es simplemente un fuerte estímulo para la construcción. Punto. No va a solucionar ningún problema», ha resumido el portavoz de la PAH al cuestionar una iniciativa que, según ha denunciado, no fija precios máximos para las viviendas asequibles, permite que pierdan su protección y no establece medidas suficientes para aprovechar el parque residencial existente.
La comparecencia ha comenzado con un minuto de silencio por Mari Carmen, Javier y Olga, a quienes Morote ha recordado como víctimas del rentismo. Los diputados del PP se han levantado para participar en el homenaje, pese a que su partido ha bloqueado iniciativas de apoyo institucional a mujer de 87 años fallecida recientemente, tras ser desahuciada por Urbagestión en Madrid, y mantiene una política de vivienda que no ofrece una respuesta suficiente a quienes se enfrentan a un desahucio. El portavoz ha defendido que el debate sobre la vivienda debe partir de las consecuencias humanas de la especulación y los desahucios, frente a una política que, en su opinión, continúa tratando los hogares como activos para obtener rentabilidad.
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Una vivienda cada vez más cara y un parque público residual
Morote ha expuesto la evolución de los precios en la Región de Murcia durante los últimos cuatro años: el alquiler ha aumentado un 34% y la compra de vivienda, un 52%, mientras que los salarios han crecido alrededor de un 15%. Esta brecha agrava la pérdida de poder adquisitivo de las familias trabajadoras y dificulta el acceso a una vivienda incluso para quienes tienen empleo.
La situación se combina con un parque público extremadamente reducido. Según los datos presentados por el portavoz, la comunidad autónoma gestiona 2.371 viviendas, equivalentes al 0,28% del total. Morote ha contrapuesto esta cifra a una media europea de vivienda pública superior al 9%, subrayando la falta de alternativas residenciales fuera del mercado privado.
«A la pérdida de poder adquisitivo por la no subida de los salarios hay que incrementarle la pérdida de poder adquisitivo por la sí subida de los alquileres», ha explicado, señalando que la Región de Murcia presenta, además, uno de los salarios medios más bajos del Estado.
El representante de la PAH ha relacionado esta situación con las políticas desarrolladas tras la crisis financiera de 2008. Ha criticado el rescate bancario, la creación de la Sareb, los incentivos fiscales a las SOCIMI, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 y la venta de viviendas públicas a grandes inversores. A su juicio, estas decisiones contribuyeron a consolidar un modelo inmobiliario que prioriza la rentabilidad sobre la función social de la vivienda.
También ha alertado de que algunos fondos y entidades financieras están vendiendo viviendas ocupadas individualmente, trasladando a nuevos propietarios la posibilidad de no renovar contratos y expulsar a las familias residentes.
Desahucios y transformación de los barrios populares
El portavoz de la PAH ha advertido de la presión inmobiliaria sobre los barrios murcianos de La Paz y La Fama, así como sobre Espinardo. Según ha denunciado, determinados fondos buscan hacerse con viviendas en estas zonas para transformarlas socialmente, desplazando a sus habitantes tradicionales.
«El objetivo no es recuperar la vivienda, el objetivo es hacerse con eso», ha afirmado Morote al referirse a los desahucios que, según su análisis, se producen en estos barrios. Ha alertado de que la revalorización posterior puede expulsar a familias humildes que llevan décadas viviendo allí, destruyendo sus redes comunitarias y facilitando la entrada de población con mayor capacidad económica.
Durante su intervención inicial, Morote ha cifrado en 6.858 los desahucios registrados en el periodo de 2021 a 2025 al que se refirió, sin incluir el último trimestre de ese año. De ellos, 3.792 correspondieron a procedimientos relacionados con el alquiler, 2.642 a ejecuciones hipotecarias y 424 a otras causas.
El portavoz también ha advertido de un posible repunte de los desahucios tras la caída de los decretos estatales de protección antidesahucios y ha señalado la elevada incidencia de nuevas ejecuciones hipotecarias en la Región de Murcia.
La PAH exige aplicar la ley estatal y declarar zonas tensionadas
Frente al proyecto autonómico, Morote ha reclamado aplicar íntegramente la Ley estatal 12/2023 por el derecho a la vivienda y declarar zonas de mercado residencial tensionado en Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura y Alcantarilla, con la posibilidad de incorporar posteriormente otros municipios que cumplan los requisitos legales.
La plataforma sostiene que estas medidas permitirían contener las subidas del alquiler sin esperar a que se construyan nuevas promociones. Morote ha defendido que el Gobierno regional dispone de herramientas para actuar de inmediato, en lugar de confiar la solución a objetivos de construcción cuyo cumplimiento considera incierto.
Entre sus propuestas figuran un programa plurianual de vivienda pública en alquiler, con objetivos anuales de construcción, adquisición y rehabilitación; presupuestos e indicadores de ejecución; medidas específicas para las zonas de mayor presión residencial; y actuaciones sobre las viviendas vacías, el alquiler turístico y los arrendamientos de temporada y por habitaciones.
El portavoz ha recordado que en la Región de Murcia existen, según los datos que expuso, unas 103.000 viviendas deshabitadas. Ha criticado que el proyecto no establezca mecanismos suficientes para movilizarlas y que permita que las viviendas protegidas pierdan esa condición, lo que impediría consolidar un parque público estable.
«Se establece unos niveles de renta de acceso a la vivienda excesivamente elevados, de manera que se va a facilitar el acceso a quien no necesitaría las ayudas y se va a excluir, en consecuencia, a quien sí las necesita», ha advertido.
El PSOE cuestiona la eliminación de los precios máximos
El diputado socialista Miguel Ortega ha coincidido con la PAH en que el precio constituye el principal obstáculo para acceder a una vivienda en la Región de Murcia. Durante su intervención, ha criticado que el proyecto elimine el precio máximo de la vivienda asequible que figuraba en la propuesta anterior y permita conceder beneficios urbanísticos a los promotores sin garantizar que las viviendas resultantes sean realmente accesibles.
«El principal problema de la vivienda es el precio», ha afirmado Ortega, quien ha cuestionado que la Administración subvencione la construcción sin fijar límites económicos que aseguren el acceso de las familias con ingresos modestos.
El diputado socialista también ha advertido de que las viviendas protegidas pueden perder esa condición y pasar al mercado privado. «Estamos construyendo por primera vez un nuevo concepto de vivienda, que es la vivienda pública especulativa», ha señalado, al cuestionar que las ayudas públicas puedan terminar beneficiando a propietarios privados sin garantizar una función social permanente.
Ortega ha criticado, además, la ausencia de un registro de demandantes de vivienda en el nuevo proyecto y ha preguntado si una persona con ingresos de 1.300 euros mensuales podrá acceder a una vivienda en las condiciones planteadas. Asimismo, ha reprochado al Ejecutivo regional la falta de resultados en materia de promoción pública durante sus años de gobierno y la tramitación acelerada de la iniciativa.
Vox pone la propiedad privada por delante de la emergencia habitacional
El diputado de Vox Ignacio Arcas ha centrado su intervención en la normativa de protección de los consumidores en los procedimientos de ejecución hipotecaria. Ha citado la legislación española y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cláusulas abusivas para defender que existe un marco jurídico que permite a los afectados impugnar determinadas ejecuciones y revisar procedimientos hipotecarios.
«Hay que ponderar la protección del consumidor con el perjuicio que se le causa al consumidor a la hora de acceder a una hipoteca», ha planteado el diputado, quien ha advertido de que una mayor protección podría dificultar el acceso al crédito para personas con menores recursos.
Arcas también ha preguntado a Morote cómo debería equilibrarse la protección de las familias frente a los desahucios con el derecho a la propiedad privada y hasta dónde debe llegar la intervención pública para que el sistema pueda sostenerse.
En su respuesta, el portavoz de la PAH ha cuestionado que el debate se centre en las garantías jurídicas de los propietarios mientras grandes fondos internacionales obtienen ingresos del mercado residencial. «En su prioridad nacional debiera ser proteger a esos 8 millones frente a estos fondos que están explotando aquí a la gente», ha afirmado Morote, en referencia a las personas que viven de alquiler en España.
El representante de la plataforma ha enumerado fondos de Estados Unidos, Canadá, Australia y Singapur y ha sostenido que el rentismo no genera riqueza mediante la producción, sino que extrae ingresos de quienes necesitan acceder a un bien esencial. Para reforzar su argumento, ha recordado las críticas al rentismo de economistas clásicos del liberalismo como Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill.
El Grupo Mixto reclama garantías según los ingresos familiares
La diputada del Grupo Parlamentario Mixto María Marín ha rechazado la orientación del proyecto y ha cuestionado el propio concepto de vivienda asequible si no se garantiza que las familias puedan cubrir también sus necesidades básicas.
«¿Asequible para quién?», ha preguntado Marín, al señalar que una vivienda no puede considerarse accesible si obliga a elegir entre pagar el alquiler y cubrir gastos como la alimentación, la electricidad, el transporte o la educación.
La parlamentaria de izquierdas ha reclamado garantías vinculadas a los ingresos reales de cada hogar y ha planteado establecer como referencia un esfuerzo económico máximo del 30% de la renta familiar, teniendo en cuenta también los suministros básicos. Asimismo, ha cuestionado que los requisitos mínimos de ingresos puedan excluir a hogares que no alcanzan el IPREM, pese a encontrarse entre los que más necesitan la protección pública.
Marín ha advertido de que los plazos previstos para modificar el régimen de protección pueden convertir la vivienda protegida en una solución temporal, en lugar de responder a una necesidad estructural. «Nuestra responsabilidad es que cada medida aprobada aquí se traduzca en seguridad para las personas», ha defendido.
La diputada ha ofrecido trasladar las propuestas de la PAH a enmiendas parlamentarias y ha reclamado medidas que permitan a las familias permanecer en sus barrios, mantener a sus hijos en sus centros educativos y vivir sin el temor permanente a perder su hogar.
El PP vende como solución una ley que prioriza la construcción
El diputado popular Antonio Landáburu ha defendido el proyecto del Gobierno regional como una respuesta a la falta de oferta residencial, especialmente para jóvenes y familias que tienen ingresos, pero no pueden asumir los precios actuales.
«Necesitamos suelo disponible, proyectos viables y una administración que resuelva a tiempo», ha afirmado el representante del PP, quien ha defendido las medidas de agilización urbanística, rehabilitación y reducción de obstáculos administrativos para acelerar la construcción de nuevas viviendas.
Landáburu ha sostenido que las ayudas al alquiler y la atención a las familias vulnerables deben ir acompañadas de una mayor oferta. También ha criticado al Gobierno central por los anuncios que, a su juicio, no se han materializado y ha reivindicado la capacidad de las comunidades autónomas para impulsar sus propias políticas residenciales.
El diputado popular ha asegurado que la ley permitirá avanzar hacia el objetivo de 25.000 viviendas asequibles en cinco años. Sin embargo, Morote ha cuestionado que la iniciativa pueda resolver la emergencia habitacional si no establece precios máximos, no consolida un parque público permanente y no interviene sobre el mercado de alquiler existente.
El portavoz de la PAH ha recordado, además, que el proyecto se apoya en un objetivo de construcción de 5.000 viviendas anuales que considera insuficiente para responder a las necesidades acumuladas y cuyo cumplimiento ha puesto en duda.
La PAH llama a reforzar la movilización social
En su valoración posterior a la comparecencia, Morote ha expresado su escasa confianza en que el proyecto incorpore las propuestas de la plataforma. Ha considerado que la sesión representa una oportunidad perdida para abordar las causas estructurales de la crisis habitacional y ha criticado la posición de PP y Vox.
Sobre el minuto de silencio inicial, el portavoz ha señalado que los diputados del PP se sumaron al gesto, aunque previamente habían votado en contra de una declaración institucional de apoyo al derecho a la vivienda. Los representantes de Vox, según ha explicado, permanecieron sentados durante el homenaje.
«Yo a mí me da igual. He consumido un minuto de mi tiempo en recordar a esta gente que son víctimas del rentismo, que son víctimas de la especulación y de la avaricia», ha afirmado Morote en su valoración posterior.
El portavoz ha insistido en que la vivienda vacía, los alquileres turísticos y la ausencia de un parque público estable siguen sin recibir una respuesta suficiente en el proyecto autonómico. Frente a una política centrada en aumentar la oferta inmobiliaria, la PAH reclama medidas que garanticen el acceso a una vivienda digna y protejan a quienes no pueden afrontar los precios del mercado.
«La lucha es el único camino», ha concluido Morote, llamando a reforzar las movilizaciones y a participar en la huelga general convocada para el 11 de noviembre.
La comparecencia ha evidenciado dos enfoques enfrentados: el del Gobierno regional y el PP, que sitúan el aumento de la oferta y la agilización urbanística en el centro de su propuesta, y el de la PAH y los grupos que han cuestionado el proyecto, que reclaman precios regulados, vivienda pública permanente y medidas directas contra la especulación.
