Más de 20.000 personas, según las cifras facilitadas por los organizadores, han recorrido este domingo las calles de Murcia en una multitudinaria manifestación por el derecho a la vivienda, desde la plaza de la Cruz Roja hasta el Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma. La movilización, convocada por el Sindicato de Vivienda de Murcia y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha llevado al centro de la capital murciana el hartazgo de miles de personas ante unos alquileres cada vez más inaccesibles, los desahucios y la falta de soluciones políticas a una crisis que golpea especialmente a la clase trabajadora.
La protesta se ha celebrado después de que el Congreso de los Diputados rechazara el pasado viernes los dos decretos vinculados a las medidas de protección en materia de vivienda. Las organizaciones convocantes han denunciado que el resultado parlamentario vuelve a dejar a miles de familias expuestas a la inseguridad residencial, mientras los intereses de los grandes propietarios y los fondos de inversión inmobiliaria continúan condicionando las políticas públicas.
La indignación por el desahucio de Mari Carmen, el caso de Olga y las numerosas familias que se enfrentan a situaciones similares han estado presentes durante la jornada. Sin embargo, las organizaciones han insistido en que la movilización va mucho más allá de casos individuales y responde a un problema estructural que atraviesa a una parte creciente de la sociedad.
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«Esta rabia no es solo por el caso de Mari Carmen, por el caso de Olga o por cualquier otro caso en particular. Es la rabia acumulada durante años por cada desahucio, por cada subida abusiva del alquiler, por cada burofax que ha venido a desestabilizar las vidas de las familias trabajadoras», ha explicado Jorge Molina, portavoz del Sindicato de Vivienda de Murcia, antes del inicio de la marcha.
«Vamos a acabar con el negocio de la vivienda»
Molina ha denunciado que el rechazo de los decretos evidencia, a su juicio, que las instituciones continúan priorizando los intereses de los especuladores frente a las necesidades de la mayoría social. También ha cuestionado al Gobierno central por presentar la actual legislatura como la de la vivienda sin haber conseguido, según ha afirmado, mejorar sustancialmente las condiciones de acceso a un hogar.
Frente a esta situación, el portavoz ha defendido que la movilización no puede limitarse a concentraciones y manifestaciones puntuales, sino que debe traducirse en organización permanente de la clase trabajadora.
«No vamos a parar hasta conseguir que los contratos de alquiler sean indefinidos. No vamos a parar hasta conseguir una bajada drástica de los precios de los alquileres, hasta parar todos los desahucios y hasta recuperar las viviendas que están en manos de los fondos buitre y ponerlas al servicio de las necesidades de la clase trabajadora», ha proclamado.
El Sindicato de Vivienda de Murcia sitúa entre sus objetivos la convocatoria de una huelga general que conecte la lucha por la vivienda con las reivindicaciones laborales y la respuesta al encarecimiento del coste de la vida.
«Vamos a culminar esta movilización histórica con la llegada a la huelga general, una huelga general de los sindicatos de vivienda y de los sindicatos laborales, una huelga general por la vivienda y también por la carestía de la vida», ha anunciado Molina.
La Región de Murcia, entre los salarios bajos y los alquileres inaccesibles
Por su parte, Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha advertido de que la situación de la vivienda en la Región de Murcia presenta dificultades especialmente graves por la combinación de salarios bajos, encarecimiento de los alquileres y precios de compraventa que quedan fuera del alcance de buena parte de la población.
Morote ha criticado la política de vivienda del Gobierno regional, al que acusa de ofrecer medidas insuficientes que no abordan las causas del problema.
En materia de alquiler, ha cuestionado las ayudas destinadas a la población joven, dotadas con 16 millones de euros, al considerar que, sin mecanismos de control de precios, una parte de los recursos públicos termina beneficiando a los propietarios rentistas sin garantizar una solución estable a quienes necesitan una vivienda.
El portavoz de la PAH también ha señalado las limitaciones del denominado aval joven para la compra de vivienda y ha denunciado la escasez de vivienda pública en la comunidad autónoma. Según los datos expuestos por Morote, mientras el parque de vivienda pública se sitúa en torno al 3 % en el conjunto estatal, en la Región de Murcia ni siquiera alcanza el 1 %.
Asimismo, ha cuestionado la propuesta autonómica de vivienda asequible por contemplar, según ha explicado, límites de ingresos de hasta 54.000 euros y permitir que las viviendas puedan pasar al mercado privado después de cinco años.
Frente a este modelo, la PAH reclama más vivienda pública de gestión pública y protegida de manera permanente, además de la aplicación de la Ley estatal de Vivienda en los municipios donde puedan establecerse medidas de contención de los precios del alquiler.
Morote ha señalado expresamente a Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura y Alcantarilla como localidades que podrían beneficiarse de estas medidas. También ha exigido que las administraciones cumplan con sus obligaciones ante los procedimientos de desahucio y ofrezcan respuestas efectivas a las familias afectadas.
«Llevamos muchos años sin que se haga nada en materia de vivienda en esta región», ha denunciado, antes de advertir de que las organizaciones continuarán impulsando nuevas movilizaciones.
«240.000 desahucios bajo el Gobierno más progresista de la historia»
Durante el recorrido, una activista del Sindicato de Vivienda de Murcia ha tomado la palabra con un megáfono para denunciar la responsabilidad del Gobierno central en la persistencia de los desahucios y la falta de soluciones habitacionales.
«El Gobierno del Partido Socialista se presentó como el gobierno que iba a solucionar el problema de la vivienda. Dijo que no dejaría a nadie en la calle, pero, ocho años después, son 240.000 los desahucios que se han ejecutado bajo el Gobierno progresista», ha afirmado.
La intervención ha cuestionado la confianza en las instituciones y ha defendido la necesidad de fortalecer las organizaciones de vivienda y los sindicatos laborales combativos para disputar el actual modelo inmobiliario.
«Por eso no confiamos en los políticos de las instituciones, porque son cómplices del rentismo. Sabemos que esta situación solo se resuelve mediante la organización en sindicatos de vivienda y sindicatos laborales combativos», ha sostenido la activista.
La denuncia ha conectado con el mensaje central de la jornada: la vivienda no puede seguir funcionando como un instrumento de extracción de rentas a costa de las necesidades básicas de la población.
Un manifiesto contra el rentismo y por la expropiación de los fondos buitre
La manifestación ha culminado frente al Palacio de San Esteban con la lectura de un manifiesto en el que las organizaciones han reivindicado la vivienda como un derecho y no como una mercancía.
El movimiento por la vivienda ha responsabilizado al modelo inmobiliario y a las decisiones políticas de la inseguridad que padecen miles de familias, al tiempo que ha denunciado el rechazo parlamentario de los decretos de vivienda. Para las organizaciones convocantes, la derrota de estas medidas no supone el final de la movilización, sino un nuevo motivo para intensificar la presión social.
«La vivienda no es un bien de mercado, es el lugar básico donde todes nosotres necesitamos descansar y desarrollar nuestra vida», recoge el manifiesto.
Las organizaciones han trasladado también a la movilización la situación de una mujer de 93 años que se enfrenta a un desahucio previsto para el próximo 13 de octubre en Murcia. Según el manifiesto, la afectada avaló una hipoteca de un hijo que dejó de poder afrontar los pagos y la vivienda terminó en manos del fondo buitre Coral Homes, después de que CaixaBank la vendiera. Pese a los recursos presentados, el juzgado no ha suspendido el lanzamiento.
Ante este caso, las organizaciones han convocado una nueva movilización para este lunes 5 de octubre, a las 11.00 horas, frente a la Ciudad de la Justicia de Murcia, con el objetivo de exigir una respuesta que evite que la mujer pierda su hogar.
El manifiesto ha concretado las reivindicaciones de la movilización en cinco ejes: contratos de alquiler indefinidos, bajada de los precios, expropiación de fondos y empresas especuladoras, fin de los desahucios sin alternativa habitacional y ampliación de la vivienda pública bajo gestión pública, popular y democrática.
«Los hogares no son un activo financiero», han reivindicado las organizaciones, que reclaman que los recursos habitacionales estén al servicio de las necesidades sociales y no de la rentabilidad de los grandes propietarios.
La huelga general, en el horizonte de la lucha por la vivienda
La convocatoria de una huelga general ha ocupado un lugar central en el tramo final de la jornada. Una representante del Sindicato de Vivienda de Murcia ha explicado que la organización trabaja junto a otros colectivos del Movimiento por la Vivienda del Estado, entre ellos la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, y en coordinación con sindicatos laborales para avanzar hacia una movilización conjunta.
La activista ha citado un estudio que, según ha expuesto durante su intervención, refleja un apoyo mayoritario a la limitación de los precios de la vivienda, incluso entre una parte del electorado de derechas. A partir de este dato, ha cuestionado que las demandas sociales no se traduzcan en medidas políticas efectivas.
«Esto supone una voluntad popular secuestrada por el rentismo. Esto no puede seguir saliendo gratis», ha afirmado.
La representante ha señalado que la huelga general ya formaba parte del horizonte político de las organizaciones, pero que el rechazo de los decretos y el malestar acumulado han acelerado los plazos. Según ha anunciado, en distintas ciudades se ha planteado y ratificado la posibilidad de convocarla durante la semana del 16 de noviembre.
«No necesitamos ser muchas, necesitamos ser todas, caminando juntas hacia la huelga con el programa que hemos planteado antes», ha defendido.
El llamamiento incluye la exigencia de contratos indefinidos, una reducción de los alquileres, la suspensión de los desahucios y la expropiación de viviendas en manos de fondos y empresas especulativas, financiada mediante un impuesto a la riqueza.
La intervención ha concluido con una llamada a medir el respaldo social a la convocatoria, invitando a las personas asistentes a levantar la mano para mostrar su disposición a secundarla. Asimismo, se ha anunciado que los sindicatos laborales comenzarán la próxima semana a constituir los correspondientes comités de huelga para articular la participación de las personas trabajadoras en los distintos territorios.
La jornada ha cerrado con un mensaje de continuidad. Las organizaciones convocantes sostienen que la movilización del domingo debe ser un paso más hacia una respuesta colectiva frente al negocio inmobiliario, los desahucios y el encarecimiento de la vida.
«Sus beneficios, nuestra miseria». «¡Huelga, huelga, huelga general!» han sido las consignas que han marcado el horizonte político de una protesta que busca transformar la indignación por la vivienda en organización sostenida de la clase trabajadora.
, ha recorrido el centro de la capital tras el rechazo del Congreso a los dos decretos sobre vivienda. Las organizaciones llaman a convertir la indignación por los desahucios y los alquileres abusivos en organización obrera y movilización sostenida.){kind=link}