El cambio de posición del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental en marzo de 2022 continúa generando controversia. La decisión de respaldar el plan de autonomía propuesto por Marruecos, rompiendo con la tradicional defensa española de un referéndum de autodeterminación bajo el amparo de Naciones Unidas, coincidió con la consolidación de intereses económicos y patrimoniales de varias figuras destacadas del PSOE en el país magrebí. Según informa una publicación de Nueva Revolución, esa coincidencia temporal ha alimentado las sospechas sobre la estrecha relación que mantienen algunos dirigentes socialistas con los intereses de Rabat.
Uno de los casos más destacados es el del exministro de Defensa y expresidente del Congreso José Bono. A través de la sociedad Joasa 2012, S.L., de la que es administrador único, adquirió cinco inmuebles urbanos en la zona de Ben Charki, en la costa de Tánger, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024. Las propiedades, situadas en una misma área residencial junto al mar y con numeración correlativa, supusieron una inversión de 259.900 euros.
La evolución de esa sociedad también llama la atención. Su volumen de negocio alcanzó los 1,51 millones de euros en 2022, el mejor resultado desde su creación y el mismo año en el que el Ejecutivo modificó su posición sobre el Sáhara Occidental. Posteriormente, Bono pasó a defender públicamente el plan de autonomía impulsado por Marruecos, pese a que años atrás había mantenido posiciones más críticas con Rabat. Además, ha sido visto en diversos actos sociales celebrados en el país, entre ellos bodas de empresarios próximos a la Casa Real marroquí.
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Otro de los nombres que aparecen es el del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien declaró oficialmente en 2023 la propiedad de una vivienda en Marruecos. Su departamento gestiona cuestiones especialmente sensibles para las relaciones entre ambos países, como los acuerdos agrícolas y pesqueros, en un contexto marcado por el incremento de las importaciones marroquíes hacia España y la Unión Europea.
La relación de Felipe González con Marruecos se remonta varias décadas atrás. El expresidente del Gobierno fue propietario de terrenos en Jbila, junto a Tánger, una zona donde también poseen propiedades miembros de la familia real marroquí y de la familia real saudí. Habitual veraneante en la zona desde los años ochenta, terminó vendiendo esos terrenos a un príncipe saudí por 2,5 millones de euros. Su conocida amistad con Hasán II y posteriormente con Mohamed VI ha sido interpretada durante años como uno de los elementos que contribuyeron a estrechar las relaciones entre el PSOE y la monarquía marroquí.
La influencia de Marruecos también aparece reflejada en el ámbito de la consultoría y la actividad institucional. José Blanco, exministro de Fomento, fundó Acento Public Affairs junto a antiguos dirigentes del PP. La consultora ha prestado servicios para la Embajada de Marruecos y para la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional mediante contratos valorados entre 500.000 y 600.000 euros anuales, destinados a defender en Bruselas los intereses del reino alauí en materias como la seguridad en el Magreb, la cooperación mediterránea o la política agrícola. La firma reúne además a antiguos altos cargos del PSOE y del PP, entre ellos Elena Valenciano y Valeriano Gómez.
El denominado caso Koldo también incorpora un capítulo relacionado con Marruecos. Santos Cerdán participó en enero de 2019 en un viaje oficial encabezado por el entonces ministro José Luis Ábalos con el objetivo de impulsar el proyecto del puerto industrial de Kenitra. La empresa Servinabar, vinculada a Cerdán, aspiraba a percibir una comisión del 2 % por la operación. Durante aquel viaje también facilitó a Koldo García contactos directos con varios ministros marroquíes, entre ellos Abdelkader Amara y Aziz Rebbah, al que llegó a describir como una persona de «plena confianza».
Las investigaciones también han puesto el foco sobre la gran desaladora de Casablanca, considerada la mayor de África. El proyecto fue adjudicado a Acciona junto a socios empresariales vinculados al primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, y contó con una financiación pública española de 340 millones de euros. Esa operación forma parte de las pesquisas abiertas para determinar la posible existencia de conexiones entre responsables políticos, empresas adjudicatarias y proyectos desarrollados en Marruecos.
Entre los dirigentes socialistas que durante los últimos años han respaldado públicamente posiciones cercanas a las defendidas por Rabat también figuran José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Ángel Moratinos, Trinidad Jiménez, María Teresa Fernández de la Vega y María Antonia Trujillo. Esta última llegó a defender públicamente la «marroquinidad» de Ceuta y Melilla y fijó su residencia durante una etapa en Larache. Varios de ellos mantienen una presencia habitual en Marruecos y han participado en encuentros y estancias en establecimientos como el hotel Le Mirage de Tánger.
A ello se suma el respaldo del PSOE al fortalecimiento del partido socialista marroquí (USFP) dentro de la Internacional Socialista, presidida por Pedro Sánchez, en un contexto en el que el Frente Polisario ha ido perdiendo peso dentro de esa organización.
El conjunto de propiedades, inversiones, sociedades mercantiles, contratos de consultoría, contactos institucionales y posicionamientos públicos favorables a Marruecos ha situado nuevamente bajo escrutinio la relación de destacados dirigentes socialistas con Rabat. La coincidencia entre esos intereses y el giro diplomático adoptado por el Gobierno en 2022 sobre el Sáhara Occidental continúa alimentando el debate político sobre la influencia que el reino alauí ejerce en determinados ámbitos del poder español.
