Como se ha publicado en diversos medios, desde enero de 2025 se han presentado varias denuncias sobre la gestión del Cementerio Parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Almendricos (Lorca) en distintos ámbitos. Estas denuncias se han ido ampliando con nuevos documentos y pruebas.
A pesar de todo ello, y tras la intervención de policía judicial que derivó a los Juzgados competentes, se está intentando cerrar el caso sin que se haya investigado de verdad, ya que no consta que se hayan hecho comprobaciones básicas ni diligencias de investigación.
Una forma de gestión sin control claro
De la documentación y de lo que han contado vecinos, se desprende un sistema que durante años habría funcionado así:
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- Cobros en efectivo por nichos, parcelas y capillas.
- Sin facturas ni justificantes fiscales.
- Sin contabilidad clara o verificable.
- Con registros manuales y constitución jurídica poco fiables.
Esto plantea dudas importantes sobre el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales.
Cesión de una capilla a un cargo público con soporte documental
Uno de los puntos más relevantes es que se habría cedido una capilla a una persona que en ese momento tenía un cargo público, y que después pasó a formar parte de la llamada “Junta Gestora”.
Esta cesión consta que se ha justificado a los distintos organismos con documentación probatoria, hecho que refuerza su relevancia y la necesidad de investigación.
Además, se ha producido difusión pública de información sobre los hechos denunciados casualmente por parte de los integrantes de la supuesta Junta Gestora creada para su gestión en pleno proceso de investigación, al mismo tiempo que se han identificado a meros hechos de señalar a las personas que pedían que se investigara la situación a través del entorno local en actos públicos, políticos y canales vecinales, exponiendo evidentemente a quienes pedían que se investigara lo ocurrido a presiones y exposición pública.
Un documento que no cuadra en el tiempo
Para más inri, consta en los archivos y documentos aportados a los distintos expedientes un documento a través de un archivo digital aportado como justificante de la creación de la “Junta Gestora” que tras su análisis demuestra la creación de una estructura posterior para intentar dotar de una supuesta legalidad la gestión de dicho Cementerio
Es decir, el análisis técnico indica que fue creado en fecha distinta a la que figura en el documento, lo que apunta a una posible elaboración posterior.
Anticorrupción y la propia Fiscalía vieron indicios
El expediente también llegó a su trámite a Fiscalía Anticorrupción, la cual:
- abrió expediente,
- analizó los hechos,
- y los remitió a la fiscalía de Murcia (que ya tenía constancia de ellos a través del expediente judicial iniciado).
Además, el propio Ministerio Fiscal solicitó diligencias de investigación previamente, incluyendo comprobaciones e incluso aconsejando la toma de declaración como testigos tanto de las personas identificadas en dicha gestión como de algunos cargos conocedores de los hechos y de la situación.
Sorprendente: se produce un cambio de criterio y ausencia total de investigación y análisis de la documentación aportada
Posteriormente, se produce un cambio de criterio en sede de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, orientado al archivo:
- sin practicar diligencias,
- sin analizar la documentación aportada,
- entrando en conflicto con el criterio de investigación que les requería desde la Fiscalía Anticorrupción a nivel nacional
- y en contra del criterio previo favorable a investigar que ellos mismos habían considerado investigar.
Actualmente se observa un intento de cierre sin comprobar los hechos
El archivo del procedimiento sobre los hechos y las personas implicadas, no implica que no haya irregularidades, sino que implica que no se han investigado los hechos por alguna razón o gestión que no se puede deducir, de forma que no consta que se haya hecho:
- análisis económico,
- comprobación fiscal,
- pericial documental,
- ni declaraciones clave.
Urge la necesidad de intervención estatal
En este escenario, resulta evidente que el caso requiere una actuación externa desde los organismos centrales del Estado de forma que se puedan realizar comprobaciones de los hechos y personas identificadas.
Es más, el contexto institucional en el que se desarrollan los hechos —en el que concurren relaciones estructurales entre determinados ámbitos públicos, políticos y entidades vinculadas la titularidad del cementerio— hace necesario que la investigación sea asumida por instancias superiores externas que garanticen plena independencia.
En este contexto, se hace necesaria una nueva intervención directa de la propia Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, a la vista del nuevo escenario generado por el intento de archivo sin práctica de diligencias de investigación, pese a haber sido previamente interesadas por la propia Fiscalía de la Región de Murcia y en línea con el criterio inicial de la propia Fiscalía Anticorrupción.
El archivo de un procedimiento sin la práctica de las diligencias mínimas solicitadas puede suponer una quiebra del derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello, aunque la vía penal territorial pretenda cerrarse, no es descartable el recurso ante el Tribunal Constitucional si se constata una situación irrazonable de indefensión.
La ausencia de actuación material en contra de dichos criterios refuerza la necesidad de una revisión por instancias estatales especializadas, con capacidad real de impulso y verificación efectiva de los hechos.
La vía de Hacienda sigue abierta
Consta por otro lado, e independientemente de la gestión Judicial que la Agencia Tributaria mantiene abierto expediente desde 2025.
Esto significa que:
- la vía penal no agota el caso,
- y Hacienda puede seguir investigando los hechos.
No estamos ante un caso sin hechos.
Estamos ante:
- indicios relevantes,
- documentación existente,
- personas identificadas,
- criterios favorables a investigar,
pero sin investigación material realizada.
Por ello:
- es necesaria la intervención de instancias estatales,
- y, en todo caso,
la vía tributaria sigue activa como mecanismo principal clave para esclarecer lo ocurrido.
