La solidaridad organizada ha vuelto a demostrar este martes que la movilización social puede marcar la diferencia. La comisión judicial ha acordado aplazar durante tres meses el desahucio de una familia con tres hijos —dos de ellos menores y uno con discapacidad— residente en el barrio murciano de La Paz, después de una concentración de apoyo protagonizada por decenas de vecinos y vecinas, miembros de la Asociación de Vecinos de La Paz, activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y numerosos medios de comunicación.
La familia, formada por Dani, Aurora y sus tres hijos, se enfrentaba al lanzamiento de la vivienda tras la compra del inmueble por parte del fondo de inversión Boston. Pese a disponer de un contrato de alquiler y haber abonado puntualmente las rentas y los suministros durante años, la adquisición del inmueble por el fondo desencadenó un procedimiento judicial que ha acabado calificándolos como ocupantes sin título suficiente, al considerar que el contrato de arrendamiento no estaba inscrito en el Registro de la Propiedad.
Según explicó Dani antes del intento de desahucio, todo comenzó hace apenas tres meses, cuando representantes del nuevo propietario acudieron junto a un cerrajero para cambiar la cerradura sin previo aviso. «Nos dijeron que éramos ocupas, pero nosotros tenemos contrato de alquiler, todos los recibos pagados por transferencia y las facturas de luz y agua al día. Nunca nos comunicaron que la vivienda había sido vendida ni quién era el nuevo propietario», denunció.
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La familia asegura que nunca ha pretendido quedarse gratuitamente en la vivienda. «Solo pedimos tiempo. Incluso estamos dispuestos a comprar la casa si nos dan esa posibilidad», afirmó el afectado.
Un barrio que denuncia una oleada de desahucios
Durante la concentración, el presidente de la Asociación de Vecinos de La Paz, Pedro Crespo, alertó de que el caso de esta familia no es un hecho aislado, sino parte de un fenómeno que se está extendiendo por numerosos barrios de Murcia. «Es raro el día que no haya un desahucio», denunció, asegurando que muchas familias no hacen pública su situación por miedo y vergüenza.
Crespo acusó directamente a los fondos de inversión de adquirir viviendas para expulsar a sus inquilinos, reformarlas y alquilar posteriormente habitaciones a precios muy superiores, convirtiendo el derecho a la vivienda en un negocio especulativo.
La PAH denuncia estrategias de ocultación y acoso inmobiliario
El mediador de la PAH, José Antonio Vives, explicó que este tipo de fondos tienen la obligación legal de comunicar a los inquilinos quién es el nuevo propietario, algo que, según denunció, en numerosas ocasiones no ocurre. «La estrategia consiste en ocultar la compra para dejar pasar el tiempo y después acudir al juzgado a pedir el desahucio», señaló.
Vives recordó además que el intento de cambiar la cerradura mientras la familia seguía residiendo en la vivienda constituye una práctica «absolutamente denunciable» y denunció que muchas empresas dejan incluso de aceptar el pago del alquiler para facilitar posteriormente los procedimientos judiciales.
«Bullying inmobiliario»
Por su parte, Joaquín Sánchez, miembro de la HOAC y conocido por su implicación en la defensa del derecho a la vivienda, denunció que muchas familias sufren un auténtico «bullying inmobiliario».
Según explicó, reciben llamadas constantes en las que se les amenaza con supuestos desalojos policiales inmediatos para provocar miedo y forzar su salida antes incluso de existir una orden judicial de lanzamiento.
También criticó la falta de alternativas habitacionales por parte de las administraciones públicas, cuyos servicios de vivienda, aseguró, se encuentran completamente desbordados.
Tres meses para encontrar una solución
Tras una larga negociación, la comisión judicial acordó suspender el lanzamiento hasta finales de septiembre.
El aplazamiento permitirá a la familia ganar tiempo para tramitar la asistencia jurídica gratuita, buscar una vivienda alternativa o intentar alcanzar un acuerdo con la propiedad, incluida la posibilidad de adquirir el inmueble.
La noticia fue recibida entre abrazos y aplausos por las decenas de personas concentradas a las puertas del edificio. «Estoy muy contento y tranquilo. Por lo menos tenemos un margen de tiempo para esperar una respuesta y poder hacer una oferta o llegar a un acuerdo», declaró Dani tras conocer la decisión.
Aurora, visiblemente emocionada, agradeció el respaldo recibido. «Ojalá se les ablande el corazón y nos den la oportunidad de comprar nuestra casa. Es lo único que pedimos. Aquí tenemos toda una vida, nuestros recuerdos y nuestros hijos han crecido en este barrio.»
La vecina quiso agradecer expresamente el apoyo recibido durante toda la mañana. «Muchas gracias a todos los vecinos, a las asociaciones, a quienes habéis estado aquí acompañándonos y a los medios de comunicación. Sin vosotros hoy probablemente estaríamos en la calle.»
La lucha continúa
Las organizaciones convocantes consideran que el aplazamiento supone una victoria de la solidaridad vecinal, aunque advierten de que el problema de fondo sigue intacto.
Denuncian que la creciente compra de viviendas por fondos de inversión está provocando una oleada de desahucios invisibles en barrios populares de la Región de Murcia, mientras las administraciones continúan sin ofrecer un parque público de vivienda suficiente para responder a la emergencia habitacional.
La familia dispone ahora de tres meses para intentar encontrar una salida negociada. Mientras tanto, el barrio de La Paz ha demostrado que la organización vecinal sigue siendo una de las herramientas más eficaces para defender el derecho a una vivienda digna frente a la especulación.
