Las federaciones de Pensionistas y Jubilados de CCOO y UGT de la Región de Murcia se han concentrado este lunes a las puertas del Palacio de San Esteban para denunciar el deterioro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma y exigir al Gobierno regional medidas urgentes que garanticen una atención digna a las personas dependientes y a sus familias.
La movilización ha reunido a varias decenas de sindicalistas jubilados y pensionistas, acompañados por las secretarias generales de CCOO Región de Murcia, Teresa Fuentes, y de UGT Región de Murcia, Paqui Sánchez, quienes han respaldado una nueva protesta contra una situación que ambas organizaciones consideran insostenible.
Durante la concentración, la secretaria general de la Federación de Pensionistas de CCOO Región de Murcia, Gertrudis Peñalver, denunció que «hay casi 536 días de espera simplemente para que se valore la situación de una persona. Mientras tanto, muchas personas fallecen sin haber llegado siquiera a recibir esa valoración«.
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Asimismo, reclamó un modelo de atención basado en profesionales y no en la sobrecarga de las familias. «Lo que buscamos es que la atención no recaiga exclusivamente sobre los familiares, sino que sea prestada por profesionales que realmente ayuden a las familias». También criticó la falta de transparencia del Ejecutivo autonómico respecto al copago, «El Gobierno regional no refleja en los informes que remite al Imserso las cantidades que las familias y las propias personas dependientes están pagando«.
Por su parte, el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Región de Murcia, Antonio Conchillo, lamentó que la Región siga figurando entre las comunidades con peores indicadores en materia de dependencia y denunció el abandono institucional que sufren miles de personas mayores.
«¿Y por qué estamos aquí? Porque en esta región se tarda alrededor de 585 días en valorar a una persona en situación de dependencia. Seguimos teniendo una lista de espera de cerca de 9.000 o 10.000 personas pendientes de valoración y otra esperando una plaza residencial», denunció.
Conchillo rechazó que la falta de financiación sea la única explicación a esta situación y comparó la realidad murciana con la de otras comunidades autónomas. «En Castilla y León hay más de 300 residencias, muchas de ellas públicas, incluso en municipios pequeños. Aquí seguimos prácticamente con las mismas residencias que había hace años y la inmensa mayoría son privadas, con precios de 2.300 o 2.400 euros al mes o incluso más«.
El dirigente sindical denunció además las consecuencias dramáticas de la demora administrativa. «Hay personas que fallecen y reciben la resolución tres o cuatro meses después de haber muerto. Eso significa que nunca llegan a percibir ninguna ayuda».
Ante la ausencia de respuestas por parte del Gobierno regional, Conchillo anunció que las organizaciones no descartan intensificar las movilizaciones. «Ha llegado el momento de adoptar medidas de presión más contundentes frente a la Consejería y frente al Gobierno regional», advirtió. Entre esas acciones planteó incluso la posibilidad de realizar encierros: «Hay medidas más duras. Por ejemplo, concentrarnos y encerrarnos dentro de la Consejería. Sería una medida desagradable, pero ya se hizo en la Consejería de Educación cuando hubo otros conflictos«.
Por último, reclamó transparencia sobre los recursos destinados a la dependencia. «Lo único que pedimos es transparencia. Queremos saber cuánto dinero llega, cuánto aporta cada administración y, sobre todo, que esos recursos acaben beneficiando realmente a las personas usuarias del sistema de dependencia«.
CCOO y UGT reiteraron que continuarán movilizándose hasta que el Gobierno regional reduzca las listas de espera, incremente el personal encargado de las valoraciones, amplíe la red pública de residencias y garantice una gestión transparente de los fondos públicos destinados a la dependencia. Para ambas organizaciones, el acceso a este derecho no puede seguir dependiendo de la capacidad económica de las familias ni de unos plazos administrativos que, en demasiadas ocasiones, llegan demasiado tarde.
