Medio centenar de pensionistas, activistas por la vivienda y vecinas se han concentrado esta mañana en la Plaza del Fontes convocados por la COESPE, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el colectivo Yayoflautas para reclamar el mantenimiento del escudo social y denunciar el deterioro de las condiciones de vida de amplias capas de la población.
La protesta ha girado en torno a la lectura de un manifiesto unitario en el que las organizaciones alertaron del riesgo de retroceso en derechos sociales básicos y denunciaron la estrategia política que pretende enfrentar a pensionistas con personas afectadas por la crisis de vivienda.
El texto denunciado por las organizaciones describió como un “teatro político” el debate reciente en torno a la moratoria de desahucios y la revalorización de las pensiones, señalando que determinados discursos reaccionarios buscan justificar el debilitamiento del escudo social fomentando la confrontación entre colectivos igualmente vulnerables.
Las portavoces advirtieron de que la posible caída de estas medidas podría reactivar decenas de miles de desahucios actualmente paralizados, recordando que la moratoria vigente solo cubre una parte de los procedimientos judiciales. También alertaron de la finalización masiva de contratos de alquiler firmados hace cinco años en un contexto de fuertes subidas del precio de la vivienda, así como del riesgo de pérdida del bono social energético para más de un millón de hogares.
Frente a este escenario, el manifiesto defendió la necesidad de responder desde la movilización y la confluencia de luchas, subrayando que la crisis actual no responde a un conflicto generacional sino a un conflicto de clase derivado de la mercantilización de la vivienda, los cuidados y las condiciones de vida en la vejez.
En este sentido, las organizaciones denunciaron el aumento del rentismo y la privatización del sistema de cuidados, recordando que el precio del alquiler ha crecido muy por encima de salarios y pensiones, mientras que el acceso a residencias privadas resulta inasumible para la mayoría de pensionistas, especialmente para quienes perciben pensiones mínimas o no contributivas.
El manifiesto fija una agenda común por pensiones, cuidados y vivienda
El manifiesto defendió la construcción de un sistema público de residencias suficiente, accesible y con empleo digno que garantice cuidados de calidad sin depender de la capacidad económica. Asimismo, reclamó la fijación de pensiones mínimas equiparadas al salario mínimo —incluidas las no contributivas— y la derogación de las reformas que impulsan la privatización del sistema público mediante planes privados de empleo.
En materia de vivienda, las organizaciones exigieron prórrogas obligatorias de los contratos de alquiler que aporten estabilidad residencial, el blindaje permanente y ampliado del escudo social para evitar desahucios y la aprobación de medidas contra la especulación inmobiliaria, incluyendo el fin del alquiler de temporada y del alquiler por habitaciones como fórmulas de precarización habitacional.
El texto también planteó la necesidad de una intervención pública más decidida sobre la vivienda en manos de banca, fondos de inversión y grandes tenedores, al considerar que la acumulación de viviendas en manos especulativas constituye uno de los principales factores de exclusión residencial.
La concentración concluyó con un llamamiento a mantener la movilización en las calles y a exigir a las fuerzas políticas que respalden la continuidad de las medidas de protección social, insistiendo en que la garantía de pensiones dignas, cuidados públicos y acceso a la vivienda no responde a la caridad, sino a la justicia social.
