La solidaridad internacionalista vuelve a situarse en el punto de mira de la represión. La detención de una delegación compuesta por abogados, periodistas y defensores de derechos humanos que se desplazó a Turquía para investigar las condiciones de aislamiento en las cárceles de tipo “Pit-Type” ha desencadenado una oleada de condena y movilización a escala internacional.
Según la información difundida por el International Bureau del People’s Law Office y por la red International Solidarity for Political Prisoners (IS4PP), los integrantes de la misión fueron arrestados el 19 de febrero tras reunirse con abogados del Halkın Hukuk Bürosu y trasladados posteriormente a dependencias de migración con amenaza de deportación inmediata.
Entre las personas detenidas se encuentra Fernando García, militante del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), junto a Alejandra Matamoros Alexandrova (Estado español), Andrea Lucidi (Italia), Tatyana Desyatova (Rusia), Nick Krekelbergh (Bélgica) y Jean Pascal Graziani (Francia).
La delegación se encontraba en el país desde el 18 de febrero con el objetivo de inspeccionar sobre el terreno el modelo penitenciario de alta seguridad —conocido como “Well-Type” o “Pit-Type”—, caracterizado por el aislamiento extremo, la privación de luz solar y la restricción del contacto social.
Organizaciones jurídicas y de derechos humanos denuncian que estas prisiones vulneran las Reglas Mandela de la ONU y configuran un régimen de aislamiento incompatible con la dignidad humana. La detención de la misión, sostienen, constituye un intento de impedir que las violaciones de derechos en el sistema penitenciario turco trasciendan a la opinión pública internacional.
Desde el movimiento comunista y solidario internacional se ha activado una respuesta inmediata. Colectivos de distintos países han expresado su apoyo a las personas detenidas, reivindicando la legitimidad de la observación internacional y denunciando la criminalización de la solidaridad.
El secretario general del PCPE, Julio Díaz Díaz, ha señalado en un comunicado que “la solidaridad internacionalista ni se encierra ni se detiene”, comprometiendo la lucha política por la liberación de los seis detenidos y denunciando la legitimidad de las detenciones.
El comunicado califica las cárceles de tipo Pit-Type como “cárceles de exterminio” y denuncia que las detenciones se producen por el mero hecho de documentar vulneraciones de derechos fundamentales.
Las organizaciones solidarias también han denunciado la ausencia de una respuesta firme por parte del Estado español ante la detención de un ciudadano en el marco de una misión de derechos humanos. En este sentido, se señala la existencia de una “doble vara de medir” en la política exterior y la complicidad con la represión al priorizar relaciones comerciales y de seguridad con Turquía.
Turquía mantiene un papel estratégico en la política migratoria y de seguridad de la Unión Europea, lo que, según las organizaciones denunciantes, favorece un clima de impunidad frente a vulneraciones de derechos.
Diversas plataformas y colectivos han llamado a intensificar la presión pública y diplomática para lograr la liberación inmediata y sin condiciones de la delegación, el cese de los procedimientos de deportación y el fin del régimen de aislamiento en las prisiones de alta seguridad.
Las organizaciones convocantes insisten en que la represión no frenará el movimiento de solidaridad y que la denuncia internacional continuará hasta lograr la libertad de las personas detenidas.
