Las organizaciones solidarias con Palestina RESCOP y la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel han denunciado que el Puerto de Barcelona se ha convertido, desde octubre de 2023, en el principal punto de tránsito hacia Israel de MTBE (metil-terc-butil-éter), un aditivo utilizado para mejorar el octanaje de la gasolina y cuyo comercio, sostienen, contradice la legislación española aprobada para impedir el suministro de materiales con posible uso militar al Estado israelí.
Según un informe elaborado por la campaña, entre marzo de 2025 y mayo de 2026 la aduana israelí registró nueve envíos a granel, con un volumen superior a 50.000 toneladas, destinados al puerto de Haifa. Las organizaciones afirman que se trata de un corredor logístico estable, con salidas cada seis u ocho semanas desde las terminales TEPSA y TRADEBE, operadas por el consignatario ITALMAR 3000 SL.
El estudio sostiene además que, durante 2025, Barcelona fue el principal origen declarado de importaciones israelíes de éteres, representando cerca del 39 % del total, por delante de Francia y Chipre.
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Uno de los aspectos que las organizaciones consideran más preocupantes es la diferencia entre los registros israelíes y las estadísticas oficiales españolas. Mientras Israel habría declarado nueve cargamentos procedentes de Barcelona, España únicamente reflejaría uno como exportación. Según la denuncia, el MTBE llega al puerto catalán desde países como Arabia Saudí, Estados Unidos, China, Japón o Francia, donde es almacenado y posteriormente reembarcado hacia Israel, figurando como mercancía de origen español.
Las entidades recuerdan que el MTBE no es un combustible militar específico, pero sí un componente imprescindible para la fabricación de gasolina destinada a motores de combustión. A su juicio, resulta imposible garantizar que ese combustible no termine abasteciendo a vehículos utilizados por el Ejército o las fuerzas policiales israelíes.
Asimismo, calculan que las aproximadamente 40.000 toneladas anuales que transitan por Barcelona permiten producir alrededor de 540 millones de litros de gasolina, generando un volumen de negocio superior a 1.150 millones de euros y unos 700 millones de euros en ingresos fiscales para el Estado de Israel.
Las organizaciones sostienen que esos recursos económicos contribuyen al mantenimiento de la ocupación de Palestina y de la ofensiva militar sobre Gaza, al tiempo que señalan como posible destinataria de estas cargas a Dor Chemicals, empresa que suministra a las refinerías israelíes BAZAN y Ashdod, citadas en informes de organizaciones internacionales por su papel en el abastecimiento de combustible.
Además de las implicaciones políticas, el comunicado advierte de los riesgos medioambientales asociados al MTBE, un compuesto cuyo uso ha sido restringido o prohibido en distintos territorios debido a su elevada capacidad para contaminar acuíferos y a sus posibles efectos nocivos para la salud.
Las entidades consideran que este tránsito vulnera el Real Decreto-ley 10/2025, que contempla la denegación del tránsito hacia Israel de combustibles susceptibles de tener un uso militar, y recuerdan igualmente las obligaciones derivadas de la Opinión Consultiva del Tribunal Internacional de Justicia, que insta a los Estados a impedir relaciones comerciales que contribuyan al mantenimiento de la ocupación israelí de los territorios palestinos.
En este contexto, RESCOP y la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel sostienen que «en un régimen de genocidio y apartheid no existe una separación real entre lo civil y lo militar», por lo que consideran que cualquier intercambio económico que contribuya al funcionamiento de la economía israelí termina reforzando la ocupación y la maquinaria bélica.
Por ello, ambas organizaciones reclaman al Gobierno español la prohibición inmediata del tránsito de MTBE y de cualquier combustible o aditivo destinado a Israel, la suspensión de todas las reexpediciones desde los puertos españoles, una investigación pública sobre los operadores implicados y la aprobación definitiva de la reforma de la Ley 53/2007 para establecer un embargo integral, permanente y jurídicamente vinculante sobre el comercio que, a su juicio, contribuya a sostener los crímenes de guerra y la ocupación israelí. También exigen al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat de Catalunya que impulsen medidas para identificar, interceptar y decomisar estas cargas en el Puerto de Barcelona.
















