La ciudad de Murcia registra los peores datos del país respecto a la pobreza
yexclusión social. La negligente gestión de la concejala responsable, Pilar
Torres, así como su segundo al mando, el funcionario Pepe Morales, genera
trágicas situaciones, a las que se une la represión policial contra personas
sin recursos.
Escrito por Martín Stutz
Murcia. 07 de abril.– La ciudad se engalana para su festividad más conocida: el
Bando de la Huerta. Mientras tanto, cientos de personas amanecen padeciendo el
frío y las inclemencias de vivir en las calles de esta ciudad, ante el colapso del
albergue de Jesús Abandonado, así como la “red de casas de acogida” municipales.
Estas personas están arrinconadas por la imposibilidad de encontrar un trabajo que
les permita salir de la pobreza más extrema, y no reciben ningún tipo de asistencia
por parte del Semas, el organismo público que regenta el alto funcionario designado
a dedo por el Partido Popular, el conocido Pepe Morales Soriano.
Hoy no veremos al alcalde responder ante las preguntas de La Protesta, sobre el por
qué de la negligente gestión de su concejala Pilar Torres ante los peores datos del
país respecto a la pobreza. La mencionada concejala también ha rechazado en
numerosas ocasiones responder a las cuestiones que le hemos solicitado acerca de
las alarmantes cifras en el área de la cual ella dirige y por la que recibe un altísimo
salario de los fondos públicos.
Esta postura de silencio cómplice de gestores políticos responsables de esta
calamitosa situación, es compartida tanto por el edil y la concejala Pilar Torres, así
como por su supervisor del Semas, el mencionado Pepe Morales.
Tal y como señala la Universidad de Murcia, aproximadamente el 32,5% de la
población se considera dentro de los parámetros internacionales de pobreza y
exclusión social, lo que representa un importante incremento respecto a la media
nacional.
La pobreza estructural en la Región de Murcia registra una entrada mucho más
sangrante: la pobreza infantil. Murcia es la mayor y más ingrata ciudad, donde uno
de cada tres niños no puede comer sus necesarias 3 comidas al día.
Estos estudios corresponden al Observatorio de Exclusión Social de la Universidad
de Murcia, un organismo conocido por su talante conservador y amigable con el
Partido Popular. El sesgo de intencionalidad de las estadísticas es prácticamente
nulo.
Continuando con la exposición de nuestra investigación, que pretende explicar de
una manera “objetiva” la crueldad y mala praxis del equipo de gobierno de PP y VOX,
analizamos la tasa AROPE, que estudia el riesgo de pobreza y exclusión infantil. Nos
señala también que Murcia es la ciudad número uno de España, incrementándose la
brecha respecto a las otras provincias, y mucho más respecto al estándar europeo.
Hemos de tener en cuenta, a su vez, que entorno a un 23% de la población que
vivimos en Murcia, sufrimos un riesgo de exclusión residencial. La escalofriante
estadística nos expone que el 46% los inquilinos, se hallan en riesgo de pobreza
debido al alto coste de la vivienda.
Otro importante baremo en el análisis de la pobreza es la Carencia Material
Severa. Murcia también destaca en este aspecto, donde un 9,6% de la población
sufre carencia material y social severa, siendo la segunda comunidad con peor dato
en este indicador.
Para exponerlo directamente, el impacto en la infancia es devastador. Casi 140.000
niños y adolescentes viven bajo el umbral de la pobreza, con cifras de pobreza
infantil que sitúan a la región a la cabeza del país.
Tal y como señala la UMU, un factor determinante es la imposibilidad de afrontar
gastos imprevistos. Más del 42% de la población no puede hacer frente a estos
gastos extra, lo que conllevan situaciones de estrés y colapso emocional, que se
unen a la carencia material propia de la pobreza.
Estudiando los datos de otros organismos, también conservadores y al abrigo de la
derecha reaccionaria, como es Cáritas, ponen encima de la mesa la pésima gestión
municipal y regional de los dirigentes políticos del PP.
En primer lugar, las ayudas sociales son insuficientes: la Renta Básica de Inserción
(RBI) autonómica alcanza un porcentaje paupérrimo de la población pobre (1,3%) y
ha sufrido recortes, siendo una de las más bajas del país.
Los bajos Ingresos y el empleo, a raíz de convenios colectivos bochornosos como
es el de la hostelería, genera una alta proporción de hogares con baja intensidad
laboral y empleo precario.
Las conclusiones ante estos terribles datos las ha de aplicar el lector. Como gestores
públicos, tanto políticos como altos funcionarios tienen la obligación de responder
ante una nefasta gestión en las áreas que dirigen.
La realidad más terrible se expresa en estadísticas que claman por la dimisión de la
concejala Pilar Torres y su segundo al mando, el funcionario Pepe Morales.
