La Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM) ha reclamado al Gobierno central que actúe de oficio para garantizar la aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática ante el bloqueo que, según denuncia su secretario Bernardo Sánchez, mantienen el Partido Popular y Vox en la Asamblea Regional respecto al catálogo de vestigios franquistas elaborado en la comunidad.
La petición se produce en paralelo a qué esta mañana se haya presentado en la Asamblea Regional una moción del Grupo Parlamentario de izquierdas formado por IU-Verdes y Podemos, apoyada por el PSOE, que insta al Gobierno autonómico a trasladar al Ejecutivo central el catálogo de vestigios franquistas elaborado por la Federación, un trabajo realizado en cumplimiento de la legislación estatal y orientado a identificar y retirar simbología de exaltación de la dictadura presente en la Región de Murcia.
Desde la Federación recuerdan que la Ley de Memoria Democrática es una norma estatal de obligado cumplimiento, por lo que consideran inaceptable el bloqueo político que, a su juicio, pretende impedir su aplicación efectiva en la comunidad autónoma.
La organización memorialista ha denunciado que Vox ha presentado una enmienda a la totalidad con un planteamiento completamente contrario al espíritu de la ley, proponiendo que los elementos franquistas sean protegidos mediante su declaración como Bien de Interés Cultural o mediante otras figuras de protección patrimonial.
Por su parte, el Partido Popular ha defendido la derogación de la actual Ley de Memoria Democrática para sustituirla por una normativa que, según su planteamiento, equipare a “vencedores y vencidos”, una posición que la Federación considera incompatible con las políticas de reparación y reconocimiento a las víctimas del franquismo.
“Los primeros continúan con su sinceridad franquista, exaltando y protegiendo sus símbolos y monumentos. Los segundos siguen sin saber o sin poder desligarse de su pasado franquista”, ha denunciado Bernardo Sánchez, secretario de la FAMHRM.
Para la Federación, estas posiciones políticas vuelven a negar el derecho a reparar la deuda histórica contraída con quienes defendieron la legalidad democrática durante la Segunda República y fueron víctimas de la dictadura, perpetuando lo que califican como un “déficit democrático” que España aún mantiene con las víctimas del franquismo.
Ante esta situación, la organización memorialista considera que el Gobierno central debe intervenir directamente para hacer cumplir la ley.“Instamos al Gobierno central a que sea valiente y actúe ya de oficio. No se puede perder más tiempo con argumentos de quienes no aceptan las leyes democráticas cuando no las han promovido”, ha afirmado Sánchez.
La Federación insiste en que la retirada de simbología franquista no es una cuestión ideológica sino una obligación legal derivada de la Ley de Memoria Democrática, y reclama que el catálogo de vestigios elaborado para la Región de Murcia sea finalmente aplicado para avanzar en las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
