La psicóloga Helena Vidal Brazales, integrante de la asociación CATS – Colectivo de apoyo a las trabajadoras del sexo, ha denunciado públicamente esta mañana a través de redes sociales que el nuevo criterio del Ministerio de Igualdad para la concesión de subvenciones a programas de atención a mujeres en prostitución introduce lo que califica como un “examen ideológico previo” que podría dejar sin recursos a organizaciones con amplia trayectoria de intervención social.
Según Vidal Brazales, la decisión de excluir de financiación a entidades que no se definan como abolicionistas supone “priorizar la adhesión a una postura política frente a la eficacia de la intervención social”, lo que —advierte— puede repercutir directamente en las mujeres atendidas.
La psicóloga critica que el criterio de financiación deje en un segundo plano la cobertura real de servicios, la atención profesional y el acompañamiento libre de estigma y paternalismo. “Cuando el acceso a recursos depende de alinearte con una posición ideológica concreta, el sistema deja de priorizar la intervención y quienes pierden son las mujeres”, sostiene.
En sus declaraciones, Vidal Brazales señala además la responsabilidad política de esta decisión y menciona directamente a la ministra Ana Redondo y al Partido Socialista Obrero Español, a quienes acusa de imponer un marco de financiación sin diálogo con las entidades especializadas ni con las propias trabajadoras sexuales.
Fundada en Murcia en 2002, CATS nació desde el ámbito de la cooperación internacional y los movimientos de solidaridad para atender a personas que ejercían la prostitución en calle. Con el paso del tiempo, la entidad ha ampliado su ámbito de actuación a Murcia, Alicante, Albacete y Almería, donde ofrece atención anual a más de 1.000 trabajadoras sexuales y a sus familias.
Desde 2011, la asociación cuenta con la declaración de utilidad pública por parte del Ministerio del Interior y se caracteriza por una composición interna mayoritariamente formada por trabajadoras sexuales, que participan en el voluntariado, el equipo técnico y la dirección de la entidad.
Entre sus objetivos destacan el reconocimiento de derechos de ciudadanía, la lucha contra el estigma y la criminalización, la atención a demandas sanitarias y sociales no cubiertas por la Administración, el acompañamiento a quienes desean abandonar la prostitución y la mejora de condiciones laborales para quienes deciden permanecer.
La intervención de CATS se articula a través de tres líneas principales: programas de acercamiento en espacios de prostitución en calle, clubes y pisos; atención directa en su sede de Murcia mediante acompañamientos y mediación con servicios públicos; y un servicio telefónico de urgencia activo las 24 horas durante todo el año.
La organización dispone además de delegaciones territoriales en varias comunidades autónomas para labores de atención, formación, investigación y sensibilización social.
Desde la asociación insisten en que la discusión no debería centrarse en la posición ideológica de las entidades, sino en las consecuencias prácticas de la retirada de financiación. “La pregunta clave es cuántas mujeres dejarán de beneficiarse de los programas de apoyo”, subraya Vidal Brazales.
En este sentido, la entidad denuncia que las trabajadoras sexuales “merecen ser escuchadas y atendidas sin estigma ni paternalismo” y reivindica la legitimidad de las organizaciones que trabajan desde el contacto directo con la realidad cotidiana del colectivo.
CATS concluye que continuará defendiendo la voz de las trabajadoras sexuales y reclamando que las políticas públicas se construyan desde la evidencia, el diálogo y la participación de quienes viven la realidad del trabajo sexual en primera persona.
