A las seis de la mañana del pasado jueves, el bloque de la Calle Real 13-15 de Collado Villalba amanecía rodeado por un amplio dispositivo policial. La imagen, difundida por la Asamblea de Vivienda de Villalba, anticipaba lo que horas después se confirmaría: un macrodesalojo ejecutado con contundencia y sin alternativa habitacional para decenas de familias.
Sobre las 8:15, una excavadora derribó la puerta del garaje para facilitar la entrada de los antidisturbios. Tras varias horas de intervención, 43 familias quedaron en la calle. Entre las consecuencias más graves, una mujer de 90 años tuvo que ser hospitalizada en estado delicado y un vecino fue detenido durante el operativo.
El Ayuntamiento había iniciado el procedimiento en octubre, no desde los canales técnicos habituales, sino directamente desde Alcaldía, alegando la supuesta inseguridad estructural del inmueble. Sin embargo, colectivos de vivienda denuncian que el desalojo se habría ejecutado sin notificación individual a los residentes, sin constancia de autorización judicial y sin documentación pública que acredite el estado de ruina que justificaría la actuación.
Las familias afectadas solicitaron reuniones con técnicos municipales y acceso a los expedientes, peticiones que —según denuncian— fueron ignoradas. La Asamblea de Vivienda asegura disponer, además, de un informe técnico que descarta el estado ruinoso del edificio y cuestiona la urgencia del desalojo.
También quedaron en papel mojado las negociaciones abiertas con la Sareb para regularizar la situación de varias familias. El colectivo vecinal sostiene que tanto la entidad como el Ayuntamiento desatendieron el diálogo y que ninguna familia contaba con una alternativa real antes de la intervención policial.
Los movimientos sociales enmarcan el operativo dentro de lo que califican como una “agenda antisocial” del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa popular Mariola Vargas. Recuerdan que en septiembre ya se produjo otro desalojo de un bloque propiedad de la Sareb en el municipio, tras el cual una vecina falleció semanas después en un contexto de extrema precariedad derivado de la pérdida de vivienda.
Pese a que en febrero el lanzamiento fue temporalmente frenado, más de cien personas han sido finalmente expulsadas y permanecen a la espera de que el juzgado se pronuncie en las próximas 48 horas para acceder a la documentación del procedimiento. Con esa información, las familias estudian emprender acciones judiciales al considerar que la potestad para ejecutar el desalojo corresponde exclusivamente a la autoridad judicial.
El caso de Collado Villalba no es aislado. La Comunidad de Madrid continúa entre las regiones con mayor número de desahucios del Estado, mientras las medidas de protección impulsadas a nivel estatal siguen mostrando una eficacia limitada. El resultado es conocido: familias expulsadas de sus hogares, redes comunitarias quebradas y una vulnerabilidad habitacional que se cronifica y amplía la brecha social.
