La exministra abrió su intervención tratando de desactivar la confrontación política directa y defendiendo su trayectoria: «no he sido nunca una fundamentalista antitrasvasista» y «en absoluto tuve intención de cerrar el trasvase Tajo-Segura».
El mensaje buscó transmitir moderación institucional y responsabilidad técnica, pero también dejó ver el marco que el socialismo mantiene en la política del agua: adaptación sin transformación estructural.
Narbona insistió en que durante su etapa ministerial «no hubo ninguna reducción del caudal respecto a las reglas existentes» y defendió que la derogación del trasvase del Ebro respondió a la falta de financiación europea y a su elevado impacto ambiental. Sin embargo, evitó profundizar en el debate sobre el crecimiento de la demanda en la cuenca receptora y el peso del modelo agroindustrial en esa presión hídrica.
Sí introdujo elementos científicamente incontestables: la reducción de precipitaciones, el aumento de demandas y la necesidad de caudales ecológicos. «Es incorrecto afirmar que el agua se tira al mar», señaló, defendiendo que los ríos necesitan mantener funciones ecológicas y calidad ambiental.
La exministra también subrayó el impacto del cambio climático, con previsiones de reducción de precipitaciones y aumento de eventos extremos, y planteó que el futuro pasa por «gestionar el trasvase con prudencia» y consolidar un mix hídrico basado en desalación, reutilización y eficiencia.
Sin embargo, ese enfoque fue presentado sin abordar el principal interrogante material: qué modelo productivo se pretende sostener con ese mix y quién asume los costes ambientales y económicos de su mantenimiento.
El PSOE reivindica la desalación mientras evita el conflicto de modelo
El portavoz socialista defendió el papel de la desalación como garantía frente a la sequía y llegó a agradecer a Narbona haber contribuido a «salvar miles de hectáreas y puestos de trabajo», señalando que la desalación permitió recuperar actividad económica en zonas agrícolas.
El discurso socialista se articuló en torno a la idea de equilibrio, «sí al trasvase dentro de la ley, sí a la seguridad hídrica y sí a la protección de los ecosistemas».
Sin embargo, esa posición vuelve a situar la respuesta en la gestión técnica del recurso sin cuestionar la expansión del regadío intensivo ni el papel del mercado agroexportador en el aumento estructural de la demanda.
La ultraderecha insiste en el agravio territorial y evita los límites ecológicos
El expresidente regional Alberto Garre centró su intervención en la confrontación política histórica, atribuyendo la derogación del trasvase del Ebro a pactos parlamentarios y defendiendo la idea de que «toda el agua de los ríos es propiedad de todos los españoles» y que lo normal es trasladarla «desde donde sobra a donde hace falta».
Su discurso insistió en el marco victimista y en la defensa del crecimiento agrícola como necesidad incuestionable, evitando abordar el descenso de recursos disponibles o la sobreexpansión del regadío.
La crítica al modelo emerge desde IU: regadío, grandes empresas y límites físicos
La intervención de Jose Luis Alvarez-Castellanos introdujo el elemento ausente en la mayor parte del debate: el conflicto entre disponibilidad real del recurso y expansión del negocio agrícola.
Álvarez-Castellanos desmontó el discurso del cierre del trasvase señalando que «solo por el abastecimiento no puede cerrarse», pero advirtió de que «el debate real es el regadío».
Recordó la reducción de precipitaciones en la cabecera del Tajo y planteó que «si hay la mitad de agua, no podemos hablar del futuro como si hubiera toda el agua del mundo».
También introdujo la dimensión de clase del conflicto hídrico al señalar que parte del regadío está en manos de grandes empresas y fondos de inversión y que existe «una presión permanente para ampliar negocio a costa de un recurso público».
La advertencia conectó directamente con los impactos ya visibles en el Mar Menor y los acuíferos del sureste, evidenciando la relación entre expansión productiva y degradación ambiental.
Consenso institucional y ausencia de debate estructural
La comparecencia dejó un consenso implícito entre PSOE y PP: la defensa del trasvase y la búsqueda de soluciones tecnológicas para sostener el modelo productivo actual, ya sea mediante transferencias, desalación o eficiencia.
La diferencia radica en el relato político, no en el cuestionamiento del crecimiento de la demanda.
El enfoque de Narbona, centrado en la prudencia climática y el mix hídrico, introduce límites ecológicos necesarios, pero mantiene intacta la estructura económica que genera la escasez. La posición socialista, por su parte, apuesta por la adaptación tecnológica sin abordar la redistribución del recurso ni el tamaño del modelo agroindustrial.
Mientras tanto, el discurso de la derecha continúa negando los límites físicos del sistema y trasladando el conflicto al terreno territorial.
La consecuencia es un debate que gira en torno a cómo garantizar agua para el modelo existente, pero evita la pregunta fundamental: si ese modelo es compatible con la disponibilidad futura del recurso y con el derecho colectivo al agua.
La comparecencia dejó así una paradoja evidente: se reconoce la emergencia climática, se asumen los límites ecológicos y se apuesta por nuevas fuentes de suministro, pero apenas se discute quién decide el uso del agua y para qué proyecto económico.
En ese vacío político se sitúa el verdadero conflicto del sureste: no la existencia del trasvase, sino la subordinación del agua a la lógica de acumulación y exportación en un territorio climáticamente vulnerable.
