Durante la comparecencia esta mañana en la Asamblea Regional del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, para informar sobre la situación de la red eléctrica de la Región de Murcia, el diputado de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, denunció con claridad la improvisación del Gobierno regional liderado por López Miras y la ausencia de planificación estratégica que sigue afectando al territorio y a la ciudadanía.
“Estamos ante un debate crucial, no solo sobre energía, sino sobre cómo se organiza el futuro de nuestra región. Y lo que vemos es improvisación, intereses de las grandes compañías y un Gobierno regional incapaz de cumplir la Ley 10/2006 de planificación de energías renovables”, afirmó Álvarez-Castellanos.
El diputado criticó que, pese a la saturación de la red eléctrica en Murcia, que alcanza el 82,4%, el Ejecutivo regional sigue llegando tarde a la planificación, mientras que otras comunidades como Cantabria (100%), País Vasco y La Rioja (99%), Aragón (97%) o Andalucía (92%) han sufrido presiones similares. “No se trata de un maltrato a Murcia, sino de décadas de abandono y decisiones desordenadas”, subrayó.
Álvarez-Castellanos recordó que el Estado moviliza más de 20.000 millones de euros entre las Estrategias Eléctricas 2021–2026 y 2025–2030, una inversión histórica sin precedentes. Sin embargo, la región carece de un plan propio desde 2020, lo que deja que los grandes proyectos de energías renovables —fotovoltaica y biogás— queden condicionados por los intereses de las empresas privadas, creando lo que el diputado denominó una “burbuja energética”.
Entre los proyectos destacados, el parlamentario criticó el despliegue de 444 km de nuevas líneas de alta tensión, muchas atravesando espacios protegidos y zonas habitadas, generando riesgos para la salud y el medio ambiente, y un conflicto social que recuerda a episodios recientes en Totana y otros municipios. “No podemos permitir que el territorio pague el precio del negocio de unos pocos”, señaló.
El diputado también exigió al consejero Vázquez transparencia sobre los proyectos pendientes, incluyendo el número exacto de plantas fotovoltaicas y biogás proyectadas y sus ubicaciones, y recordó que la Ley 10/2006 obliga a que la planificación regional sea debatida en la Asamblea, con participación ciudadana. “La energía no puede ser un negocio: debe servir a la gente, al desarrollo industrial local y a una transición justa que proteja nuestro territorio y nuestra sociedad”, afirmó.
En sus redes sociales, Álvarez-Castellanos recordó que, aunque el Gobierno regional intentó minimizar la situación, la reunión con el Secretario de Estado de Energía fue positiva y el 75% de las propuestas murcianas han sido incluidas en la Planificación Eléctrica Nacional 2025–2030, con posibilidad de incorporar más proyectos durante el periodo de alegaciones que concluye el 16 de diciembre.
“Esto demuestra que la presión y la exigencia de transparencia funcionan. Pero no basta con participar; necesitamos planificación, control social y una política energética que priorice a la ciudadanía frente a los intereses de las grandes compañías eléctricas, no improvisación ni negocio para unos pocos.”, concluyó.
